El Gobierno asume ya que la nueva financiación regional se aprobará la próxima legislatura

El Gobierno de Pedro Sánchez ya asume a nivel interno que no podrá lograr el consenso de las 15 comunidades autónomas del régimen común más Ceuta y Melilla para lograr aprobar en la presente legislatura la reforma del sistema de financiación autonómica, ante las discrepancias y diferencias profundas trasladadas por las CCAA a la primera propuesta del cálculo poblacional realizada por el Ministerio de Hacienda.  

Así lo confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales, que apuntan que aunque se hará todo lo posible para «avanzar lo máximo posible» e ir alcanzando puntos de consenso por bloques, se considera «prácticamente imposible» poder concitar unanimidad entre las CCAA y, a la postre, un criterio común al interior de los partidos y entre las distintas formaciones para aprobar la ley orgánica, que precisa de mayoría en el Congreso.  

Aunque este objetivo se antojaba complicado desde el principio, la demora en el inicio de los trabajos respecto a lo previsto en la legislatura, tras aplazarse hasta febrero de 2021 y finalmente hasta el pasado mes de diciembre, han ido reduciendo el margen temporal, si bien desde Moncloa dan casi por imposible poder atar la reforma en la presente legislatura ante la constatación de las «profundas discrepancias» reflejadas en las primeras reacciones de los líderes regionales en el arranque de la negociación.  

Ya el pasado mes de noviembre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, alejó las expectativas al limitarse a indicar que la reforma de financiación autonómica es uno de los asuntos pendientes en la agenda y que se abordaría “en el momento adecuado y de la forma adecuada”, con la esperanza de que se solucione “en los próximos años”, ya que ahora el Gobierno está “muy centrado” en impulsarla recuperación y en los Presupuestos de 2022. Esa previsión de que la reforma se demore a la próxima legislatura parece ahora confirmarse.  

El PSOE rechaza convocar el CPFF y la Conferencia de presidentes no tratará la reforma

Desde el Ministerio de Hacienda sin embargo mantienen que una vez recibidas todas las alegaciones de las CCAA a su propuesta de cálculo poblacional, ahora «toca analizar las aportaciones y luego se decidirá cómo responder a las mismas». Con todo, las mismas fuentes aseguran a Economía Digital que se mantiene la hoja de ruta y, por lo tanto, «la idea es avanzar todo lo que se pueda», aunque desde Moncloa ya se resignan a poder sacar adelante la reforma completa en la presente legislatura, es decir, entre este año y 2023.

Lo cierto es que el rechazo unánime a la primera propuesta da argumentos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para dilatar la reforma. De hecho, varios líderes regionales, incluidos barones del PSOE, ya han dicho que no creen que la reforma se pueda acometer en esta legislatura por falta de acuerdos.

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, y el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que comparten postura común de que el sistema de financiación autonómica valore el coste real de los servicios, no ven posibilidades de alcanzar acuerdo en dos años ante la dispersión de grupos y opiniones en el primer intento. El presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, también se ha mostrado «seguro» al descartar que la nueva financiación salga adelante en la actual legislatura.

Otro de los visos de la demora de la reforma es que el pasado miércoles el grupo socialista del Senado rechazó una moción del PP que solicitaba la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la reforma. Pero es que, además, en la Conferencia de Presidentes que se celebrará en La Palma el próximo viernes 25 no figura el asunto en el orden del día.

A ello se suma la demora en el inicio de los trabajos sobre la financiación de las corporaciones locales. Mientras, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha iniciado ya los trabajos y ha constituido un grupo de trabajo para dar inicio al diseño del nuevo modelo de cara a las negociaciones futuras con el Gobierno. El equipo técnico ha formulado sus primeras directrices, pero la FEMP confiaba en que una comisión política de la federación pueda trasladárselas al Ejecutivo a primeros de año, algo que parece ya que no se producirá.

Rechazo unánime de las CCAA a la propuesta de población ajustada 

En cualquier caso, el inicio de los trabajos y la negociación se ha logrado consenso, sí, pero de rechazo unánime a la propuesta inicial de población ajustada realizada por el Ministerio de Hacienda el pasado 3 de diciembre, por la que proponía aumentar el peso del gasto sanitario y educativo, así como de variables geográficas como la dispersión, la despoblación y la insularidad, y bajar la importancia de la población empadronada.  

