El Gobierno inyectó en la economía en 2021 menos de la mitad del dinero recibido en fondos europeos

Las advertencias sobre la lentitud de la ejecución y los datos de escasa ejecución de los fondo europeos en 2021 se confirman. El Gobierno lanzó casi 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos por un valor total de 9.300 millones de euros el año pasado, lo que supone menos de la mitad de los fondos recibidos por parte de la Comisión Europea.

En concreto, las casi 400 convocatorias de subvenciones y licitaciones de contratos públicos totalizaron un importe de 9.300 millones de euros, lo que supone un 48% de los fondos recibidos de 19.000 millones y apenas un 38% de los 24.198 millones de euros incluidos en los Presupuestos de 2021. Y eso que se trata de fondos recogidos en convocatorias, pero que aún no han sido desembolsados a las empresas y, por tanto, no han llegado de facto a la economía real.

Así se desprende del primer ‘informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España’ elaborado y publicado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que constata la «lentitud» en la ejecución e implementación de los fondos ante las trabajas existentes, sobre todo a pymes y autónomos, por los plazos reducidos, la falta de información o la escasa publicación de convocatorias por parte de las entidades locales.

Los principales organismos supervisores y fiscalizadores, como el Banco de España o la AIReF, así como entidades como Funcas, BBVA, Fedea o las organizaciones empresariales, de autónomos y pymes, como la propia CEOE, Cepyme, ATA o UPTA, han advertido en los últimos meses sobre la demora en la implementación de las inversiones del Plan de Recuperación.

Banco de España y AIReF han ido además reduciendo el impacto positivo de estos recursos europeos en la economía española a medida que fue avanzando el ejercicio 2021. El último pronóstico del organismo supervisor de diciembre limitó su impulso a apenas tres décimas en el PIB de 2021 y a 1,6 puntos en 2022, al estimar una absorción de fondos de 10.000 millones y 30.000 millones en cada ejercicio.

España recibió en verano los primeros 9.000 millones a modo de prefinanciación y, tras corroborar la Comisión el cumplimiento de 52 hitos y objetivos, transfirió el primer desembolso de 10.000 millones la última semana del año, siendo el primer país en recibirlo.

Casi 400 convocatorias y apenas un 14%lanzado por las CCAA

El informe de la CEOE, que aglutina toda la información disponible sobre la ejecución de los fondos europeos, revela que en total se publicaron alrededor de 120 convocatorias de subvenciones financiadas con cargo a Next Generation, por valor de 7.300 millones de euros; y en torno a 270 licitaciones de contratos públicos, con un peso protagonista de la Administación General del Estado, con cargo a los fondos Next Generation, por valor de 2.000 millones de euros.

En total, se lanzaron a la economía 9.300 millones de euros. CEOE subraya que llama especialmente la atención que del presupuesto total dedicado a convocatorias, apenas 1.000 millones de euros habrían sido lanzadas por las CCAA (en torno a un 14% del total). Estas cifran chocan con la tendencia vista hasta la fecha con el presupuesto ordinario repartido en el Estado, en el que normalmente en torno al 63% del presupuesto global se ejecuta por las autonomías y un 30% por la Administración General del Estado, dejando a las entidades locales el 7%.

Adicionalmente, el grueso de estas ayudas gestionadas por las CCAA se ha diseñado y aprobado desde el ámbito estatal, lo que según CEOE «reduce la capacidad de adaptar las convocatorias a la realidad de cada territorio».

Los 9.300 millones de pago realizado mediante las convocatorias y licitaciones es dinero que se habría reconocido y de alguna forma inyectado en buena medida a la economía a modo de expectativas, licitaciones y contratación personal o material público por dichas convocatorias, pero a la postre no es el dinero contante y sonante que habría llegado a las empresas y, por consiguiente, a la economía real, ya que las administraciones tienen que terminar de ejecutar finalmente el gasto.

El Gobierno oculta el dato de ejecución final

De hecho, el último dato oficial publicado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) el pasado mes de agosto, recoge que solo ha sido desembolsado a las empresas el 2% de lo comprometido, con apenas 104 millones de euros del total de casi 5.000 millones comprometidos a dicha fecha. 

Por ello, CEOE hace hincapié en la importancia de no confundir los conceptos “asignar” o “comprometer” con “ejecutar”, ya que solo el desembolso de fondos a empresas y entidades que no forman parte del sector público supone impacto real en la economía.

