Gobierno y agentes sociales prevén cerrar el lunes el acuerdo de pensiones

Gobierno, patronal y sindicatos esperan poder alcanzar el próximo lunes un acuerdo definitivo sobre el primer paquete de la esperada reforma de las pensiones, tras meses de negociaciones, y poder suscribirlo a lo largo de la semana con el propósito de poder llevarlo en breve al Consejo de Ministros para su aprobación.

El acuerdo de pensiones aún no está cerrado, si bien está programada para el próximo lunes una reunión entre el Gobierno y los agentes sociales en la que las partes confían que se puedan cerrar todas las cuestiones que quedan por determinar, según han indicado fuentes del diálogo social, de forma que se pueda facilitar ya el acuerdo para lo que será el primer paquete de la reforma de pensiones más importante de la última década.

Este primer paquete de medidas seguirá a grandes rasgos las recomendaciones “genéricas” de la Comisión del Pacto de Toledo, ligará la revalorización de las pensiones con el IPC y endurecerá la penalización a las prejubilaciones, mientras que incentivará en mayor medida el retraso en las jubilaciones.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan a Economía Digital que todavía «no está confirmado nada» y se siguen ultimando los últimos detalles y cerrando flecos pendientes, pero esperan que el acuerdo llegue «pronto , al tiempo que fuentes sindicales apuntan que si todo va bien se cerrará el acuerdo el mismo lunes, si bien el acto de firma se producirá otro día como en otras ocasiones con acuerdos del diálogo social.

Las partes se encuentran perfilando el detalle y la letra pequeña del texto legislativo que verá la luz para su despliegue en lo que resta de año, tras haber logrado alcanzar el consenso sobre todos los puntos del primer paquete de la reforma. Previsiblemente la rúbrica se sellará en un acto a lo largo de la próxima semana, señalan desde el diálogo social a este medio.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho esperar que se produzca la próxima semana y ha explicado que hace un mes se retiró el factor de sostenibilidad porque los sindicatos ya habían avisado de que «no había ninguna posibilidad de llegar a acuerdo si no se derogaba la reforma del PP».

Álvarez ha precisado que se restablecerá la revalorización automática de las pensiones y recogerá un acuerdo sobre las bajas por enfermedad para personas con mayor edad, el mantenimiento de la jubilación anticipada para menores de 65 años en desempleo, para los que no habrá penalización; al tiempo que se reducirán los coeficientes reductores de la jubilación anticipada de los trabajadores con carreras largas

Escrivá cede y derogará el factor de sostenibilidad este año

Fuentes conocedoras y partícipes del diálogo social explican a Economía Digital que el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha acabado cediendo en lo que hasta ahora ha sido el principal escollo de las negociaciones que ha ido retrasando el acuerdo varias semanas desde que anunció un acuerdo “inminente”: el factor de sostenibilidad.

Hasta ahora Escrivá había persisito en su idea de aplazar la derogación del factor de sostenibilidad al año que viene, condicionándolo al mecanismo de solidaridad intergeneracional contemplado para lo largo de 2022, si bien los sindicatos se han mostrado firmes en su rechazo a esa “triquiñuela” y habían exigido su derogación inmediata, en línea con lo comprometido. 

Así las cosas, el borrador del anteproyecto de la nueva ley de pensiones que prepara el Ejecutivo en consenso con los agentes sociales contempla finalmente la derogación en 2021 del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que conllevaba un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida.

Tras la eliminación del polémico factor, reclamado durante años por los sindicatos CCOO y UGT, se establecerá en el plazo de 12 meses y “previa negociación en el marco del diálogo social” un mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”, si bien, según el texto de la futura norma, el nuevo mecanismo “deberá estar definido en el momento de entrada en vigor de esta ley”.

El componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recoge que se aprobará antes de que acabe 2022 la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional en el acceso a las pensiones negociado con los interlocutores sociales y avalado por el Pacto de Toledo que, corrigiendo desequilibrios estructurales, “sin sobrecargar en las generaciones más jóvenes el ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de los baby-boomers, y con capacidad de operar en los parámetros del sistema en la esfera de ingresos y/o gastos”

Del lado empresarial, fuentes sindicales señalan que CEOE ha utilizado algunos puntos de la reforma de pensiones como medida de presión para lograr avanzar en sus intereses en otras materias, como cotizaciones o autónomos. 