La respuesta autonómica al “esqueleto” de Hacienda para la reforma ha confirmado las discrepancias que vienen constatándose desde hace años, incluso entre regiones gobernadas por el mismo partido, ante las múltiples alegaciones a la propuesta.  Como era previsible, una de las regiones más críticas ha sido la Comunidad de Madrid, que tilda de “parcial y arbitraria” la propuesta al no contemplar principios como el de la transparencia, ordinalidad o eficacia de los fondos, y propone abordar la eficacia de los fondos del sistema. Denuncia que es la región más castigada por el actual reparto de población ajustada, con una pérdida de más de 200.000 habitantes. 

Cataluña ha comunicado que aspira a la soberanía fiscal plena; la Comunidad Valenciana propone eliminar las variables correctoras de carácter geográfico y, junto a Andalucía y Murcia, demanda un fondo transitorio de nivelación que en Hacienda no se vislumbra por ahora. 

En el denominado bloque de la ‘España despoblada’, que se reunió el pasado mes de noviembre en Santiago de Compostela para consensuar una posición común, se encuentran Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura (la última en remitir sus alegaciones), Galicia y La Rioja. Así, han demandado un fondo adicional para compensar la despoblación y que se tenga en cuenta el territorio como elemento estructural para calcular el coste efectivo en la prestación de servicios y no solo como un mero un elemento corrector.  Baleares defiende tener en cuenta en el reparto las diferencias de precios entre regiones por el coste de los servicios públicos, entre otras numerosas alegaciones del conjunto de CCAA. 

En el otro bando parecen tener intereses comunes Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia, e incluso con bastantes matices la Comunidad de Madrid, buscan que prime el criterio poblacional, sin tener en cuenta condicionantes demográficos o geográficas de las diferentes comunidades autónomas, y que se garantice que quien más recauda sea también quien más recursos tiene 

Ligada a la reforma fiscal: armonización de impuestos 

Los principios de la reforma del modelo marcados por Hacienda, en los que coincide el PP en su práctica totalidad, pasan por la suficiencia financiera, el principio de equidad, la lealtad institucional, la autonomía financiera, la corresponsabilidad fiscal, la solidaridad, la estabilidad presupuestaria, la sostenibiliidad financiera, la transparencia y la multilateralidad.  

En Hacienda también explican que el asunto de la financiación autonómica irá “muy ligado” a la reforma fiscal (el comité de expertos designado para la misma presentará sus conclusiones a finales de este mes), ya que la financiación autonómica tendrá que ir ligada a mayores recursos para ser transferidos en forma de capacidad normativa o de entregas a cuenta a las CCAA. El comité de expertos se está centrando en la armonización de impuestos fiscales, algo que todas las regiones del PP rechazan de plano, especialmente la Comunidad de Madrid, que ha llegado a aprobar una ley de autonomía fiscal para «blindarse» de eventuales subidas de forma simbólica, ya que dicha armonización se haría por ley orgánica con mayoría del Congreso.

También se tratará a posteriori en las negociaciones para la reforma del modelo la reestructuración de la deuda que las comunidades autónomas mantienen con el Estado. De hecho, Montero ya ha abierto la puerta a la posibilidad de financiar el pasivos de las autonomías peor financiadas, como la Comunidad Valenciana, que lleva años reclamando la reforma al denunciar su infrafinanciación.   

Aunque se ha ido aplazando el modelo respecto a la fecha inicial prevista para el pasado mes de febrero, Montero ha tratado de calmar a los líderes autonómicos con este primer planteamiento a conocer en estos días y con los anuncios de entregas a cuentas récord del sistema ordinario del año pasado, de 105.589 millones y el récord de 112.213 millones en 2022, un 6% más. Las CCAA recibirán este año una transferencia adicional de unos 3.900 millones de euros para cubrir las liquidaciones negativas de 2020. Los Presupuestos incorporan también una partida de unos 3.100 millones de euros con los que el Estado compensará el perjuicio económico que supuso el cambio normativo en el IVA aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.