El Gobierno abre negociación ‘in extremis’ con el PP para pactar el plan anticrisis

Negociación ‘in extremis’. El Gobierno ha decidido finalmente abrir los contactos con el PP para negociar posibles medidas anticrisis con el fin de recabar los apoyos suficientes que permitan convalidar el real decreto ley del Plan de choque contra la guerra de Ucrania a un día de que se produzca la votación en el Congreso este jueves. Entre tanto, Moncloa trata de reconducir la situación ante las reticencias de sus socios parlamentarios, en especial ERC y Bildu, por el caso de espionaje ‘Pegasus’.

Así lo confirman a Economía Digital en fuentes gubernamentales y socialistas, que avanzan finalmente que el Gobierno y el Grupo Socialista en el Congreso mantendrán «contactos y diálogo» con el PP tras la exigencia del partido de Alberto Núñez Feijóo de que el Ejecutivo se sentase a negociar su plan económico antes del jueves, cuando se vota la convalidación del real decreto del plan contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania.

Estos contactos se producen mientras la estabilidad de la legislatura se tambalea de nuevo ante la crisis abierta entre el Gobierno y sus socios parlamentarios con motivo del caso ‘Pegasus’ referido al espionaje realizado desde el Ejecutivo a decenas de líderes independentistas, que ha abierto una escisión en el ala parlamentario que sustenta la mayoría en el Congreso, con amenazas de los partidos nacionalistas, sobre todo ERC y Bildu, de tumbar el decreto de este jueves.

Fuentes de Moncloa y de los partidos confirman a este medio que está previsto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, contacte o incluso se reúna con el nuevo vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, los interlocutores designados por Pedro Sánchez y Feijóo, respectivamente, para la negociación en materia económica entre el PP y el PSOE, y ambos con experiencia de negociación en el primer caso como exconsejera de Hacienda andaluza y sobradamente como titular de Hacienda en los últimos cuatro años, así como Bravo en los dos últimos años también como consejero de Hacienda andaluz en el gobierno de Juanma Moreno.

«Confiamos en sacar adelante los votos por una de las dos vías (ERC o abstención del PP) y vamos a mantener el diálogo hasta el último minuto», sostienen en Moncloa, que confían en poder convalidar su decreto «abierto» a eventuales cambios durante la tramitación, ya que en principio el Gobierno está abierto a que la norma pueda tramitarse como proyecto de ley, de forma que los grupos puedan introducir modificaciones al mismo vía enmiendas.

El plan de choque del Gobierno de 16.000 millones (6.000 millones en rebaja de impuestos y ayudas directas y 10.000 millones en avales del ICO) entró en vigor el pasado 30 de marzo e incluye una bonificación de 20 céntimos por litro al combustible a todos los usuarios, la limitación de un 2% en la revalorización de los alquileres desvinculándolo del IPC en el caso de grandes tenedores o ante la falta de acuerdo entre propietarios particulares e inquilinos. También un alza del 15% del Ingreso Mínimo Vital, el acuerdo de 1.000 millones de euros en ayudas al sector del transporte, ayudas para el sector de la agricultura, la ganadería, la pesca y la industria electrointensiva y las medidas de extensión de rebajas de impuestos para abaratar el precio de la luz.

Contactos entre PP y PSOE

Feijóo trasladó el lunes a Sánchez la «urgencia» de abordar la cuestión económica ante la premura de la convalidación del real decreto del plan contra la crisis, toda vez que el pasado viernes el PP remitió a Moncloa su plan económico con una batería de propuestas fiscales para devolver hasta 15.000 millones de euros a los españoles ante el impacto de la inflación entre rebaja de impuestos y deducciones a través de los fondos europeos.

Por su parte, el Gobierno ha insistido en las últimas horas, y así se lo trasladó al PP, que están pendientes de respuesta los 11 grandes pactos de Estado que Sánchez trasladó a Feijóo en la reunión entre ambos en Moncloa del pasado 7 de abril «con el objetivo de reconstruir los consensos básicos con el principal partido de la oposición», si bien ambas partes se han avenido a intentar al menos abordar el plan económico alternativo de Feijóo a un día de la votación del decreto del plan anticrisis del Gobierno.

Al margen de la negociación entre Montero (PSOE) y Bravo (PP), fuentes socialistas confirman a este medio que el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Goméz, ha continuado hablando tanto en la tarde del martes como a lo largo de este miércoles con todos los grupos parlamentarios», incluido el PP y los socios nacionalistas, en aras de acercar posturas y conseguir recabar los apoyos suficientes para la convalidación del jueves.