Con todo, España ha autorizado ya 19.013 millones de euros, el 78,6% de lo presupuestado, y el gasto comprometido alcanza los 17.228 millones de euros, el 71,2%, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Hacienda a finales de diciembre.

Las obligaciones comprometidas hasta entonces alcanzaban los 14.012 millones el 58% del total, y de estos importes un total de 11.247 millones de euros han sido ya asignados a las comunidades autónomas, encargadas en última instancia de terminar de ejecutar los recursos. Los ayuntamientos han recibido unos 3.000 millones a través de reales decretos y órdenes ministeriales de convocatorias de subvenciones. 

El ritmo de implementación se ha duplicado en el último tramo del año, pasando de un 48,4% de fonos autorizados en el tercer trimestre al 78,6% actual, sin embargo dado que no dará tiempo a ejecutar casi ni la mitad de los recursos consignados en las cuentas públicas, Moncloa puso la maquinaria a finales de año a pleno funcionamiento para acelerar la autorización de convocatorias de inversiones y subvenciones con el fin de autorizar el máximo número posible de fondos consignados este año, ya que una vez autorizado se asegura su futura ejecución, aunque sea ya en 2022.

Hay que tener también en cuenta que algunas de las administraciones, principalmente las CCAA, deciden a veces aplazar el uso de estos fondos pese a recibir las transferencias del Estado de estos recursos porque presentan un exceso de liquidez y no les interesa en un momento dado, por lo que lo mantienen en reserva. Ello explica en buena medida la diferencia abultada entre el gasto autorizado, el comprometido y el pago efectuado.

Principales trabas: CEOE advierte de posibles deslocalizaciones de inversiones

Entre las principales trabas que denuncia CEOE se encuentra el diseño de las propias convocatorias que está haciendo «difícil» el acceso a los fondos a las pymes y los autónomos, por la complicación de las bases reguladoras y canales de acceso.

La patronal incide sobre todo en el poco margen de los plazos para la presentación de proyectos a las convocatorias, que piden que sean «razonables y realistas», ya que en algunos casos, los plazos concedidos apenas llegan a los 10 días hábiles, lo que
supone una muy baja ejecución del presupuesto, tal y como denunció hace meses en declaraciones a Economía Digital, el jefe de la Oficina Técnica de Apoyo para Proyectos Europeos de la CEOE, Luis Socías.

Asimismo, CEOE apunta en su informe que el porcentaje medio de cofinanciación de las convocatorias de subvenciones es del 30%, pudiendo incrementarse sensiblemente en el caso de pymes y autónomos y en función de la naturaleza del
proyecto (I+D+I o medio ambiente).

Advierte de la misma forma de que en los territorios con un número reducido de empresas tractoras multinacionales, el retraso en la publicación de convocatorias supone un riesgo creciente de deslocalización de inversiones hacia otros países que son más rápidos en la ejecución.

Precisamente, a modo de comparativa internacional, CEOE destaca que en Portugal el importe de las convocatorias de ayudas asciende a 3.258 millones de euros, lo que supone un 25% del total de subvenciones asignado al país vecino, mientras que en España este porcentaje se sitúa en el 10%. En Francia se ha creado un comité de evaluación que emite un informe periódico de seguimiento y en Italia el Gobierno ha puesto en marcha un refuerzo coyuntural de las plantillas para agilizar la tramitación de los fondos, mientras que en España el refuerzo no es significativo.

Los empresarios piden fortalecer el equilibrio entre grandes proyectos tractores y convocatorias para pymes y autónomos; impulsar convocatorias menos atomizadas y con plazos más amplios, y desbloquear la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 36/2020 de reforma de la Administración, que acumula 30 retrasos en el trámite de enmiendas desde febrero de 2021.

Para agilizar y mejorar los procedimientos de ejecución existentes instan también a reforzar las estructuras de gestión para asegurar un análisis eficiente y adecuado de la viabilidad de los proyectos; e implicar al sector financiero para ganar agilidad y asegurar la capilaridad de las ayudas.

“Velocidad de crucero” en 2022: 26.900 presupuestados 

De cara a 2022, Calviño ha destacado que el despliegue de los fondos alcanzará “velocidad de crucero” y los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año prevén una dotación de 26.900 millones de euros con cargo a los fondos del Plan de Recuperación. Estas cuentas contemplan inversiones de impacto transversal que afectan a 26 de los 30 componentes del Plan. 

