El Gobierno aplaza a junio la negociación salarial de los funcionarios
El Ministerio de Hacienda baraja una subida salarial de en torno al 2% este año para los funcionarios y ligarla al IPC a partir de 2023
En la imagen, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, atiende a la prensa. EFE/Chema Moya
El fracaso por ahora del Pacto de rentas ha truncado la hoja de ruta del Gobierno para negociar la subida salarial de los funcionarios. El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar a junio la negociación con los sindicatos del área pública para el aumento retributivo de los tres millones de empleados públicos.
Función Pública está dando prioridad a la configuración de la oferta de empleo público récord que cerrará esta semana con los sindicatos para su lanzamiento a partir de junio, cuando se empezará a hablar de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, y ha optado por aplazar al menos a ese mes la negociación referida a los salarios, según confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales.
A pesar de la insistencia desde hace semanas de los sindicatos más representativos del área pública (CSIF, UGT y CCOO) de abrir la mesa de negociación para abordar la subida salarial ante la coyuntura de pérdida de poder adquisitivo por la alta inflación y crisis energética, la Administración ha trasladado en las reuniones que por ahora «no toca» este asunto.
Con todo, tal y como adelantó Economía Digital en abril y confirmó más tarde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Gobierno planea moderación salarial para los más de 2,7 millones de empleados públicos en 2022, con un alza previsto de en torno al 2% dado el contexto económico actual, mientras que a partir de 2023 los alzas se ligarían ya con el IPC, tal y como sucede con las pensiones.
Subida de entorno al 2%: pérdida de poder adquisitivo de hasta 1900 euros
Aunque en Moncloa no tienen ningún «mínimo ni tope establecido» por ahora al no haberse ni siquiera iniciado los contactos, sí admiten que en el momento actual de incertidumbre y alta inflación a priori se abogará por la «moderación salarial» para el sueldo de los empleados públicos, en línea con el pacto de rentas defendido para «repartir el coste del impacto de la guerra», tras años de pérdida de poder adquisitivo acumulada.
Fuentes gubernamentales confirman a Economía Digital que tras el incremento del sueldo de los funcionarios un 2% en 2020, la moderación al 0,9% en 2021, y el alza del 2% este año, este nivel de subida previsiblemente se mantendrá para el ejercicio 2023.
El Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% cuando preveía una inflación bastante inferior a la que finalmente se va a producir, que según sus estimaciones podría rondar el 6% y la de algunos organismos rondará entre el 7% (Funcas) y el 7,5% (Banco de España) de media.
Los empleados públicos sufrirán una pérdida por tanto de entre 4 y 5,5 puntos porcentuales de poder adquisitivo. Dado que el sueldo anual medio de los empleados en la Administración Pública, Defensa y Seguridad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de de 35.000 euros anuales en 14 pagas, la pérdida rondaría entre los 1.400 y los 1.925 euros.
Esto se sumará a la pérdida a cumulada los años anteriores. CSIF calcula que desde 2010 los empleados púbicos han sufrido una pérdida de poder adquisitivo media del 10%. CCOO y UGT estima que con las subidas de los últimos años la pérdida ronda el 8%.
Con todo, la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios acabaría este mismo año, ya que «a partir de 2023 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos, así como el de las pensiones en línea con la evolución de precios para todo el periodo contemplado«, según informó el Ejecutivo a Bruselas en el Programa de Estabilidad remitido a finales de abril.
El fracaso de la negociación salarial en convenios
Con todo, Hacienda trata de ganar tiempo ante la ruptura de las negociaciones para la subida salarial en los convenios en el sector privado por las discrepancias entre CEOE y sindicatos, que de alguna forma iba a servir como prólogo para encarar la negociación con los representantes sindicales de los funcionarios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC pero sacó a mediados de abril de esta ecuación al salario de los funcionarios al ligar la subida de sueldos de los empleados públicos al acuerdo salarial de patronal y sindicatos para el sector privado.
Sin embargo, la semana pasada CEOE y los sindicatos CCOO y UGT rompieron por ahora las negociaciones de subida salarial en los convenios en el marco del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) ante las desavenencias entre ambos. Con ello se imposibilita el Pacto de rentas reclamado por el Gobierno para contener salarios, dividendos y beneficios empresariales con el fin de evitar efectos de segunda ronda que caben en una espiral inflacionista.
Tras esa ruptura de negociación, CEOE ha marcado unas directrices para impulsar la moderación salarial recomendando desvincular las subidas del IPC y ligarlas en cambio a la productividad, el empleo o el PIB, con una parte variable y planes de pensiones, así como recordar la opción de los descuelgues.
De su lado, CCOO y UGT han acordado forzar en las 5.000 mesas de negociación de convenios un alza salarial del 3,5% este año, el 2,5% en 2023 y el 2% en 2024, junto a cláusulas de revisión anuales ligadas al IPC, precisamente el principal escollo que llevó a la ruptura de las negociaciones.
Los sindicatos presionan: CSIF convoca manifestación
Ante la escalada de los precios desde el pasado verano y ante la previsión de una mayor pérdida de poder adquisitivo, los principales sindicatos del área pública –CSIF, CCOO y UGT– llevan reclamando desde diciembre al Gobierno negociar un pacto de subida plurianual de salarios para los empleados públicos en aras de poder recuperar progresivamente el poder adquisitivo perdido.
CSIF reivindica un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario.
Ante la negativa a negociar el alza de salarios, este sindicado ha convocado una campaña de movilizaciones que iniciará el 25 de mayo, para exigir una subida que compense la pérdida de poder adquisitivo y para reclamar una oferta de empleo público mayor, ante la previsión de que en 10 años se jubile el 60% de la plantilla de la AGE.
Al mismo tiempo, UGT Servicios Públicos aboga también por un pacto a varios años que permita recuperar poder adquisitivo, con el fin de no estar sujetos a cambios de la economía más a corto plazo y teniendo en cuenta que antes de que se firmara el anterior acuerdo los empleados públicos habían perdido más de 13 puntos de poder de compra. CCOO coincide y pide un alza mínimo del 3%.
