Garamendi convoca a los mandos de CEOE para fijar líneas rojas en la semana clave de la reforma laboral
Los empresarios no cederán en su rechazo frontal a la prevalencia del convenio sectorial sobre empresa en lo relativo a salarios y jornada y seguirán negociando pese a augurar un acuerdo de reforma laboral sin la patronal
Reunión de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). CEOE:
El diálogo social encara una semana decisiva para tratar de cerrar el acuerdo de la reforma laboral y aprobarla a finales de año, y ante las discrepancias aún notables sobre la misma entre los agentes sociales la CEOE ha convocado a su Junta Directiva y el Comité Directivo el miércoles.
La organización empresarial reunirá a los altos mandos de la patronal para escuchar en sendas reuniones las distintas posturas internas procedentes de todos los sectores y patronales que conforman la patronal para, a partir de ahí, valorar y tomar una postura clara y determinante.
Fuentes internas de la CEOE explican a Economía Digital que tras los avances de las últimas semanas, una vez que la organización presentó un documento con sus propuestas y el Gobierno ha relajado su postura en temas como el de la temporalidad, la idea es establecer unas líneas rojas definitivas y establecer una postura cuasi final de cara a la rúbrica o, como parece más probable hasta la fecha, rechazo del acuerdo.
Aunque se ha avanzado en algunos aspectos como la temporalidad o la modalidad de los fijos-discontinuos, todavía persisten escollos en materia de temporalidad, el mecanismo de flexibilidad interna de las empresas que sustituirá a los ERTE o aspectos sobre la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.
Así las cosas, junto a la nueva reunión del Comité Ejecutivo, el órgano colegiado de permanente actuación en el gobierno, gestión, administración y dirección de la Confederación, se ha convocado una cita de la Junta Directiva, compuesta por representantes de las organizaciones confederadas en la Asamblea General.
En la reunión del diálogo social de este lunes, la primera de las cinco previstas esta semana al haberse programado reuniones diarias, han continuado en la línea de trabajo del pasado viernes debatiendo, de nuevo, sobre contratación temporal, contratas y subcontratas y prioridad aplicativa del convenio del sector. «La reunión no ha dado para mucho», apuntan fuentes sindicales.
Escepticismo: ven más probable un acuerdo bipartito
La Junta Directiva está compuesta por la presidencia de Antonio Garamendi y las diez vicepresidencias, entre las que figuran la del presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; la presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos.
En estas reuniones definitivas también participarán la directora de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos, quien ha sido la encargada de dirigir las negociaciones de la reforma laboral de parte de la patronal, que arrancaron el pasado 17 de marzo y se han prolongado durante nueve meses con escasos avances hasta los últimos días.
Entre los empresarios hay escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo tripartito, es decir, entre Gobierno, sindicatos y la patronal. «Somos conscientes de que la van a aprobar (la reforma laboral) en el último Consejo de Ministros sin nosotros, pero nosotros siempre defendemos el espíritu del acuerdo«, admiten fuentes internas de CEOE.
El Gobierno insiste en cerrar la reforma este año: redactará el decreto desde el lunes
Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo insisten en mantener el plazo recogido en el Plan de Recuperación de aprobar la reforma laboral y que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el plazo estipulado y comprometido con Bruselas: antes del 31 de diciembre. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, también corroboró este lunes el objetivo gubernamental de tener adoptada la reforma antes de final de año, para lo que se acelera la reunión con dos reuniones diarias, haciendo «todo lo posible» para llegar a un acuerdo tripartito.
Desde el pasado 17 de marzo el Gobierno mantenía reuniones semanales con. los agentes sociales, pero ante la proximidad del plazo temporal fijado desde mediados de noviembre duplicó las reuniones (martes y viernes) y en las últimas dos semanas las triplicó (martes, miércoles y viernes). Esta semana serán diarias para tratar de lograr sellar un acuerdo.
