Gobierno y autónomos desatascan la negociación sobre las cuotas pero ATA fija postura inamovible

El Ministerio de Seguridad Social y las principales organizaciones de autónomos han logrado desatascar la negociación para el futuro sistema de cotización de autónomos por ingresos reales que en principio operará desde 2023, tras el rechazo unánime a la última propuesta del Gobierno que planteaba cuotas de entre 214 y 991 euros en 2031, si bien ATA ha fijado finalmente su postura, que pasa por fijar una transición de cinco años por fases hasta disponer de datos de ingresos reales y advierte de que será «inamovible».

Este es el nuevo punto en el que se encuentra la negociación tras la reunión de la mesa de diálogo social sobre pensiones centrada de nuevo en el futuro sistema de cuotas por ingresos reales, que fuentes del Ministerio de la Seguridad Social subrayan que fue «muy productiva», ya que las asociaciones realizaron sus aportaciones sobre la propuesta que presentó el departamento de José Luis Escrivá la semana pasada, rechazada en bloque que se estudiarán por parte del Ministerio.

En la reunión el Ministerio de Seguridad Social presentó datos pormenorizados recabados con la Agencia Tributaria sobre el colectivo de autónomos con rendimientos por debajo de los 700 euros y por debajo del SMI, si bien se ha comprometido a presentar en el nuevo encuentro del próximo lunes más documentación sobre los 1,4 millones de autónomos con esos bajos rendimientos para determinar una salida con el fin de empezar a poner en marcha los 2cimientos» del nuevo sistema de cotización.

Así lo señala el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, quien destaca a Economía Digital que se han dado «buenos avances»en la negociación, tras el atasco que se venía produciendo en las últimas semanas con motivo de los planteamientos realizados por el Ministerio y rechazo frontal de parte de la mesa, sobre todo de ATA.

ATA fija posición inamovible: fases e igualar base mínima al SMI

Así las cosas, las partes han logrado desatascar la negociación por la vía del cruce de datos y de propuestas al último planteamiento del Gobierno, y es que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), una de las más beligerantes hasta la fecha con los planteamientos del departamento de José Luis Escrivá, ha desvelado finalmente su propuesta para el nuevo sistema.

La vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, solicitó algunas especificaciones y cruces para la próxima reunión tras la mayor concreción respecto a los autónomos con ingresos por debajo de 700 euros por rendimientos negativos, cero o positivos, y demandó la diversificación de género de estos datos al poder haber muchas mujeres trabajadoras por cuenta propia en esas franjas de ingresos.

Pero lo relevante es que ATA ha fijado finalmente su posición que pasa por cumplir el acuerdo de julio con un planteamiento de «fasear» el avance hacia el nuevo sistema con gradualidad de la reforma hasta disponer de datos definitivos y «ciertos» mediante las obligaciones formales que se van a adquirir de aquí a cinco años por parte de la Agencia Tributaria. «Se conocerá mejor los autónomos con ingresos bajos y se podrá hacer una radiografía más fiel, sino, nos vamos a equivocar», avisa Ferrero.

«Con los datos actuales es imposible determinar la capacidad económica real y entendemos que la protección no puede venir determinada por la capacidad de deducibilidad del gasto de los autónomos», avisa ATA, quien subraya que «cualquier sistema que se implante ahora sin un reordenamiento del RETA y con información más fiable de la AEAT (módulos, societarios, familiares colaboradores, autónomos en pérdidas) conllevará inequidad e injusticia en el sistema«.

En su lugar, defiende medidas «transitorias» para disponer de un plazo razonable para el reordenamiento del RETA y un mayor requerimiento de obligaciones formales, que pasan en primer lugar por recuperar el SMI como referencia de la base mínima de cotización en el RETA (para personas físicas) optando por un incremento anual de alrededor el 5% en los próximos 5 años.

