El Gobierno aprueba subir el SMI a 1.000 euros y el fondo público de pensiones pese al rechazo empresarial

El Gobierno continúa su hoja de ruta incluso sin el respaldo de los agentes sociales. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, sin el beneplácito de CEOE pero sí de los sindicatos, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales en 14 pagas para cerca de dos millones de trabajadores con efectos retroactivos desde el 1 de enero, lo que supone 35 euros más (+3,6%) que los 965 euros vigentes hasta ahora.

Además, también ha dado luz verde al fondo público de pensiones impulsado casi en solitario por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pese a las reticencias mostradas a los últimos borradores tanto por parte de empresarios como de sindicatos y el propio sector (gestoras y fondos de inversión) .

Ambas medidas son rechazadas de pleno por la patronal CEOE, en el primer caso por considerare que «no es el momento» de elevar aún más los costes de las empresas, ante la alta inflación, los precios energéticos, la crisis de suministro y el alza del 33% del SMI en los últimos tres años desde que gobierna Pedro Sánchez, al pasar de 735 euros a 1.000 euros, a lo que se suma la falta de recuperación de la facturación previa a la pandemia y la posible afectación de la medida al empleo de colectivos vulnerables (jóvenes y trabajadores poco cualificados y remunerados).

CEOE también rechaza el anteproyecto de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo mediante la creación del fondo público de pensiones ante las últimas propuestas de los últimos borradores, ya que aunque valoran la medida de fomentar la previsión complementaria mediante la negociación colectiva consideran que deberían añadirse incentivos fiscales.

Subida del SMI a 1.000 euros

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el «Gobierno de la igualdad» está centrado en «mejorar la vida de las personas de forma cotidiana» y lograr una reducción de la desigualdad, defendiendo una política de rentas «diferente» con un SMI que «empieza a ser ya digno y se asemeja a las medias europeas aunque queda mucha distancia por recorrer».

Frente al «griterío y discursos acientíficos de la tesis de que le SMI destruye empleo no hay ningún dato en nuestro país que advere con rigor esta realidad», ha enfatizado Díaz, negando el criterio «dogmático e ideológico» que apunta que vaya a afectar a autónomos (hay 105.000 más que antes de la crisis), el sector agrario (hay 58.000 trabajadores más) y empleadas del hogar (no presenta impactos negativos).

El nuevo incremento del SMI fue firmado el pa sado 9 de febrero de nuevo de forma bipartita entre el Gobierno y los sindicatos, tal y como sucedió con el alza aprobado en septiembre para el cuarto trimestre de 2021, de forma que, como entonces, no cuenta con el respaldo de los empresarios, ya que la Confederación Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la patronal de las pymes, Cepyme, que se volvieron a desmarcar tras rechazar sus máximos órganos la medida.

El acuerdo del Gobierno y los sindicatos recoge el aumento de 35 euros del SMI, pasando de 965 euros a 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone un mínimo de 14.000 euros brutos al año y 33,33 euros brutos al día, con carácter general; 47,36 euros por jornada lega en el caso de trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días y 7,82 euros brutos por hora efectivamente trabajada, en el caso de empleados del hogar.

Subida e igualdad salarial

Durante esta legislatura se ha subido el SMI en los años 2020, 2021 y, ahora 2022, para que alcance el 60% del salario medio antes de que finalice la legislatura, cumpliendo con lo establecido en la Carta Social Europea y en el acuerdo de Gobierno. Según Díaz, la subida del SMI ha contribuido a reducir la brecha salarial entre 2019 y 2020 en cerca de cinco puntos según los datos del decil de salarios del empleo principal que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE.

La vicepresidenta a pedido un «pacto de país» para defender la subida de los salarios. «Si mejora el SMI mejora la economía en su conjunto: marcha atrás a precariedad y bajos salarios», ha enfatizado en el Día de la Igualdad Salarial, sobre lo que ha apuntado que hay obligación de que empresas registren criterios metodológicos siguiendo instrucciones de la OIT para valorar adecuadamente el puesto de trabajo, el principal factor de la desigualdad por género.

Según ha detallado, los planes de igualdad deberán estar en vigor el8 de marzo para las empresas de más de 50 empleados y la Inspección de Trabajo ha realizado 2.138 actuaciones inspectoras a 163 empresas con 991 requerimientos para que motiven y justifiquen medidas en términos de igualdad. En lo referido a la desigualdad retributiva, se han implementado 1.100 actuaciones, se han sancionado a 14 empresas y se han efectuado 58 requerimientos.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la declaración institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial. Según Trabajo, desde 2018 se ha reducido la brecha salarial de género en casi 5 puntos hasta situarla en el 16,2%, según la estadística salarial de la Encuesta de Población Activa.

Planes colectivos de empleo: mejoras en incentivos a empresas como pedía CEOE

El ministro de Seguridad Social ha explicado que se ha aprobado el proyecto de ley en segunda lectura para entrar al Parlamento referido al los planes colectivos de empleo, en atención a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que busca aumentar la población que tiene posibilidades de acceder a planes de empleo al ser un instrumento de ahorro a largo plazo «mucho más favorable» que otras opciones en condiciones de «certidumbre y seguridad».

Se ofrecerán productos de «coste reducido desde el punto de vista de las comisiones y al mismo tiempo el beneficio fiscal (la renuncia a ingresos en el IRPF) se oriente y focalice en rentas medias y bajas, ha explicado Escrivá, quien ha asegurado que ha habido una interacción «muy intensa y fructífera» con agentes sociales y el sector que han permitido mejorar el proyecto de ley, sobre todo en materia de cogobernanza como le pedían los agentes sociales.

En lo referido a los incentivos al despliegue de estos planes se pudiesen intensificar, como pedían todos los implicados, se han hecho ajustes para que los autónomos puedan tener una deducción del IRPF de hasta los 5.750 euros anuales y en el caso de asalariados, todos pueden deducirse 1.500 euros de su plan individual o colectivo, tal y como se recoge en los Presupuestos.

El trabajador puede aportar voluntariamente por encima de lo que aporta la empresa y su aportación máxima se define por tramos. La mejora de los incentivos a los trabajadores reduce en su base imponible a tipo marginal del IRPF (un 30% para el trabajador medio).

Así, con una aportación de la empresa de 500 euros al año (42 al mes) , la aportación máxima del trabajador será de 1.250 euros, más los 1.500 de posible deducción arroja una posible deducción de 3.250 euros. En el caso de una aportación empresarial de 1.000 euros (83 a l mes), la del trabajador sería de 2.000 euros y la deducción posible de 4.500; y en el caso de una aportación de la empresa de 2.000 euros (166 al mes), la del trabajador sería 2.000 y la deducción máxima posible de 5.500 euros.

«En aportaciones medias y bajas va a poder hacer una aportación más que proporcional y beneficiarse de esa exoneración fiscal en el IRPF», ha detallado. En los Presupuestos Generales del Estado de 2022 ya se continúa con el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente.

Al margen de ello, el proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de
pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, tal y como existía hasta 2013, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador.