Garamendi frena una nueva rebelión de las patronales críticas con su rechazo a subir el SMI
La patronal lamenta que Trabajo no quiso negociar en ningún momento y solo impuso su criterio para elevar el salario mínimo a 1.000 euros este año
El rechazo unánime y frontal del Comité Ejecutivo de CEOE a la propuesta del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros este año ha dado oxígeno al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, quien ha logrado esquivar lo que a buen seguro habría sido un nuevo punto de fricción interna en el seno de la organización. No tuvo que maniobrar para recabar los apoyos, la postura de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le hizo los deberes.
El ‘no’ a la subida del SMI venía planeando en el seno de la organización en las últimas semanas, a pesar de que algunas patronales regionales y sectoriales no veían mal tratar de acordar una subida plurianual o plantear opciones como ligar el alza del SMI al ámbito de la negociación colectiva y la inflación subyacente. El martes, Foment del Treball, una de las organizaciones díscolas, ya advirtió de que no era el momento del aumento, aunque horas más tarde reculó.
El Comité Ejecutivo de CEOE, y también el órgano de gobierno de Cepyme, tardaron apenas 24 horas en rechazar por unanimidad la propuesta del lunes realizada por el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz, esgrimiendo una batería de argumentos y devolviendo al seno de CEOE el consenso de cerrar filas, al menos por ahora, con su presidente Antonio Garamendi.
Desde CEOE explican a Economía Digital que no se iba a transigir con el «chantaje camuflado» de Yolanda Díaz, quien llegó a acudir en persona a la reunión de la mesa de diálogo del lunes para presionar por el acuerdo, planteando un alza hasta los 996 y a posteriori a 1.000 euros, en línea con los sindicatos, como medida de presión a la patronal.
En la patronal se entendió que Díaz no buscaba un acuerdo y era una simple medida de presión. «O lo aceptáis o lo aprobamos igual», fue el órdago. El Gobierno simplemente tenía que consultar la subida del salario mínimo, pero por ley no tiene ninguna obligatoriedad de pactar con los agentes sociales. El encuentro era meramente consultivo. Y así lo sabían todas las partes.
Tregua interna en CEOE tras mes y medio de tensión por la reforma laboral
Existió consenso en torno al ‘no’ a subir el SMI. La postura se aprobó por unanimidad en un encuentro rápido y que, a diferencia de lo que sucedió con la reforma laboral, estuvo ausente de tensión. En el comité se pudo constatar que hay «apoyo a la postura de Garamendi en este tema», por lo que «se han quedado aparcadas por el momento las diferencias sobre la gestión de la negociación y el acuerdo de la reforma laboral».
En el seno de la CEOE existían posturas que no negaban la posibilidad de mejorar el salario mínimo, pero no por la vía que impuso Trabajo. Organizaciones como CEIM y Foment abogaban por un incremento que siguiera la subida promedio con las que se están negociando ahora los convenios colectivos –alrededor del 2%– o con la media de la inflación subyacente en 2021. Propuestas que ni siquiera se plantearon ante la postura del Gobierno.
Antonio Garamendi pudo defender su postura gracias a que Yolanda Díaz no quiere negociar el aumento
Gracias a la escasa predisposición del Yolanda Díaz al diálogo con la patronal, Garamendi se ahorró otro incendio después del que vivió con la reforma laboral en el último mes y medio. «El sí a la reforma laboral fue aprobado por mayoría pero esa mayoría no validaba el contenido al completo», apuntan las fuentes consultadas, que sostienen que el respaldo al a reforma convalidada el pasado jueves en una polémica y ajustada votación en el Congreso por haberse logrado «un mal menor» y mantenerse en buena medida la reforma laboral de 2012 del PP.
En el seno de la organización se vivieron semanas de tensiones internas por el nuevo marco laboral, que aunque fue respaldada por mayoría en el Comité Ejecutivo de finales de diciembre tras los trabajos del equipo del presidente, Antonio Garamendi, el pacto con Gobierno y sindicatos produjo reticencias.
De hecho, en la votación se evidenció con la abstención de importantes organizaciones de peso territorial, como Foment en Cataluña y la madrileña CEIM, sectoriales del motor como Anfac o agrícolas como COAG y Asaja. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, incluso llegó a afirmar que firmó por “responsabilidad” aunque estaba en desacuerdo y sostuvo que no firmaría el acuerdo en Moncloa.
Como ya avanzó Economía Digital, las organizaciones madrileñas y catalanas incluso buscan un candidato alternativo para plantar cara al actual presidente en las elecciones que se realizarán este 2022. Aunque todavía no existen nombres confirmados, el de Miguel Garrido, presidente de CEIM, aparece en la mayoría de quinielas.
Vuelve el pulso con el Gobierno
Con las posturas ya confirmadas, el Gobierno cerrará la negociación –no vinculante, al ser una prerrogativa del Ejecutivo– este miércoles con los agentes sociales en la mesa de diálogo y aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, 12 de febrero, la subida de 31 euros (un 3,6% más) para el SMI de 2022, hasta los 1.000 euros en 14 pagas mensuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Se repetirá por tanto de nuevo el escenario de un pacto bipartito entre Gobierno y sindicatos como el suscrito el pasado mes de septiembre, cuando acordaron elevar el SMI 15 euros, hasta los 965 euros, del que se descolgó CEOE. La patronal se quedará de nuevo fuera de la foto.
El ‘no de los empresarios a subir el SMI devuelve a su vez el pulso habitual que ha venido manteniendo con el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de la legislatura, especialmente con el ala de Unidas Podemos, por los incrementos de impuestos, las subidas del SMI, sus pretensiones en materia de reforma laboral o el alza de cotizaciones.
Entre los argumentos esgrimidos por CEOE para rechazar el alza del Gobierno se encuentra la falta de recuperación de los niveles de negocio precrisis hasta previsiblemente 2023, las presiones crecientes en los costes de las empresas por el alza de salarios y cotizaciones y la notable caída acumulada de la productividad, con 13 trimestres en desdenso.
La patronal tilda de “inasumible” la propuesta de Yolanda Díaz para sectores como el agrícola o los intensivos en mano de obra, toda vez que las empresas han asumido un alza del 30% del SMI desde 2019 y el incremento de cotizaciones, con un coste total por el empleo que sobrepasará los 1.500 euros. Así, recuerda que mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado los niveles de 2019 (previos a la crisis), el excedente bruto de explotación (beneficio de las empresas) todavía está “muy lejos de normalizar” su situación y continúa siendo un 6,6% inferior al de 2019.
Como viene siendo habitual con motivo de las negociaciones del SMI, los empresarios alertan de que una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a “un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo”.