La idea del Gobierno pasa por redactar ya desde la semana que viene el real-decreto ley de la reforma que aprobará en el Consejo de Ministros, con alta probabilidad de que vea la luz el último del año del 28 de diciembre, apenas unos días después de la aprobación definitiva de los Presupuestos de 2022 en el Senado, y que la reforma sea presentada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la tradicional comparecencia de balance del año.
Así, se publicaría en el BOE antes de que acabe el año, previsiblemente el 31 de diciembre, para su entrada en vigor ya el 1 de enero, siendo unos pasos suficientes para que Bruselas valide el hito comprometido en el Plan de Recuperación, al margen de que en enero se tramite en el Parlamento como proyecto de ley.
Rechazo frontal de CEOE a la prevalencia del convenio sectorial en salario y jornada
Aunque las líneas rojas de CEOE están bastante claras, fuentes de la organización anticipan antes de la reunión de la Junta Directiva y el Comité Directivo que persiste un «rechazo frontal» a la prevalencia del convenio sectorial frente al convenio de empresa, sobre todo en lo relativo a salarios y jornada.
«No vamos a cambiar de opinión al respecto a este punto», admiten las mismas fuentes, que insisten en el mantenimiento de su posición negociadora, pero avisan de que no cederán en aceptar propuestas que «dañen a las empresas» en un contexto aún difícil para buena parte del tejido empresarial por la crisis económica derivada de la pandemia.
CEOE y Cepyme quieren mantener la prioridad aplicativa de los convenio de empresas con dos requisitos: cuando en conjunto y cómputo anual el convenio de empresa sea más favorable a los trabajadores y que el convenio se haya negociado con la misma legitimación (reforzada) de la parte social que la que hoy se exigen para los convenios sectoriales. El resto del texto se mantendría, como los convenios sectoriales estatales y autonómicos.
La postura de la patronal choca con la de los sindicatos, que insisten en que se reconozca la prioridad aplicativa del convenio sectorial frente al convenio de empresa de forma expresa en lo concerniente a salarios y jornada. En esta fase final de negociación defiende que se reduzca los porcentajes de temporalidad, que acabe con la precariedad y que definitivamente reequilibre las partes en la negociación colectiva con el objetivo de “dignificar las relaciones laborales, los salarios y las condiciones de los trabajadores”.
Conforme a la propuesta del Gobierno, el convenio sectorial pasaría a regular la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa, así como la retribución y la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada.Leer más: Díaz propone limitar la subcontratación y salarios fijados por convenio sectorial.
Sí seguiría prevaleciendo el convenio de empresa en la elección entre abono o la compensación de las horas extraordinarias y en el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la planificación anual de las vacaciones, salvo en los supuestos citados.
Sobre la ‘ultraactividad’, otro de los puntos polémicos, los empresarios plantean la inclusión como contenido mínimo del régimen jurídico a aplicar en caso de pérdida de la vigencia del convenio. Con ello, CEOE parece asumir que prevalecerá el convenio sectorial sobre el de empresa con la nueva regulación y busca introducir mayor seguridad jurídica.
El Ejecutivo mantiene en su propuesta de reforma su objetivos de recuperar la ‘ultraactividad’ de los convenios que suprimió la reforma laboral de 2012. Así, en los casos en los que no se acuerde entre las partes un acuerdo sobre el convenio colectivo una vez transcurra un año desde la denuncia del convenio, éste mantendrá su vigencia, lo que se conoce como ‘ultraactividad’.
Subcontratación
En cuanto a la subcontratación, CEOE plantea la aplicación del convenio colectivo sectorial de la actividad de la contrata o subcontrata, en su caso y asegurar el valor liberatorio de los certificados de la Seguridad Social, algo en lo que los sindicatos admiten un “mayor grado de acercamiento” a sus posiciones.
El documento de la patronal también habla del artículo 44 (subrogación empresarial), que tampoco estaba en ninguno de los textos analizados hasta la fecha, en la que solicitan que cuando la subrogación se produzca por obligación del convenio, la responsabilidad se circunscriba a la prevista en el propio convenio colectivo de aplicación.
