El Gobierno aprueba descentralizar instituciones de Madrid: adjudicará nuevas sedes en menos de 6 meses

El Gobierno avanza en su plan para descentralizar instituciones del Estado y fijarlas en otros territorios distintos a Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley que contiene el procedimiento para la descentralización de los organismos públicos que establece el proceso para la adjudicación de nuevas instituciones del Estado y los tiempos, que no podrán superar los seis meses par la adjudicación de las nuevas sedes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha subrayado que se cumple el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desconcentrar la Administración General del Estado como un «instrumento de vertebración del territorio«, conforme a lo aprobado ya el pasado 1 de febrero.

Rodríguez ha explicado que el objetivo es «compartir el Estado y acercarlo a la ciudadanía se convierta en permanencia en el futuro con una concurrencia lo más objetiva posible» para los distintos territorios interesados en albergar nuevos entes públicos del Estado.

El real decreto aprobado deviene de la normativa de la Administración Pública de la ley 40/2015 donde se aproxima ya el concepto de desconcentración inspirado en la racionalización del gasto público y tiene cabida en el marco constitucional de la organización territorial.

Comisión consultiva: CCAA y ayuntamientos competirán para albergar sedes

En este sentido, ha enfatizado que los efectos positivos de albergar sedes públicas «pueden ser compartidos por el conjunto del Estado», ya que el papel de las instituciones públicas generan «beneficios» en los entornos donde se ubican al generar puestos de trabajo y servicios en la zona. El real decreto establece el procedimiento que determinará el término municipal en el que se ubicará la sede física de las nuevas entidades del sector público institucional estatal, así como los nuevos departamentos o subsedes dependientes de entidades ya existentes.

Para ello, en un plazo máximo de dos meses se va a crear una comisión consultiva interministerial, como órgano colegiado de la Administración General del Estado (AGE) de asistencia al Consejo de Ministros en este procedimiento, que determinará las sedes y su ubicación, de forma que se articula el procedimiento en el marco de la cogobernanza por el que se estipula que las comunidades autónomas y los ayuntamientos competirán entre sí para llevarse las instituciones de nuevas creación a sus territorios.

El procedimiento fomenta que las diferentes administraciones y asambleas territoriales puedan presentar distintas localidades para albergar las sedes de entidades públicas estatales. Además, se permite que dichas administraciones puedan comprometer cesiones de diferente naturaleza, de modo que la AGE no tenga que asumir íntegramente el coste de la instalación de una entidad.

Entre otras funciones, la nueva comisión elaborará un informe sobre los requisitos que serán tenidos en cuenta en la elección de la sede, realizará un dictamen que analizará las posibles sedes que pueden albergar la entidad afectada y elaborará un informe anual que elevará al Consejo de Ministros.

La comisión, presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y de la que será vicepresidente el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González. Vocales permanentes serán los titulares de la Secretaría General de Coordinación Territorial y un representante de cada uno de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Derechos Sociales y Agenda 2030; y dos representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Entre los vocales no permanentes figurarán representantes de los ministerios a los que se encuentren adscritas las entidades del sector público cuya sede física sea objeto de convocatoria. Ejercerá como secretario la persona titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local del Ministerio de Política Territorial.

Adjudicación de sedes en menos de seis meses

En cuanto a la determinación de la sede física de una entidad de nueva creación, la Comisión se reunirá al menos una vez al año y siempre que sea necesario determinar la sede física de las entidades públicas. Una vez creada una nueva entidad pública, el Consejo de Ministros acordará iniciar el procedimiento para la determinación de su sede física.

En el plazo de un mes, la Comisión consultiva elaborará un informe que se publicará en el BOE con los criterios a tener en cuenta para determinar la ubicación de su sede. En el plazo de un mes, desde la publicación del acuerdo de inicio del procedimiento, las comunidades autónomas y los órganos plenarios de las entidades locales podrán presentar por medios electrónicos la candidatura de uno o varios municipios para albergar la sede física de la entidad correspondiente.

Adicionalmente, las administraciones que presentan candidaturas pueden ofrecer todos o alguno de los siguientes compromisos: cesión de bienes inmuebles, asunción de costes financieros del traslado o creación de la sede y medidas de apoyo al personal trasladado.

El plazo máximo de adjudicación de las sedes de las nuevas instituciones será de seis meses

Entre los criterios que determinarán la adjudicación de una de las nuevas instituciones figuran criterios de cohesión social, territorial para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, la despoblación o el nivel de desempleo de la zona.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Comisión solicitará informe a la entidad afectada y elaborará un dictamen, que podrá incluir localidades no postuladas, analizando las posibles sedes y que remitirá al Consejo de Ministros, que adoptará el acuerdo, que se publicará en el BOE, en el plazo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento, aunque podrá haber una tramitación urgente que reduzca el plazo a los tres meses.

La comisión consultiva se constituirá en el plazo de dos meses y no incrementará el gasto público, porque trabajará con medios personales, técnicos y presupuestarios ya asignados a los departamentos que la integran.