La Generalitat solo da el 43% de las ayudas a pymes y autónomos y culpa al Gobierno
Cataluña lanza una segunda convocatoria para las ayudas directas a pymes y autónomos, tras haber otorgado hasta julio solo el 43,4% de los recursos asignados, en medio de críticas del Ministerio de Hacienda por la falta de ejecución
Pedro Sánchez y Pere Aragonès en una reunión en Moncloa. EFE
El Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo, tras meses de peticiones de pymes y autónomos, un paquete de 11.000 millones de ayuda a la solvencia empresarial, que incluía 7.000 millones para estos colectivos a gestionar por las comunidades autónomas.
El retraso en el reparto de las ayudas y los requisitos fijados en los reales decretos, con sucesivos cambios por parte del Gobierno ante las quejas de las CCAA, ha desencadenado un cruce de reproches entre el Estado y las CCAA, entre ellas Cataluña.
Con fecha 30 de julio de 2021 el Departamento d’Empresa i Treball había pagado 16.640 ayudas a empresas y autónomos por un valor de 431,5 millones sobre los 993 millones asignados a la región, lo que supone apenas un 43,4% del total, según los datos facilitados a Economía Digital por la Generalitat.
Las limitaciones del decreto
Fuentes del Govern culpan al Ejecutivo central de no haber podido ejecutar aún ni la mitad de las ayudas debido a las limitaciones del real decreto del Estado que «hicieron imposible agotar los recursos en una primera convocatoria», tanto en Cataluña como en el resto de CCAA.
Por este motivo, aseguran desde la Generalitat, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha visto forzado a realizar sucesivas modificaciones del real decreto y las regiones han tenido que lanzar ulteriores convocatorias para intentar destinar todos los recursos.
«La regulación del Gobierno del Estado sobre esta línea de ayudas a las empresas ha complicado la tramitación de dichas ayudas», sostienen desde la Generalitat, que denuncian que «la ha hecho muy poco facilitadora», como se desprende de las dos modificaciones realizadas.
Cataluña lanza una segunda convocatoria y no descarta una tercera
Con todo, la Generalitat defiende que este pago se hizo en un «tiempo récord«, ya que el actual Gobierno de Cataluña inició su legislatura a finales de mayo del 2021. En dos meses se publicó una orden de Inscripción previa, una orden de bases, una resolución de convocatoria y la revisión de más de 32.000 expedientes.
A pesar de la «rigidez» y los «criterios restrictivos» impuestos en el real decreto, desde el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat se publicó el viernes en el DOGC las bases de la segunda convocatoria con el fin de que «todos los recursos lleguen al máximo número de empresas y autónomos de Cataluña».
De hecho, fuentes del Govern confirman a Economía Digital que no se descarta publicar una tercera convocatoria si todavía quedan recursos. «Nuestro objetivo es hacer llegar todos los recursos a las empresas de nuestro país», afirman. «Desde el principio la idea era abrir tantas convocatorias como fuera necesario para agotar todos los recursos y que las ayudas llegaran al máximo de empresas y autónomos», apuntan.
El Departamento de Empresa i Treball, a través de diversos acuerdos con sindicatos y patronales, amplió además en dos fases el número de CNAES inicial propuesto por el real decreto del Gobierno, hasta llegar al 100% de los sectores económicos.
Montero acusó a la Generalitat de «incapacidad»
Esta misma semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al Govern de no ejecutar en plenitud el volumen de recursos transferidos a Cataluña para ayudas directas a pymes y autónomos.
“No es de buen gobernante echar balones fuera, no se puede responsabilizar al Gobierno de España de la incapacidad que está demostrando el gobierno catalán de dar las ayudas”, espetó Montero tras las críticas de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
La ministra acusó al Govern de no gestionar “correctamente” estas ayudas después de que Nogueras (Junts) hubiese criticado previamente las condiciones de las ayudas que hizo que “la mayoría de autónomos” no recibiesen las ayudas.
“Fueron incapaces de redactar correctamente las condiciones y el mayor beneficiario de las ayudas han sido las entidades bancarias”, ha aseverado Nogueras, quien ha realizado una dura crítica sobre las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez relativas a los autónomos.
El Gobierno modificó la norma ante el fracaso
Tras meses de críticas de comunidades autónomas y asociaciones de autónomos y pymes por las dificultades para poder ejecutar y obtener las ayudas directas, el Gobierno amplió a mediados de septiembre el plazo de cobertura de las ayudas directas a autónomos y empresas afectados por la Covid-19 hasta el 30 de septiembre, en lugar del hasta el pasado 31 de mayo como estaba fijado inicialmente.
Así, estas ayudas de carácter finalista podrán emplearse para el pago de deudas y costes fijos asumidos por las empresas desde marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.
Además, el real decreto-ley aclara que, dentro de las finalidades a las que se pueden destinar las ayudas, el concepto de costes fijos incurridos incluye las pérdidas contables generadas durante el período de cobertura. Así, los autónomos y empresas podrán destinar las ayudas a satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros.
También permitirá compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado en el plazo establecido y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
Presión de asociaciones y CCAA del PP
El anuncio se produce un día después de las 5 comunidades que gobierna el PP en España —Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León— exigiesen en un comunicado conjunto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique los requisitos que las empresas tienen que cumplir para poder acceder a las ayudas a la solvencia empresarial.
Las regiones ‘populares’ denuncian que los requisitos son “complejos y rígidos”, lo que dificulta que empresarios y autónomos puedan acogerse a este paraguas económico, y criticaron que el Gobierno lanzara las ayudas sin consultar a las CCAA pese a que son estas las encargadas del reparto.Leer más: Los autónomos denuncian el “fiasco” de las ayudas del Gobierno al concederse solo un 40%.
Las asociaciones y patronales de autónomos y pymes, como ATA, UPTA o Cepyme, llevan tiempo denunciando que los requisitos solicitados por el Gobierno dificultan en acceso a las ayudas para empresarios y autónomos y no están llegando como debería a estos colectivos, al concederse apenas la mitad, por cuestiones burocráticas como el escaso margen para la solicitud de las ayudas.
La vicepresidenta primera Nadia Calviño anunció en septiembre que el Ejecutivo había pedido a la Comisión Europea que se extienda el marco extraordinario de ayudas públicas más allá del 31 de diciembre para poder amplia el plazo de las ayudas directas y “llegar a un conjunto más amplio de empresas que también se han visto afectadas por la pandemia”.
El paquete de ayudas
El paquete de ayudas de 11.000 millones de euros aprobados por el Ejecutivo en marzo para la solvencia de las empresas contemplaba una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos destinadas al pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores. Este es el fondo que ha flexibilizado Hacienda para que las CCAA puedan incluir más sectores.
También se recogía una línea de 3.000 millones para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera, y un fondo de 1.000 millones para la recapitalización de las empresas afectadas.
