La falta de auditoría en los ayuntamientos españoles: un problema que afecta a la transparencia financiera

El 90% del gasto de los ayuntamientos no se audita, según el informe sobre la auditoría del sector público en España, publicado por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). El estudio hace un análisis de la situación en la que se encuentran las cuentas de las Administraciones Públicas en España.

En el ámbito local, el informe destaca que aproximadamente se audita solo el 9,4% del gasto liquidado del conjunto de los ayuntamientos españoles, y que el 90% del gasto de los ayuntamientos no se audita. Es importante señalar que este porcentaje de gasto auditado incluye al Ayuntamiento de Barcelona, que está obligado a realizar esa autoría al emitir deuda en los mercados financieros. Sin la inclusión de Barcelona, el porcentaje de gasto auditado bajaría al 6% del total del gasto de los ayuntamientos españoles.

Entre los ayuntamientos que aportan un mayor nivel de información se encuentran San Sebastián, Sagunto, Granollers, San Cugat del Vallés, Las Rozas, Terresa, Logroño, Valencia y Valladolid, así como Barcelona por el motivo expuesto anteriormente. Sin embargo, de entre las grandes ciudades, Madrid, Bilbao o Sevilla, se encuentran entre las que menos información estructurada hacen pública.

En el sector estatal, tanto la Cuenta General del Estado (CGE) que se presenta de manera consolidada, como el sector público empresarial y el sector público fundacional, están sometidos a fiscalización de sus cuentas en un porcentaje razonable (en términos del 91%, 90% u 88% respectivamente).

A pesar de que las cuentas estatales están relativamente controladas, el informe señala que precisan de mejoras en el control, ya que existe un 18% del total de entidades que no rinden cuentas o lo hacen fuera de plazo, o bien esas cuentas rendidas no se auditan, o presentan cuentas que los órganos fiscalizadores (Tribunal de Cuentas) o auditores públicos (Intervención General de la Administración del Estado) consideran que la información que contienen presenta salvedades (errores, insuficiencias, etc.).

La propia CGE y un 13% de entidades públicas empresariales del Estado auditadas por la IGAE presentan salvedades. Entre las entidades se incluyen ADIF, el CDTI o varias Administraciones Portuarias, como Málaga, Alicante, Las Palmas, Santander y Gijón, o de varias Zonas Francas como Vigo, Cádiz o Gran Canaria.

En el sector público autonómico, el informe destaca que Baleares, Navarra, la Comunidad Valencia, País Vasco, Cataluña, Aragón, Asturias y Galicia ocupan los lugares de cabeza, respectivamente, gracias a que aúnan una supervisión de la mayor parte de su gasto público con una planificación de auditorías más sólida. Por otro lado, Cantabria y Castilla-La Mancha auditan un escaso volumen de su gasto.