Revalorización con IPC

Con la nueva reforma, se garantiza que las pensiones en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior.

Como regla adicional, con el objetivo reforzado de “preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y garantizar la suficiencia económica de los pensionistas”, el Gobierno y los interlocutores sociales realizarán, en el marco del diálogo social, una evaluación periódica, cada cinco años, de los efectos de la revalorización anual.

De dicha evaluación quinquenal se dará traslado al Pacto de Toledo, y contendrá una propuesta de actuación si fuese necesario corregir alguna desviación para preservar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

Penalización de entre el 2,81% y el 21% por cada mes que se adelante la jubilación

En cuanto a los coeficientes reductores por jubilación anticipada, señala que, como excepción, se aplicarán los coeficientes reductores correspondientes a la jubilación por causa no imputable al trabajador en aquellos supuestos en los que quien se jubila anticipadamente de forma voluntaria esté percibiendo el subsidio de desempleo desde hace, al menos, tres meses.

El texto apunta que con el fin de reforzar la equidad de esta modalidad de pensión, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión respetando la limitación máxima. Además, la eliminación de la regulación hasta ahora aplicable en los supuestos en los que la pensión teórica quedaba por encima de ese límite se hará de forma progresiva a lo largo de un periodo de doce años.

En detalle, para aquellos trabajadores que tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, el adelanto de su jubilación 24 meses supondrá una reducción de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).

El coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes, pero ésta irá modulándose según se acerque a su edad de acceso a la jubilación y se situará en el 2,81% un año antes.

No obstante, el Ministerio dará de margen hasta el 30 de septiembre para que empresas y trabajadores negocien y alcancen un acuerdo ajustes de plantilla que incluyan jubilaciones anticipadas previstas para más allá del 1 de enero de 2022 para evitar las nuevas penalizaciones. El Gobierno busca evitar que las penalizaciones perjudiquen a quienes contemplen ya su retiro, según indicaron a Economía Digital en fuentes del Ejecutivo.

Con todas estas medidas Escrivá trata de acercar la edad legal de jubilación (66 años en 2021) a la edad real que se sitúa en torno a los 64,5 años, así como reducir el número de jubilaciones anticipadas que alcanzó las 54.000 en el año 2020.

En lo referido a la jubilación anticipada involuntaria, se rebajan las penalizaciones al introducirse cuatro modificaciones: a las causas de extinción contractual que dan derecho al acceso a esta modalidad de jubilación, se añaden el resto de causas extintivas por razones objetivas y la resolución voluntaria por parte del trabajador.

Bonificación de hasta el 4% por atrasar la jubilación

El borrador también contempla sobre la jubilación demorada aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.

También se plantea mejorar los incentivos para la prolongación de la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación, mediante tres tipo de incentivos a elegir por el trabajador por cada año de demora.

En detalle, se contempla un porcentaje adicional del 4% (este porcentaje adicional se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión); una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas o una combinación de ambas. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros, conforme al último borrador.

Fin a la amortización de la jubilación forzosa

En lo referido a la jubilación forzosa, aquella que se recoge en los convenios colectivos y que obliga a los trabajadores a retirarse quieran o no, se acuerda la prohibición de las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. 

No obstante, para las cláusulas sobre jubilación forzosa que se hubieran incluido en los convenios colectivos al amparo de la legislación hasta ahora vigente podrán ser aplicadas mientras tales convenios mantengan su vigencia., se prevé un régimen transitorio conforme al cual solamente podrán tener eficacia hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.

Conforme al último borrador, sobre la jubilación forzosa se recoge que las empresas no podrán amortizar los puestos laborales de los trabajadores que se jubilen de forma forzosa y hayan superado los 68 años, ya que nuevas cláusulas obligarán a las compañías a contratar a un nuevo trabajador de forma indefinida y a tiempo completo por cada jubilado que abandone la empresa de manera obligatoria.