El Gobierno aprueba un ‘techo de gasto’ récord

El Consejo de Ministros aprueba este martes el nuevo límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, con un aumento que supondrá un nuevo récord en dicho límite, como antesala al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 en el que la ministra María Jesús Montero lleva unas semanas trabajando y que serán de corte «expansivos», al recoger nuevas partidas de los fondos europeos previstos para España por importe de 69.500 millones de euros hasta 2023.

El Ejecutivo dará luz verde a un nuevo aumento del ‘techo de gasto’ para incorporar nuevas partidas referidas a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, de forma que marcará un nuevo récord en este límite, aunque no será tal elevado como el del año pasado, según han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales.

El año pasado el conocido como ‘techo de gasto’ se incrementó en un 53,7%, hasta la cifra récord de 196.097 millones de euros, incluyendo 27.436 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia y el fondo ‘React Eu’, y las transferencias a la Seguridad Social (18.396 millones) y a las comunidades autónomas (13.486 millones).

El límite de gasto no financiero homogéneo y “comparable” con el anterior supuso un aumento del 7,2%, hasta los 136.779 millones, y este podría ser un nivel próximo al de la nueva subida prevista, según apuntan fuentes gubernamentales, aunque no se trabaja aún en el nivel exacto de la subida.

El comúnmente conocido como ‘techo de gasto’ es el límite máximo de gasto no financiero que puede asumir la Administración, según fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y al que quedan sujetos al mismo tanto el Estado como las comunidades autónomas y las corporaciones locales.

El Gobierno se libra de otra votación para suspender las reglas fiscales

De esta forma, el Gobierno daría luz verde al ‘techo de gasto’ este mes y aunque en un principio preveía llevarlo al Congreso también en julio, finalmente llegará en septiembre a la Cámara Baja para exponerlo al resto de partidos. En este caso Montero solo tendrá que informar sobre el límite de gato no financiero y en principio no tendrá que recabar apoyos para volver a suspender las reglas fiscales.

Y es que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el Ejecutivo tiene la obligación de informar al Congreso de la senda fiscal con los objetivos de déficit y deuda pública, si bien en septiembre del año pasado el Gobierno ya aprobó por mayoría absoluta en el Parlamento la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021, en línea con lo autorizado y recomendado por la Comisión Europea par acometer una política de estímulo con el fin de paliar los estragos de la crisis.

Aunque el Gobierno estudia si este paso (aprobar la suspensión de las reglas fiscales en el Congreso) es obligatorio, fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señalaron que a priori no sería necesario al haberse aprobado ya la excepcionalidad en la suspensión de las reglas en 2020 y 2021 y ello valdría para 2022.

Tasas de referencia

Lo que sí podría volver a hacer el Gobierno es actualizar o presentar unas nuevas tasas de referencia de déficit, como hizo el pasado mes de abril en el marco del Programa de Estabilidad, cuando elevó su previsión de déficit siete décimas, hasta el 8,4% del PIB este año, con la previsión de que caiga al 5,% del PIB en 2022, y se reduzca al 4% en 2023 y al 3,2% en 2024, por la mejora económica y de la recaudación prevista.

Conforme a esas previsiones, España podría situarse para entonces próxima a la salida del procedimiento de déficit excesivo que marca Bruselas para los Estados miembros que superen el 3% del PIB en su déficit.

En cuanto a la deuda pública, la previsión es que la ratio de deuda cierre este año en el 119,5% del PIB, apenas cinco décimas menos del nivel de 2020 que se elevó al 120% por la incorporación del impacto de la Sareb; para posteriormente descender al 115,1% en 2022, al 113,5% en 2023 y al 112,1% en 2024.

Presupuestos «en tiempo y forma» y expansivos

A partir de aquí, ya con unos primeros contactos en el verano pero sobre todo desde septiembre, el Ejecutivo pondrá en marcha las negociaciones para que las cuentas puedan aprobarse “en tiempo y forma” según el calendario ordinario, de forma que el Consejo de Ministros los pueda aprobar en torno a mediados de septiembre, para que dé tiempo a su tramitación parlamentaria y puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2022.