También plantea establecer tres tramos por debajo del SMI y bonificando la cuota en proporción (75%, 50% y25%) los tramos bonificados deberán regularizar transcurrido el ejercicio fiscal su cotización. Para los casos de ingresos por encima del SMI: estaría la base mínima personas físicas (SMI) y para los societarios la base mínima actual incrementada en los % anteriormente expuestos para personas físicas. 

Igualmente, la organización presidida por Lorenzo Amor propone el destope de la base a los 47 años para que puedan cotizar más aquellos que puedan y quieran, y hacer, en el caso de los societarios, que las cuotas de autónomos sean deducibles en el impuesto de sociedades. 

La «heterogeneidad» de los datos de Seguridad Social y AEAT

La organización ATA reiteró que «no se moverá de esa postura» porque cualquier otro sistema de tramos actualmente puede traducirse en un sistema «menos justo y equitativo», e insiste en un planteamiento por fases. Según el documento de observaciones de ATA a la propuesta del Ministerio para el sistema de cotización en función de los ingresos reales de los autónomos, al que ha tenido acceso Economía Digital, algunos de los datos del Ministerio cruzados con la AEAT reflejan una elevada «heterogeneidad». El 63% de autónomos está por debajo del SMI, y de ellos el 46% por debajo de 600% euros, el 10,7% de 600 y el 7% de 900 euros al SMI.

Del 63%, el 52% está en base mínima y el 11% en bases superiores (se da la paradoja de la existencia de autónomos que dan pérdidas durante los cuatro ejercicios y cotizan por encima de los 2.000 euros. Además, Hay un 25% del colectivo con rendimientos negativos y cero, debido a las especificidades de los familiares colaboradores y de los autónomos societarios. 

ATA rechazó «de pleno» la nueva propuesta del Gobierno al considerar que «no hay progresividad en los tramos y se producen graves distorsiones y saltos» en cuanto al esfuerzo contributivo y la protección solicitada, y se opone a hablar de tramos y centrarse en ir a la base y fundamento del sistema: la determinación de los ingresos reales.

UPTA insiste en que paguen menos los que menos ingresan

De su lado, Abad (UPTA) cree que se podrán sentar los cimientos para el nuevo sistema de cotización, para el que ve imprescindible que baje el nivel de exigencia contributiva a los autónomos con menos rendimientos económicos anuales y repartir la carga que supongan los 1,4 millones de autónomos por debajo del SMI, de forma que los autónomos con mejores condiciones hagan un esfuerzo contributivo superior. Desde UGT se muestran críticos con la propuesta de ATA al señalar a Economía Digital que se trata de «una contrapropuesta que desdice todos los parámetros del acuerdo del 1 de julio para que los autónomos coticen por ingresos reales. Iría en contra de lo que firmaron», avisan.

Los últimos tramos propuestos por el Gobierno la semana pasada para el final del periodo 2031 fijaban una horquilla de cuotas de entre 214,2 euros y 991,44 euros, frente a la anterior de entre 183,6 y 1.266,66 euros, al elevarse en 30,6 euros para los que menos ganan, disminuir en los intermedios y reducirse en más de 275,2 euros para los que más ganan respecto al esquema anterior, según la nueva propuesta a la que ha tuvo acceso Economía Digital.

El Ministerio planteó un nuevo cálculo de los rendimientos netos para la determinación de los ingreso reales, de forma que no se incluirán ni las deducciones de amortizaciones ni de provisiones. El cálculo será por tanto el rendimiento neto más cuota a la Seguridad Social menos un 5%.

Por otra parte, el Gobierno ha decidido eliminar las ayudas a autónomos aprobadas durante la pandemia, al poner fin a la prestación extraordinaria y ordinaria por Covid, salvo la prestación por cierre administrativo que se mantendrá. Eso sí, ha fijado una transición gradual con descenso progresivo de las exoneraciones de cotizaciones para los 110.000 autónomos que siguen cobrando la prestación por cese, que va desde el 90% en marzo, al 75% en abril, el 50% en mayo y el 25% en junio. También se prorroga la prestación en La Palma hasta el 30 de junio.