Garamendi promovió la destitución de su antecesor en Cepyme por cobrar como él en CEOE
Garamendi aseguraba en 2014 que sentía "vergüenza" de las acciones del presidente de Cepyme por cobrar su sueldo mediante facturas mercantiles; y defendía "dar ejemplo" y dimitir
Decía Borges sobre el tópico que «la historia no se repite; los hombres sí». Y el caso es que el actual escándalo sobre la regularización y subida salarial de Antonio Garamendi como presidente de CEOE, avanzada por ECONOMÍA DIGITAL, tiene muchas similitudes con la polémica que sacudió Cepyme hace casi una década y que terminó con el despido fulminante de su entonces presidente, Jesús Terciado. Y aquel capítulo de 2014 tuvo precisamente como a uno de sus grandes protagonistas al propio Garamendi, entonces número dos en la patronal de pymes y, después, el uno.
Jesús Terciado dimitió en noviembre de 2014 como presidente de Cepyme tras ser imputado por los cobros al frente de la patronal de pymes, emolumentos que alcanzaron los 300.000 euros en casi dos años y que los facturaba a través de sus sociedades. La cifra es algo menos de la mitad de lo que ha venido percibiendo Antonio Garamendi como presidente de CEOE entre 2019 y 2022: unos 350.000 euros anuales brutos, un sueldo también cobrado mediante facturas emitidas, en este caso como autónomo, como finalmente ha acabado reconociendo el empresario vasco.
Antonio Garamendi, que ahora atribuye a «una campaña de descrédito al mundo de la empresa» las críticas que recibe por hacerse un contrato de alta dirección en CEOE tras las advertencias de su propio bufete, tuvo una actitud bastante diferente en 2014 cuando fue uno de los impulsores de la destitución de Terciado.
Antonio Garamendi, en 2014
En ese momento, Garamendi era un casi desconocido vicepresidente de Cepyme que aspiraba ya a presidir la CEOE contra Juan Rosell. Tras la caída de Terciado, pasó a ocupar su puesto. En una entrevista en El País el 23 de noviembre de 2014, Garamendi dice que «hemos dado una imagen nefasta con gente que ha seguido en sus puestos» en referencia, entre otros, a Jesús Terciado.
Tras la pregunta del periodista «Ha mencionado a Terciado. Usted era su vicepresidente primero. ¿No sabía cómo cobraba?» Garamendi responde: «No, ni yo ni nadie del comité ejecutivo. Lo conocimos en una asamblea y a partir de ella se desencadenó todo». Cuando se le insiste sobre cómo evitar estos casos, reitera que «en Cepyme, en voto secreto y por unanimidad, le pedimos que dimitiera», en referencia a la destitución de Terciado. Y sostiene que el código ético debe «ser ético, no estético».
Apenas una semana antes, el 18 de noviembre de 2014 (12 días después del cese de Jesús Terciado), ya como presidente de Cepyme, en un acto de Europa Press, Garamendi dice sentir «vergüenza» del comportamiento de su antecesor, y sostiene que cuando estalló el escándalo de la retribución, en la organización le pidieron que «fuera generoso» y «dejara» el cargo. Según señala entonces, los empresarios que se encuentran en primera fila deben «dar ejemplo».
Acusaciones de cobros irregulares
Terciado fue denunciado ante la Audiencia Provincial de Madrid en 2014 por parte de tres miembros de la Junta Directiva de Cepyme pertenecientes a la organización salmantina Confaes (actualmente CEOE-CEPYME Empresas de Salamanca), entonces presidida por Juan Antonio Martín Mesonero, editor del grupo de medios Tribuna. La denuncia sostenía que el presidente de Cepyme había cobrado 313.000 euros entre 2011 y 2012 a través de sus sociedades, Ingasert y Tecrucyl, ambas administradas por Terciado.