Los nuevos Presupuestos volverán a ser expansivos para incluir los fondos europeos que recibirá España, que será en 2022 una mayor cantidad de la prevista, con el fin de impulsar la recuperación y la reactivación de los distintos sectores, tras la batería de medidas aprobadas para proteger el tejido productivo y el empleo, que ha supuesto un endeudamiento de casi 150.000 millones entre 2020 y 2021.

Si se lograsen cumplir esos plazos sería la primera vez desde 2016 en la que los Presupuestos son aprobados en los tiempos establecidos por la Constitución (el artículo 134 establece que el proyecto de PGE debe presentarse al Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior), es decir, antes de que acabe septiembre.

Las anteriores cuentas públicas de 2017 y 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy se tramitaron con el ejercicio en curso y en 2019 y 2020 no se llegaron a aprobar nuevos presupuestos al rechazarse en el primer caso y ni siquiera presentarse en el segundo. Los actualmente en vigor, de 2021, s e aprobaron a finales de octubre, pero se acometió una tramitación exprés y finalmente entraron en vigor el 1 de enero.

PSOE y Unidas Podemos inician las negociaciones

Este mismo lunes la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien en la práctica ha asumido el principal protagonismo en Unidas Podemos tras la marcha del exvicepresidente del Ejecutivo y exsecretario general de la formación ‘morada’, Pablo iglesias, conformó que esta misma semana han arrancado las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para elaborar la propuesta presupuestaria para 2022. 

“Estos PGE tienen que resolver los problemas que tiene la mayoría social del país, las dificultades para pagar la factura de la luz, el alquiler de una vivienda o las dificultades para iniciar el curso escolar. Tienen que ser los PGE de la gran mayoría social”, apostilló Díaz. 

De hecho, Diaz aseguró que el ‘techo de gasto’ permitirá que España tenga los PGE “más expansivos” de la historia del país, de forma que seguirán la línea de las recomendaciones de política presupuestaria de la Comisión Europea de evitar una retirada prematura de los estímulos. 

Tal y como sucedió el año pasado, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, será el encargado de defender las peticiones de Unidas Podemos en las negociaciones sobre los Presupuestos con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, lo que allana algo el camino al haberse trabajado ya previamente en unas cuentas públicas. 

Las peticiones de Podemos: reforma fiscal, escudo social todo el año y alquileres

Las negociaciones no serán fáciles para el PSOE, ni siquiera con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, que reclama que se incluya ya la reforma fiscal en los Presupuestos de 2022, si bien el Ministerio de Hacienda lo descarta, aunque fuentes del departamento de María Jesús Montero confirman a Economía Digital que podrían incluirse “medidas puntuales”.

En Hacienda recuerdan que hay un comité de expertos creado desde el pasado mes de febrero y la intención de Hacienda es esperar a sus conclusiones para poder acometer a futuro una reforma tributaria de calado que podría responder en mayor medida a las peticiones de Unidas Podemos.Leer más: Hacienda descarta la reforma fiscal que pide Podemos en los Presupuestos de 2022

El Gobierno dio de plazo hasta el 28 de febrero de 2022 al Comité de 17 expertos configurado para la reforma fiscal para que presenten sus conclusiones con el fin de impulsar la reforma del modelo tributario español y del sistema de financiación económica.

Junto a la reforma fiscal, desde Unidas Podemos acuden a la negociación teniendo como ejes prioritarios el garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, aunque tras la remodelación del Gobierno las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda han quedado encalladas; así como la prolongación del conocido como ‘escudo social’ al menos hasta final de año, lo que supone prorrogar la prohibición de desahucios para familias vulnerables mientras no haya un alternativa habitacional, así como los contratos de alquiler y la prohibición de cortes de suministros.

De su lado, en el Gobierno ya cuentan con que los indultos abren un camino fácil para la aprobación de ERC a las cuentas, incluso tampoco descartan a Junts y menos al PDeCat. Los indultos facilitarán la reedición del apoyo republicano, esperan en Moncloa, mientras asumen el sí de EH Bildu, de Más País y del PNV, aunque asumen que tendrán que negociar la inclusión de algunas partidas como sucede habitualmente.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ya señaló que ya está trabajando con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y pidió ya apoyo para esas cuentas de 2022 a los grupos políticos “remando en la misma dirección”.