El Gobierno fía toda su estrategia energética al tope del gas sin respuesta de Bruselas
Muchas empresas esperan medidas urgentes en materia energética, pero tendrán que seguir esperando la decisión de Bruselas
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. EFE/Chema Moya
La tempestad energética que se vivió en Europa tras la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso tuvo una gran intensidad durante varias semanas. En España, por ejemplo, eso se tradujo en unos precios mayoristas de la electricidad que coquetearon con los máximos históricos. Luego llegaron las medidas, aunque las principales -tras la Cumbre Europea de finales de marzo-, las tiene que aprobar Bruselas. Caso de la ‘excepción Ibérica’ con el gas. El problema es que el tiempo pasa, y las medidas no llegan. Y además no se desliza ninguna posible alternativa si todo falla.
En la comparecencia pública de la ministra para la Transición Energética tras Consejo de Ministros, el 29 de marzo, se dijo a la ciudadanía y las empresas que en tres o cuatros semanas se conocerían las deliberaciones de Bruselas sobre la intervención del gas. El tiempo pasa, y al margen de dardos envenenados a las grandes eléctricas por su posición ante esta estrategia del gas, poco se sabe de la situación. Aunque las últimas novedades el respecto son poco halagüeñas.
En concreto, a las puertas de Semana Santa, ha llegado desde Bruselas un jarro de agua fría bastante considerable y tajante: «No tenemos aún una respuesta y no estamos en disposición de dar la fecha en la que responderemos«, ha indicado la portavoz del Ejecutivo comunitario Dana Spinant, al ser preguntada sobre si Bruselas tiene ya una opinión de la iniciativa hispanolusa presentada hace dos semanas.
El Ejecutivo comunitario mantiene que trata este asunto con carácter de «urgencia», por lo que «todos los equipos trabajan en ello» y estudian lo detalles con el objetivo de «ofrecer una respuesta a los Gobiernos sobre el resultado», aunque «hoy por hoy no hay una fecha».
Cabe recordar que Madrid y Lisboa hicieron llegar hace dos semanas a Bruselas la idea de un mecanismo de ajuste con el que limitar el precio de referencia para el gas en 30 €/MWh, según anunció entonces la vicepresidenta, Teresa Ribera, quien consideró que el precio de la luz se podría contener «en tres o cuatro semanas».
Y mientras las empresas piden prisa
En este estado de espera, donde además el Gobierno no quiere pronunciarse sobre los tiempos, las empresas siguen sufriendo unos costes eléctricos que dañan sus márgenes de manera considerable. Así, los últimos en alzar la voz de nuevo han sido las compañías intensivas en uso de luz.
De esta forma, ACE (Asociación de Consumidores de Electricidad), AEGE (Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía) y GRANCEESS (Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica del Sector Servicios), que representan unas 20.000 empresas grandes, pequeñas y medianas y que abarcan el 25% del consumo eléctrico nacional, así como 660.000 empleos directos, piden al Gobierno la profundización y puesta en marcha a la mayor brevedad posible de las medidas aprobadas el pasado 29 de marzo.
En una situación de crisis energética sin precedentes, agravada por la invasión rusa de Ucrania, las empresas han confiado en que las medidas del RDL 6/2022 reduzcan los precios, ya que las grandes subidas del coste de la energía merman la capacidad de las empresas electrointensivas de seguir invirtiendo en descarbonización y eficiencia energética.
Es decir, las empresas asumen que lo que las intenciones son buenas, pero la velocidad deja mucho que desear. Es cierto que, en gran medida, la pelota está ahora en el tejado europeo. El problema es que tampoco se están viendo posibles escenarios alternativos al margen de cuál pueda ser la respuesta.
Portugal prepara medias
Mientras que se pronuncia Bruselas, el otro miembro de esa ‘excepción Ibérica’, Portugal, sí está planteando debates alternativos. Mientras que en España todo se ha centrado en los famosos ‘beneficios caídos del cielo’, cuyas dudas cada vez son mayores, en el país vecino directamente hablan de cuestiones impositivas. Algo que no gusta a las empresas, pero que ayuda a recaudar para aligerar el recibo.
En concreto, el nuevo Gobierno de Portugal estudia implantar un impuesto o tasa sobre las empresas energéticas que están registrando beneficios ‘aleatorios e inesperados’ con la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Ese impuesto se aplicaría de forma adicional al tope ibérico de 30 €/MWh para la generación de electricidad con gas que los gobiernos de Madrid y Lisboa negocian con la Comisión Europea.
La idea la lanzó en el Parlamento luso hace una semana el nuevo ministro de Economía y del Mar, António Costa Silva, tras ser preguntado por la diputada Mariana Mortágua, del Bloco de Esquerda, sobre los beneficios «excesivos» de determinadas grandes empresas. Mortágua citó a petroleras, eléctricas y a las empresas de distribución alimentaria, «que están aprovechando este momento para aumentar sus precios y sus márgenes», aseguraba.
Costa Silva indicó que el nuevo Gobierno «probablemente» va a considerar algún tipo de tasa contra los beneficios extra de algunas compañías, que no concretó, aunque en Portugal se da por hecho que afectará a las energéticas.
