El Gobierno asume una reforma incompleta del sistema de cuotas de autónomos

El plazo previsto para consensuar el grueso de la reforma para el nuevo sistema de cotización de los autónomos comprometido con Bruselas finaliza a finales de junio pero el encallamiento por las discrepancias en las negociaciones entre las distintas asociaciones han forzado al Gobierno a asumir que se logrará un acuerdo de mínimos inicialmente y la reforma completa se postergará más allá de lo previsto.

«Hay que tener aprobadas algunas coas antes de junio, no necesariamente que la reforma esté completamente desarrollada, eso no va a ser así, como no ha sido en pensiones», ha explicado el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación de abril, junto al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Arroyo ha negado que haya «presión» por parte de Bruselas para que se cierre la reforma en el primer semestre, ya que en el acuerdo alcanzado el pasado mes de junio en el marco de la primera parte de la reforma de pensiones se estableció un periodo máximo de 9 años para la implantación.

Por lo tanto, Arroyo ha precisado que la presión ha sido «autoimpuesta» al tratarse de una reforma «necesaria y urgente» que el Gobierno y los agentes sociales han decidido llevar a cabo desde hace años, de forma que ha descartado que se vaya a acometer por la vía del decreto y que se elabore una reforma «con prisas y equivocada».

Fuentes gubernamentales admiten a Economía Digital que aunque hay margen para poder aprobar y no supone «ningún tipo de incumplimiento» respecto a lo comprometido con Bruselas, se da por descartada la intención inicial del Gobierno de tenerla aprobada completamente antes del verano de 2022.

Lo que sí se mantiene es la previsión de que pueda entrar en vigor progresivamente desde el año 2023, con un periodo transitorio de nueve años hasta su pleno funcionamiento en el ejercicio 2031. La reforma será «ambiciosa y compleja» y los pasos que se den serán «suficientemente sólidos para que no pueda tener marcha atrás y en ningún caso pueda ser una reforma fallida», ha apostillado Arroyo, en aras de lograr el «máximo consenso».

Discrepancias en las negociaciones

Así las cosas, en este primer acuerdo de mínimos podría no recogerse la modificación de las cuotas para los autónomos, el ámbito de mayor polémica entre las asociaciones, por lo que podrían añadirse en los Presupuestos para 2023, y ahora centrarse en determinar los rendimientos netos de los autónomos.

En esta línea, el secretario de Estado de Seguridad Social ha afirmado que la reforma en sí «ha empezado», con muchos elementos menos visibles de carácter técnico, como la interconexión y la mejora de los procedimientos para que los autónomos puedan tener una transición fácil de los datos, un nuevo sistema de información para saber cuánto cotizar y cuál será la base de cotización, así como cruces de datos con la Agencia Tributaria y las haciendas forales.

Lo cierto es que las negociaciones han quedado paralizadas prácticamente desde el pasado 28 de febrero. CEOE, Cepyme y ATA se movilizaron el pasado 20 de abril al denunciar la exclusión por parte del Ministerio de la Seguridad Social dirigido por José Luis Escrivá en las negociaciones para el nuevo sistema de cuotas por ingresos reales para los autónomos y trasladaron al Gobierno una propuesta que contempla un alza progresiva de cuotas de autónomos hasta 2025, con una horquilla entonces de entre 205 y 400,4 euros.

La propuesta de las patronales y la organización de autónomos se produjo tras los últimos movimientos realizados entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones UPTA (ligada a UGT) y Uatae (vinculada a CCOO) de los que habrían sido excluidos, ya que CEOE, Cepyme y ATA aclaran que no han participado de los mismos y que la última propuesta a la que han tenido acceso y conocen fue la presentada en la última reunión del pasado día 28 de febrero.

El nuevo planteamiento de CEOE, Cepyme y ATA establece, para 12 tramos de ingresos, las bases de cotización mínimas y las cuotas a aplicar de forma progresiva en los próximos tres años, a partir de 2023 hasta 2025, año en el que se procederá a su revisión, con unas horquillas de cuotas que van desde un mínimo de 205 euros en los tres años hasta un máximo de 329,7 euros en 2023, los 365 euros en 2024 y los 400,4 euros en 2025.

Uno de los últimos planteamientos que habría realizado el Ministerio, no definitivo, recogería una horquilla de cuotas de 13 tramos de entre 238 y 600 euros, solo circunscrita al año 2023, lo que supone una notable subida sobre todo en los tramos altos, ya que la anterior horquilla era entre 281,52 euros y 351,90 euros.

Cómputo de pensiones, base máxima y pensiones mínimas

En lo referido a la segunda pata de la reforma de las pensiones, Arroyo ha confirmado que se incluirá la ampliación del cómputo para el cálculo de las pensiones y la adaptación de las bases máximas de cotización, tal y como se. recogió en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado viernes.

Eso sí, todavía no hay fecha concreta para empezar las negociaciones. Sobre el cálculo de las pensiones ha indicado que se trata de adaptar las cotizaciones a las nuevas carreras actuales con vidas laborales con interrupciones, para «no perjudicar a estos perfiles bastante numerosos». La adaptación e las bases máximas a las pensiones máximas se recoge en el Pacto de Toledo y cree que «a grandes rasgos la base para el acuerdo es amplia y existe».

Por otra parte, Arroyo también ha avanzado que el Gobierno quiere trabajar para establecer cuál es la fórmula de revalorización de las pensiones mínimas, después de que en los últimos años hayan subido más que las ordinarias (este año un 3% frente al 2,5% del resto).

«Queremos que esa mejora diferencial de las pensiones mínimas no sea algo meramente discrecional, sino que venga dada de una serie de indicadores, como pudiera ser una cesta de consumo diferencial u otra serie de elementos», ha explicado. Desde el Ministerio apuntan que la intención es «objetivar los criterios de la revalorización de las pensiones mínimas».

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones ha indicado que ya se ha hablado de la segunda fase de la reforma de pensiones en la mesa correspondiente, si bien «no está condicionada» y los flecos pendientes de cerrar se deben a la falta de tiempo material para convocar dicha mesa, ya que «por desgracia los interlocutores sociales son los mismos y es complicado cuadrar calendarios».