Esta denuncia, presentada en 2014, ya era conocida cuando en junio de ese año Terciado revalidó su mandato al frente de la organización tras unas elecciones sin rival alternativo y donde obtuvo el 80% de los votos favorables. El escrito le acusaba de supuestos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida por utilizar sus sociedades para facturar servicios en Cepyme. Terciado defendió públicamente que se trataba de una práctica habitual en las organizaciones para obtener la remuneración propia del cargo, puesto que Terciado era empresario y tenía otras actividades de las que facturar.
Todo se desencadenó en noviembre de ese año, cuando el Juzgado de Instrucción 33 de Madrid imputó a Terciado; al expresidente Jesús Bárcenas; al secretario general de la confederación, José Alberto González-Ruiz, y al gerente, José Manuel Vilar Martínez, por presuntos cobros irregulares.
Esta imputación desencadenó el resto. Terciado quiso entonces delegar temporalmente sus funciones de presidente en una tercera persona hasta esclarecer el caso, pero en Cepyme no se lo permitieron. Se celebró una reunión de urgencia de la Comisión de Régimen Interno de la organización de pymes, formada por ocho miembros, que votó unánimemente la destitución fulminante de Terciado. Antonio Garamendi presidía esa comisión.
Motivaciones políticas
El contexto político tiene también influencia en la historia. Igual que hace unos meses, el conflicto patronal de 2014 tuvo como telón de fondo las elecciones a la presidencia de la CEOE. El catalán Juan Rosell (expresidente de Foment del Treball) aspiraba a la reelección en el puesto. El floreciente independentismo catalán forzó que una corriente crítica buscara un candidato alternativo. Finalmente, ese candidato fue Antonio Garamendi, vicepresidente de Cepyme y representante de Confemetal.
Terciado era un hombre cercano a Juan Rosell y le apoyaba en la reelección. Su voluntad de ceder temporalmente su mando en Cepyme a una tercera persona imposibilitaba, de facto, que Garamendi asumiera el poder en Cepyme, lo que le daba más poder orgánico de cara a las inminentes elecciones (faltaba un mes) en CEOE. Cierto es que, aunque Garamendi se hizo con la presidencia, no lo utilizó contra Rosell y terminó perdiendo los comicios, aunque por un resultado ajustado (33 votos). Garamendi sería vicepresidente de Cepyme y Rosell de CEOE durante otros cuatro años, pero no más: el vasco forzó incluir en los estatutos una limitación de dos mandatos. Algo que Garamendi quiere ahora eliminar.
En 2017, Terciado fue absuelto de las acusaciones por su retribuciones en Cepyme, aunque no volvió a aparecer en la escena pública o empresarial. Un año después, Garamendi era elegido por aclamación como presidente de CEOE, y la Junta Directiva aprobaría una retribución bruta de 350.000 euros anuales para el nuevo presidente.
Los empresarios, siempre en la diana
La caída de Terciado se sucedió en aquel momento casi con sordina. Un par de años antes habían detenido a un presidente de CEOE como Gerardo Díaz Ferrán por alzamiento de bienes. Podemos acababa de eclosionar como partido político y había contribuido a la abdicación del Rey Juan Carlos. Las ansias de transparencia corrían como la pólvora y también sobrevolaban la CEOE. En buena medida, las críticas a Rosell por parte de Garamendi eran por haber sido condescendiente por los casos de corrupción en el ámbito empresarial.
Ahora, nueve años después, también Podemos, o lo que queda de él, pero también la vicepresidenta Yolanda Díaz e incluso el presidente Pedro Sánchez, han decidido colocar a los empresarios y al Ibex en la diana de su estrategia política. Garamendi considera que el escándalo por sus retribuciones corresponde precisamente a esta campaña de la izquierda.
A la espera de la Junta Directiva de CEOE, que se celebra hoy miércoles, solo una organización empresarial ha optado por criticar el sueldo de Garamendi y la subida consiguiente del 9% frente a la remuneración que pactó en 2019. El representante de los empresarios de Pontevedra sostuvo que la operación «no es sensible con la realidad». Algo parecido a la defensa de la ética sobre la estética que reclamó Garamendi hace nueve años. Ahora, sin embargo, considera que reclamarle a él algo así es como compararle con una mujer violada.