El Gobierno aprueba el martes la transición de un mes a los nuevos ERTE y el fondo público de pensiones

El Gobierno tiene la intención de aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros la transición de un mes para la adaptación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la pandemia al nuevo esquema de ERTE de la reforma laboral, con activación de los nuevos sectoriales para las agencias de viajes, así como el proyecto de ley para la creación del fondo público de pensiones, pese a algunas reticencias de los agentes sociales.

Así lo ha confirmado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la rueda de prensa los datos del avance quincenal de afiliación a la Seguridad Social, que apuntan a que este mes de febrero se crearán 50.000 puestos de trabajo, unos 21.000 en términos desestacionalizados.

En otro acto, de clausura del Consejo de Fomento de la Economía Social, constituido tras 10 años, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que se dará a las empresas un mes de plazo para transitar desde los ERTE Covid a los nuevos de la reforma laboral. De esta forma, las compañías tendrán un mes de transición para cambiar el modelo y aplicar directamente la reforma laboral.

La regulación en vigor de los ERTE-Covid concluye este próximo 28 de febrero y, tras reunirse este jueves Gobierno y agentes sociales, volverán a hacer lo propio el lunes con la intención de terminar de consensuar esa transición y aprobarlo en el Consejo de Ministros del martes, ha dicho Escrivá. Ayer propuso no prorrogar la regulación actual de los ERTE Covid y directamente aplicar los de la reforma laboral, algo que los sindicatos ven «precipitado» y creen que se precisa de una transición.

Transición de un mes a los nuevos ERTE y protección de autónomos

Con los últimos datos hasta el 17 de febrero, un total de 104.363 trabajadores permanecen en un ERTE, según ha detallado Escrivá, quien ha aclarado que los trabajadores en ERTE se acogen «perfectamente» al marco de la reforma laboral por fuerza mayor. Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este lunes y «el objetivo es llevarlo al Consejo de Ministros»del martes, ha apuntado.

En el real decreto ley se incluirán algunas medidas, pero está pendiente de aclarar del todo. Aun así, ha explicado que en el marco de la reforma laboral existe la posibilidad del ERTE por fuerza mayor, a evaluar por la autoridad laboral si hay restricciones, con exoneraciones altas queden llegar al 100%.

También los ERTE ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o producción), con un porcentaje de exención ligado a la formación y los ERTE sectoriales del Mecanismo Red, con exoneraciones del 40% para los trabajadores en formación pensados para transitar a otro sector que requiere recualificación del personal. En este caso, habría una exoneración de hasta el 50% durante seis meses para las empresas que acojan a trabajadores llegados de otro sector (empleo nuevo por lo tanto).

En cuanto a la prestación por cese de actividad de los autónomos, que también concluye el 28 de febrero, Escrivá ha avanzado que hay que prorrogar el mecanismo de protección de los autónomos, ya que «no tiene cobertura en la reforma laboral y va por otro lado». En febrero más de 108.000 trabajadores por cuenta propia recibirán este mes alguna de las prestaciones específicas para el colectivo puestas en marcha para paliar los efectos de la pandemia. En este sentido, ha indicado que se contempla una «transición suave» en las cotizaciones de los autónomos para converger a los niveles de cotización habituales.

Fondo público de pensiones

El ministro también ha confirmado que el proyecto para la creación del fondo público de pensiones irá el martes al Consejo de Ministros tras haberse recabado las aportaciones de agentes sociales y del sector. Pese a las reticencias mostradas por patronal y sindicatos, Escrivá ha dicho tener la sensación de que hay «bastante acuerdo».

«Es una norma positiva que genera fórmulas de ahorro a largo plazo mucho más atractivas para mucha más gente de lo que existía ahora», más allá de cuestiones concretas que algunas partes deseasen que se avanzase más, pero, ha dicho, hay que «buscar el equilibrio».

Lo cierto es que la propuesta no ha terminado de convencer a la banca y las gestoras de fondos presionan para conseguir más incentivos. El último borrador fija que una parte de las aportaciones de las empresa a los planes de pensiones del fondo público quede excluido de la base de cotización de los trabajadores, por lo que no encarecería la cuota, atendiendo así en parte una de las peticiones de los empresarios. En detalle, limita la exclusión de la base de cotización a unos 78 euros al mes y permite también que los trabajadores que ganen menos de 60.000 euros podrán superar la aportación del empresario.

La nueva normativa que verá la luz atiende también peticiones del sector de fondos y pensiones, al eliminar del texto el límite máximo que podrán tener las comisiones de gestión, que se barajó anteriormente en un 0,3%, y se elimina el requisito mínimo de patrimonio para que una entidad pueda optar a encargarse de administrar los montantes de los nuevos fondos de pensiones, frente a la propuesta inicial de que gestionasen al menos 1.000 millones en planes de pensiones o asegurados.

50.000 empleos en febrero: caen los contratos de 1 día por la reforma laboral

Escrivá ha avanzado una estimación de que el mes de febrero cierre por décimo mes consecutivo con creación de empleo, de unos 21.000 nuevos empleos en términos desestacionalizados, alrededor de 50.000 ocupados más en términos medios. «Se mantiene el dinamismo y el crecimiento del empleo fuerte», ha apuntado Escrivá, así como una mayor tendencia hacia el empleo indefinido y menor hacia el temporal, con una «notable» reducción de los contratos de muy corta duración, aumento del empleo en sectores ligados a innovación y ciencia y con máximos de aumento en cotizaciones sociales (+8%).

En detalle, se registran 160.000 afiliados indefinidos más que en años anteriores y 150.000 afiliados temporales menos, una tendencia que se ha ido agudizando desde la entrada en vigor de la reforma laboral este año, según Escrivá, quien ha destacado también que se refleja el aumento de los contratos fijos-discontinuos, con 20.000 afiliados más que años anteriores.

Así las cosas, la proporción de contratos de un solo día en el primer mes y medio del año se ha reducido 10 puntos, al pasar de una media del 39,4% entre los años 2017 a 2020, al 29,4% en enero. «Se está reduciendo la precariedad», defiende Escrivá, señalando que la duración media de los contratos firmados ya finalizados se ha incrementado en más de un día, hasta los 6,3, frente a la media de 5,2 entre 2017 y 2020. y se ha generalizado entre los sectores (hostelería sube a 3,9 frente a la media de 3,1 de años anteriores y en el resto a 6,7 frente a los 5,7 de antes).

La supervivencia de los contratos firmados en enero también ha aumentado cuatro puntos respecto a la media de los años previos a la pandemia, hasta el 39,5%, y todo ello ha contribuido a que la mayoría de sectores hayan superado los niveles de afiliación previos a la pandemia, sobre todo información y comunicaciones, sanidad, administración pública o educación, mientras que están por debajo aún industrias extractivas, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, otros servicios, actividades financieras y de seguros y, sobre todo, la hostelería.

Aun así, el ministro de la Seguridad Social también ha subrayado que el dinamismo del empleo está impulsando la recaudación por cotizaciones que alcanza nuevos máximos de crecimiento, con un alza del 8%. En cuanto a los ERTE-Covid, permanecen 104.363 trabajadores, el 0,66% de los afiliados, y de ellos casi la mitad trabajan a tiempo parcial (55.445).

Se concentra sobre todo en el sector de agencias de viaje, con un 28% de sus trabajadores protegidos por ERTE. También hay otros 13.644 trabajadores en ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas). Un total de 31.213 trabajadores en ERTE participarán en programas de formación, sobre todo del transporte aéreo (82%), alojamiento (52%), terrestre (43%) y agencias de viajes (39%) y comercio al por menor (38%).