Garamendi (CEOE) quiere aprovechar la presidencia europea para pedir menos regulación
Según cálculos del IEE, la sobrerregulación tiene un impacto económico de entre el 1,5 y el 2,5% del PIB.
La patronal CEOE aprovechará la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea para conseguir lo que han llamado un «respiro regulatorio», una reducción de la carga administrativa que tienen que ejecutar las compañías y que, dicen, se trata de un lastre para la competitividad de las compañías por su carga añadida de trabajo.
A juicio de los empresarios, el aumento de la competitividad de las compañías ha de estar en la agenda del próximo semestre. No solo porque sea la primera ocasión en más de una década en el que nuestro país toma las riendas de las negociaciones europeas, sino porque se trata de la última presidencia europea completa (a pesar del parón veraniego) antes de las elecciones del próximo año.
La CEOE acogerá la próxima semana la reunión de todos los presidentes de las federaciones miembros de la patronal europea, Business Europe, donde se cerrarán las bases de la propuesta que presentará ante el Gobierno español el líder de los empresarios, Antonio Garamendi.
Una idea de Von der Leyen
Este «respiro regulatorio» es una de las reiteradas exigencias de los empresarios, que consideran que la sobrerregulación supone un lastre para su expansión. Y parece que en Europa se han escuchado sus peticiones, ya que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya avanzó una propuesta para recortar los trámites burocráticos en un 25% a final de año.
«Sabemos que la calidad de la administración pública y del marco legal es clave para la competitividad. Por eso, juntos, también garantizamos mediante evaluaciones de impacto exhaustivas que las leyes de la UE no supongan una carga para las empresas, sino que las apoyen», subrayó la dirigente comunitaria. «Miraremos más allá de los límites de los departamentos para ver qué es lo que puede hacer que Europa sea más competitiva y de qué podemos prescindir. En otoño presentaremos propuestas concretas para simplificar los requisitos de presentación de informes y reducirlos un 25%», se comprometió.
Y en este contexto es en el que la patronal quiere influir. De acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica del Instituto de Estudios Económicos de diciembre de 2022, la sobrerregulación y la fragmentación normativa solo en nuestro país pueden suponer un coste adicional de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB. «La liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio que se deriva de una reducción de la fragmentación normativa supondría un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB. Un impacto positivo que puede ser incluso superior si se produce, también, una mejora en clave europea», subraya el documento.