Entre las partidas más relevantes, que supondrán una inversión superior al 5% del total presupuestado para 2022, figuran: el Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos (1.124 millones de euros); el Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (1.389 millones de euros); movilidad sostenible, segura y conectada (1.635 millones). Leer más: Banco de España enmienda al Gobierno y reduce un 90% el impacto de los fondos de la UE en el PIB

También figuran la modernización de las administraciones públicas (1.795 millones); impulso a la pyme (2.140 millones de euros); Plan de modernización y competitividad del sector turístico (1.629 millones); conectividad digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G (1.550 millones) y reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (1.662 millones), entre otras. 

Bajo las hipótesis actuales, el Banco de España calcula que el programa Next Generation UE tendría un impacto de apenas tres décimas de PIB este año, y de 1,6  puntos porcentuales sobre la tasa de crecimiento estimada del PIB en 2022, por lo que, tal y como hizo en su informe de septiembre, vuelve a reducir a la mitad el impacto de los fondos europeos en la economía española en el plazo más próximo.

Adenda en 2022 para la segunda fase del Plan

El Gobierno tiene previsto presentar a lo largo del año que viene una adenda que detalle la segunda fase del Plan de Recuperación para el periodo 2023-2026 con la movilización de préstamos. Los Estados miembros disponen hasta el 31 de agosto de 2022 para poder solicitar los préstamos reembolsables, que en el caso de España alcanzan unos 70.000 millones, del total de 140.000 millones, ya que la otra mitad. 69.528 millones, son transferencias. 

El desembolso se hace por tramos y está ligado al cumplimiento de los hitos y objetivos comprometidos, y el Gobierno español trabaja ya en la identificación de potenciales proyectos e inversiones a financiar que estará condicionada por los porcentajes de inversión digital (20%) y verde (37%).

También ha comenzado a trabajar en el diseño de la estructura financiera óptima para canalizar los fondos de los préstamos de manera directa a través de inversiones o subvenciones de los distintos ministerios, o a través de intermediarios financieros. Y elabora ya también el calendario de las inversiones hasta 2026 para que se pueda realizar la planificación plurianual y contar con un “marco estable” de financiación de proyectos que pueda ser integrado en los sucesivos PGE. 

Calendario de los fondos

En cuanto a las transferencias, el acuerdo operacional también recoge el detalle de la distribución de la parte de subvenciones de los 69.528 millones de euros de fondos europeos que recibirá España hasta el año 2026, en un 75% de ello (51.722 millones) hasta finales de 2023. 

Ello supone que el Gobierno de Pedro Sánchez legislará durante un periodo suficiente como para recibir tres cuartas partes de los recursos europeos de reconstrucción, para lo que tendrá que cumplir los hitos y objetivos comprometidos, mientras que deja para el siguiente Ejecutivo la tarea de cumplir con las reformas e inversiones acordadas con Bruselas para recibir los restantes 17.787 millones de euros a modo de subvenciones de los fondos europeos. 

En detalle, se contempla el desembolso de 11.494 millones de euros para el primer pago de este último trimestre de 2021; un desembolso de 13.793 en la primera trimestre de 2022 y otro de 6.896 millones en el tercer trimestre del ejercicio, así como otros dos de 11.494 millones y algo más de 8.045 millones en el primer y tercer trimestre de 2023. Ya en 2024 se procedería a un único pago, de 9.195 millones en subvenciones en el primer trimestre, otro de 3.995 millones en el primer trimestre de 2025 y un último de 4.597 millones en el tercer trimestre de 2026. 

Aunque en el acuerdo operacional no figura nada relativo a la parte de 70.000 millones en préstamos que España también solicitará (en total recibirá 140.000 millones de recursos europeos de reconstrucción hasta 2026), el Gobierno indicó en los Presupuestos de este año que solicitará a Bruselas los primeros 1.270 millones de créditos de los fondos en 2022 para financiar el PERTE del vehículo eléctrico. 

España recibirá 18.000 millones de euros de fondos europeos de recuperación en 2022, aunque ha presupuestado 27.633 millones de euros. Para cubrir la diferencia entre los fondos europeos presupuestados y las menores transferencias de Bruselas, el Gobierno no descarta recurrir a la deuda pública.