Con el respaldo de los republicanos en la cuerda floja y mientras el Gobierno trata de reconducir la situación con sus socios por el escándalo del espionaje, el PSOE mira hacia el PP. «El llamamiento (para aprobar el decreto) es a la totalidad. Los ciudadanos les votaron para hacerles la vida más fácil. No me imagino que puedan votar en contra de los intereses de los ciudadanos», señaló ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

No obstante, en Moncloa mantienen su negativa a la rebaja de impuestos que plantea el PP al ser «generalizada» y representar «recetas del pasado», bajo el argumento de que organismos como el FMI y la Comisión Europea apuntan a implementar ayudas directas focalizadas en sectores afectados, por lo que las opciones de posibles medidas de acuerdos girarían en torno a ayudas directas pero con casi «toda probabilidad» sería «prácticamente imposible» poder consensuar nuevas rebajas de impuestos, avanzan en Moncloa.

El PP baraja la abstención

En el PP, que hasta ahora ha condicionado su voto a que el Gobierno se abra a alguna de sus propuestas de su plan económico complementario, señalaban a última hora de este martes que continuaban a la espera de que Moncloa les respondiese a un documento «muy trabajado» del que por el momento «no han dicho nada más allá de insultos».

Y es que en Génova no ha sentado bien el caso omiso del Ejecutivo al plan alternativo de Feijóo elaborado junto a 25 exministros del PP, exaltos cargos del partido, dirigentes autonómicos y de otros partidos. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que ha encabezado los trabajos, calificó el lunes de «desprecio» la actitud del Gobierno al criticar el documento antes de recibirlo el pasado viernes y mantenerse en silencio estos días posteriores.

Con todo, fuentes ‘populares’ anticipan que el partido vería con buenos ojos que Moncloa se abriese a negociar el plan de Feijóo y acordase aceptar al menos «alguna medida», como podría ser destinar los remanentes el decreto de 7.000 millones de solvencia empresarial a nuevas ayudas directas, hipótesis bajo la cual el PP incluso votaría a favor del decreto, mientras se dirime por ahora más próximo a la abstención o el voto en contra en función de cómo transcurran las últimas horas y los contactos. Con todo, varios diputados y senadores muestran ya en el fuero interno ‘popular’ su apuesta por la abstención.

Los ‘populares’ proponen una bajada de impuestos de entre 7.500 y 10.000 millones de euros que se concreta en una disminución inmediata del IRPF con efectos retroactivos desde el 1 de enero dirigida a rentas medias y bajas con ingresos inferiores a 40.000 euros, así como ayudas de entre 200 y 300 euros a los perceptores de salarios de entre 14.000 y 17.000 euros.

El plan de Feijóo también recoge una rebaja de la tributación por módulos del régimen simplificado en el IVA y en el régimen especial de los sectores especialmente afectados por la inflación, como el transporte, la industria, la agricultura o la ganadería. En materia del Impuesto de Sociedades, el PP propone dar libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética, al tiempo que defienden una rebaja inmediata del IVA que grava la energía eléctrica y el gas al «4% o el 5%», tal y como adelantó Economía Digital, y destinar 4.900 millones de los fondos europeos a deducciones fiscales en eficiencia energética, entre otros.

El caso ‘Pegasus’ enturbia la mayoría: ERC fuerza dimisiones pero contempla la abstención

Entre medias de la negociación ‘in extremis’ con el PP, el Gobierno trata de reconducir la situacion con sus socios parlamentarios nacionalistas ante la ofensiva lanzada incluso por el socio de coalición, Unidas Podemos, junto a ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, BNG y Compromís tras el caso ‘Pegasus’, si bien ha garantizado «diálogo continuo» para recabar los apoyos ante un parlamento muy fraccionado.

Fuentes de ERC confirmaban a Economía Digital a última hora del martes que el àrtido aún no había decidido el sentido de su voto ya que «básicamente depende del PSOE» que «tiene que asumir responsabilidades y dar explicaciones». «Consideramos que es un tema muy grave como para que quieran pasar página sin aclarar nada», advertían, aunque sí barajan la abstención.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha propuesto una reforma del reglamento que permitiría acceder a la comisión parlamentaria de gastos reservados y secretos oficiales del Congreso a los grupos independentistas, si bien Feijóo se ha opuesto ya a ello.

Bolaños ha defendido los pasos dados por le Gobierno para esclarecer el caso ‘Pegasus’ al ver mejor una comisión para secretos oficiales, al poder manejarse en ella información clasificada y secreta a la que accederán todos los grupos, en vez de una comisión de investigación como plantean los grupos nacionalistas, ya que «no tiene ningún sentido» porque en los comparecientes no podrían aportar ninguna información amparándose en la Ley de secretos oficiales o en la propia ley del CNI.Leer más: El Govern prepara una ofensiva judicial contra el Gobierno por el caso Pegasus

Entre tanto, el Gobierno catalán prevé impulsar «las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar» este caso de espionaje tecnológico masivo», según ha explicado la portavoz de la Generalitat, Patricia Platja, tras su reunión ordinaria de este martes.