El Gobierno se aferra a sus previsiones económicas e ignora los cálculos de otras instituciones

El Gobierno está convencido de que las previsiones macroeconómicas sobre las que se sustentan los presupuestos generales del Estado son las correctas. Pese a que el crecimiento esperado para el producto interior bruto (PIB) en 2023 que estima Moncloa es el más optimista de entre las últimas previsiones, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cree que estas diferencias son «normales».

En el cuadro macro que elabora el Ejecutivo, se calcula que el PIB crecerá un 2,1% el próximo año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cree que lo hará un 1,5% y el Banco de España, lo sitúa en el 1,4%. Más pesimistas son los cálculos de BBVA Research y de Funcas, los primeros lo cifran en un 1% y los segundos, en un 0,7%.

Con todo, Calviño defiende que España será la economía desarrollada que crezca con más fuerza este año y el siguiente. Así lo creen también el resto de instituciones. Sin embargo, cabe recordar que España fue también la economía más perjudicada por la crisis del coronavirus y el PIB se llegó a hundir un 10,8% en 2020. Además, será la última de las grandes economías europeas en recuperar el nivel económico previo a la pandemia.

Pero la titular de Economía no es la única que defiende estos cálculos. De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, fue un paso más allá este miércoles y aseguró que la previsión sobre empleo e ingresos por cotizaciones de su departamento «tiene más calidad y es más precisa» que la de otras instituciones.

«No tienen instrumentos específicos y hay que esperar que sus proyecciones sean de menor calidad», ha subrayado Escrivá, en relación a las previsiones sobre el gasto en pensiones que han elaborado otros organismos, como Fedea.

Reforma de las pensiones

En la misma línea, Escrivá criticó las propuestas que han surgido en las últimas semanas para revalorizar las pensiones de una forma distinta a la que fue aprobada por ley y secundada por el Pacto de Toledo. El ministro recordó que «España tiene un método para canalizar las opiniones» sobre las pensiones, que es precisamente el Pacto de Toledo, y que «estuvo durante años recibiendo propuestas».

El titular de la Seguridad Social señaló que entonces se hubiera podido plantear una excepción a la subida de las prestaciones públicas, en la que en situaciones excepcionales no se subieran en función del índice de precios al consumo (IPC) pero no se hizo. «Ahí hubiera habido una discusión, pero ahora no es el momento, ahora ya no, hay una ley», insistió Escrivá.

Fedea propuso esta semana un esquema de revalorización de las pensiones para 2023 con una subida del 11% para las pensiones mínimas, las inferiores a 800 euros, y del 2,5% para las que superen los 1.400 euros, mientras que al resto se aplicaría un alza gradual en función de la cuantía. Así, se establecería una cláusula de escape que supondría un ahorro fiscal de 6.225 millones el próximo año.

En cuanto al gasto en pensiones y las formas en las que el Estado podría gastar menos si la subida de las pensiones se estructurase de otra forma, el ministro defendió que «la Seguridad Social está financiando (las pensiones) perfectamente con el incremento de los ingresos». Cabe recordar que la recaudación por cotizaciones sociales está en máximos históricos, debido al comportamiento del mercado laboral y suponen el 11% del PIB.

«La Seguridad Social está financiando (las pensiones) perfectamente con el incremento de los ingresos»

«En términos de equidad tampoco se sostiene», aseguró el ministro, que indicó que «solo un 7% de los pensionistas cobran la prestación máxima, de 39.000 euros». «No veo la necesidad de introducir cláusulas de escape», reiteró.

Críticas de la oposición y de la AIReF

Pese a esta defensa, la oposición ha criticado el desajuste entre los cálculos del Gobierno y los de otros organismos económicos. Este martes, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que «retire los presupuestos» porque «no son las cuentas de España, son las cuentas de su Gobierno».

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) criticó esta semana en el Congreso de los Diputados que los presupuestos «no aportan una visión integral de la actuación económica del Gobierno». La presidenta de la institución, Cristina Herrero, indicó que una de las principales «carencias» de los PGE es que parten de unas previsiones de cierre de ingresos de 2022 que «no son realistas». 

Ante estas críticas, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, respondió que prefería quedarse «con esa crítica», acerca de la «prudencia» en las cuentas públicas que con las «habituales», en relación a un exceso de optimismo por parte del Ejecutivo.