El Gobierno retrasa la oferta de empleo público a julio

El Gobierno retasa para mediados del mes de julio la publicación de la oferta de empleo público (OPE) del año 2021 prevista inicialmente para el mes de junio, al no haberse iniciado aún oficialmente las negociaciones para configurar la cifra definitiva que constituirá la nueva convocatoria en función de la tasa de reposición recogida en los Presupuestos y el nuevo sistema que plantea el Ministerio de Función Pública.

Según ha podido confirmar Economía Digital, la oferta de empleo público de 2021 no verá la luz finalmente en el mes de junio, sino que los miles de opositores interesados en conocer el número de plazas vacantes y las convocatorias tendrán que esperar varias semanas para conocer la oferta definitiva. 

Fuentes conocedoras del proceso explican que la negociación se completará en los primeros días del mes de julio, por lo que previsiblemente la oferta de empleo público de 2021 no llegará al Consejo de Ministros y será publicitada hasta en torno al 20 de julio, al ser habitual que el proceso dure unas dos semanas, salvo excepciones o que se trate de acelerar. 

Previo al Consejo de Ministros, el acuerdo que se pueda alcanzar entre el Ministerio y los sindicatos del área pública debe ser rubricada en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (MGNAGE) y por la reunión de los secretarios y subsecretarios de Estado. 

El anuncio de Iceta y la oferta de 2020

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se estrenó el pasado 18 de marzo en la Comisión ministerial de sus competencias en el Congreso con el anuncio de una fecha muy esperada por cientos de miles de opositores de toda España. al avanzar que la oferta de empleo público (OEP) de este año se publicaría este mes de junio.

Según indicó entonces y en posteriores intervenciones los meses sucesivos, la oferta vería la luz en junio con el fin no debilitar los servicios públicos, por lo que alcanzará a “todas las administraciones”, aunque no de una forma igual. 

La última oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) fue aprobada el pasado mes de octubre, correspondiente al ejercicio 2020, con un total de 28.055 plazas, cifra inferior a la oferta de 33.000 plazas del año previo, que fue la mayor de los últimos diez años. 
 
Los Presupuestos de este año elevan por primera vez la tasa de reposición al 100%, y alcanza en algunos ámbitos incluso el 115%, como en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha recordado Iceta. 

Nuevo sistema: ofertas de reposición a tres años

El Ministerio de Función Pública tiene previsto abordar un nuevo sistema para la oferta de empleo público que pasaría por ofertas de reposición a tres años, de forma que se realice una previsión respecto a las necesidades de personal a tres años y, en base a esa necesidad, se lance una oferta considerable que cubra buena parte de las necesidades el primer año y se equilibre los dos siguientes ejercicios. 

A modo de ejemplo, si al año las necesidades por jubilación y otros motivos son de unas 6.000 u 8.000 personas, las necesidades para tres ejercicios sería de unas 24.000 personas en la AGE, de forma que el primer año se lanzaría una oferta de entorno a 20.000 personas, de los que unos 8.000 serían de la tasa de reposición de este año, otro tanto de la de 2022 y el resto de 2023. 

La idea es ir “gastando” la tasa de reposición del año siguiente, de forma que los decalajes que puedan irse produciendo se vayan corrigiendo con incrementos de la oferta los siguientes ejercicios. Así, si hay que aumentar la oferta por un mayor aumento de las jubilaciones de empleados públicos o porque la tasa de reposición de la Ley de Presupuestos del año de turno lo permite, se regularizarían las ofertas en función de las necesidades, según explican fuentes sindicales. 

Desde CCOO señalan que las tasas de reposición actualmente recogidas en la ley de Presupuestos de 2021 permite crear empleo, si bien es “teórico” dado el déficit acumulado y ante el hecho de que no se cubren todas las plazas que lanzan en las ofertas. 

En el caso de cuerpos auxiliares, administrativos y sus homólogos en tecnologías de la información y comunicación si se suele cubrir el 100%, pero no sucede lo mismo en los grupos A1 y A2 especializados en arquitectura, ingeniería o medicina, en los que lo habitual es que se queden desiertas las ofertas. 

A su juicio, el sistema que se plantea ahora puede ser una solución para incrementar el personal de forma rápida, pero se corre el riesgo de que un menor número de personas se prepare las oposiciones ante las menores ofertas los dos siguientes ejercicios. 

Nuevos procesos selectivos

Respecto a las modificaciones de los procesos selectivos, el Ministerio preveía iniciarlo desde septiembre, para lo que el grupo de expertos ha realizado sus primeras conclusiones y se trabaja en la participación del resto de ministerios y otras administraciones. 

El pasado 28 de mayo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de distintos procesos selectivos para la Administración General del Estado (AGE) para un total de 10.254 plazas de empleo público, cuyos exámenes comenzarán en el mes de noviembre.

Las convocatorias incluyen ya como novedad la agilización de los procesos selectivos al introducir ya una de las reformas anunciadas el pasado miércoles por el ministro de Política Territorial y. Función Pública, Miquel Iceta, como es la realización de dos pruebas, teórica y práctica, el mismo día. 

Ello permitirá acortar la duración del desarrollo de las pruebas y evitar desplazamientos a los opositores, que hasta ahora tenían que acudir v arios días para realizar las distintas etapas de los procesos selectivos, incluso teniendo que viajar a otras provincias. 

Tras meses de debate en el que han participado un centenar de expertos en materia de selección de personal, el Ejecutivo planea agilizar los procesos selectivos a través de una batería de medidas que se irán aplicando de forma gradual hasta su implantación total en la oferta de empleo público del año 2025. 

Actualmente algunos procesos pueden prolongarse hasta 772 días en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información y 761 días para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Con los cambios, los procesos se irán acortando de forma progresiva con reducción del número de ejercicios, unificación de pruebas compatibles o realización de más de un ejercicio en un mismo día aunque sean eliminatorios.  Además, no será obligatorio que una de las pruebas selectivas tenga lugar en Madrid, sino que habrá 19 puntos por toda España donde se realizarán esos procesos selectivos. 

Menos pruebas y menor exigencia memorística  

El nuevo modelo reducirá el número de ejercicios y abordará también gradualmente la transición desde el predominio en las oposiciones de las pruebas memorísticas a la realización de pruebas que valoren las competencias además de los conocimientos de las personas aspirantes. 

De hecho, siempre que no exista una razón debidamente justificada, se suprimirán las pruebas consistentes en la mera acreditación memorística de conocimientos mediante exámenes orales.  De esta forma, los procesos de evaluación varían y ya no pueden centrarse exclusivamente en la evaluación de conocimientos teóricos y de carácter memorístico, sino que es preciso optar, además, por otros instrumentos que evalúen competencias.  

Para ello, se utilizarán otras técnicas de evaluación como las actividades prácticas, participación en clase, los trabajos individuales o en grupo, la realización de memorias, exámenes cortos o el seguimiento por tutorías. 

Además, en los sistemas de acceso libre se orientarán los cursos hacia la formación en competencias y en valores públicos e institucionales y preparar a los empleados y empleadas públicas para el puesto que van a desempeñar. En la promoción interna, se reforzará el carácter selectivo de los cursos para evitar que plazas convocadas por este sistema queden desiertas o con baja cobertura. 

Por último, los miembros de los tribunales, es decir, de los órganos de selección, deberán acreditar el dominio de los conocimientos requeridos para ese puesto y también competencias en técnicas de selección y capacitación en igualdad de género.  

También deberán contar con formación específica en materia de discapacidad y los opositores podrán conocer el currículum vitae de sus examinadores de antemano.