Entre las propuestas del Ministerio de Trabajo se encuentra la regulación legal de la subcontratación de servicios entre empresas, mediante la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de establecer que la contratación y subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa no puede justificar la celebración de contratos temporales.
Nueva propuesta: contrato de interinidad por vacante de hasta 90 días
En el encuentro del viernes el secretario de Estado de Empleo y Economía social, Joaquín Pérez Rey, trasladó un nuevo documento con los planteamientos del Gobierno, que confirman la eliminación de los límites a la temporalidad por plantilla y abren la puerta a que sean por días.
En concreto, sobre el artículo 15 (temporalidad) del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno propone incorporar, de nuevo, la posibilidad de suscribir un contrato de interinidad por vacante, limitando este tipo de sustitución por vacante a un tiempo indispensable, no superior a 90 días , y sobre todo que la vacante sea cubierta por un contrato indefinido .
Ya en la reunión del pasado martes el Gobierno dio un paso decisivo al eliminar los polémicos límites a la contratación temporal en el mercado de trabajo que había fijado para la nueva modalidad ocasional, planteando límites por días y no por plantilla. CEOE pide que ese límite por días sea de al menos de 120 días, pero los sindicatos buscan limitarlo a 75 días.
El texto mantiene que la firma de un contrato de trabajo presupone que sea de carácter indefinido, limitándose los de duración determinada por circunstancias de la producción a una duración máxima de seis meses ampliables a un año por convenio, o por la sustitución de trabajadores hasta su reincorporación, en tanto que suprime el punto que fijaba que cuando una vacante fuese ocupada por un contrato temporal para campañas ocasionales durante más de cinco meses en un año tuviese que hacer se indefinido.
El borrador del Gobierno mantiene que los contratos temporales contemplados para las campañas ocasionales y previsibles, que se incluirán en el marco de las causas de producción, tendrán una duración máxima de 90 días al año y las compañías estarán obligadas a remitir a la representación de los empleados una previsión anual sobre el uso de este tipo de contratos.
Junto a la eliminación de los límites a la temporalidad, el nuevo planteamiento del Ejecutivo establece también la posibilidad de que la negociación colectiva entre empresas y sindicatos consensúen planes de reducción de la temporalidad y estos podrían llegar a recibir apoyo público. Así, los trabajos que obedezcan a circunstancias de la producción, a cubrir con estos contratos, podrán ser identificados en los convenios colectivos, que podrán establecer también unos criterios generales para calibrar la relación entre el volumen de la contratación temporal y la plantilla total en la compañía en cuestión.
La propuesta remitida por CEOE pasa por un solo contrato temporal pero con 6 causas de producción, además la prevista para contratas, subcontratas y licitaciones de la administración (cuando no puedan considerarse personal fijo discontinuo) y cuatro causas de sustitución que coincidirían con las planteadas por el Gobierno, relativas a la reserva de puesto de trabajo, vacaciones, reducción de jornada y cobertura de vacante.
Fijos-discontinuos
En los últimos días las partes negociadoras ya habían coincidido más en lo referido a la propuesta realizada desde hace tiempo por el Ministerio de Trabajo de potenciar a la figura de los fijos-discontinuos (artículo 16 del Estatuto), adaptándola a las necesidades del tejido productivo, junto a la eliminación de cargas administrativas y burocráticas y desarrollar su régimen jurídico mediante la negociación colectiva.
Ahora también se atiende otra petición de CEOE: que no computen todo el tiempo de este tipo de contratos tanto para la antigüedad como para la representación de los trabajadores, así como que la falta de incorporación sea considerada causa de extinción (dimisión), algo que los sindicatos avisaban que no compartían.
Igualmente, los convenios colectivos de ámbito sectorial podrán fijar una bolsa sectorial de empleo en la que se podrán integraros lo trabajadores fijos-discontinuos, y tendrán prioridad para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Los empresarios pedían prioridad en el acceso a las iniciativas de formación profesional durante los periodos de inactividad y en el futuro Mecanismo RED que regulará los futuros ERTE tras la pandemia.
