Los funcionarios perderán más de 1.500 euros de poder adquisitivo este año por la inflación

Los más de 2,7 millones de empleados públicos existentes en España acumulan una notable pérdida de poder adquisitivo en la última década acentuada con la escalada imparable de los precios en 2021 y agravada sobremanera este año con el alza de los precios derivado de la guerra en Ucrania, lo que provocará una pérdida de más de 1.500 euros por la alta inflación.

La invasión militar en Ucrania por parte de Rusia ha empeorado significativamente los pronósticos de inflación en la Eurozona y en España para este año ante las perturbaciones en materia energética al provocar el alza del precio del gas y, en consecuencia, de los precios de la electricidad, algo que se ha trasladado ya de forma generalizada a todos los productos de la cesta de la compra.

Además del impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores y las familias, sobre todo a las rentas más bajas al ser los productos de primera necesidad (los que más se verán afectados) los de mayor consumo por este estrato social, el colectivo de los funcionarios será el otro gran afectado por la alta inflación derivada de la guerra de Ucrania.

Según cálculos aproximados con el actual escenario de incertidumbre y volatilidad de los precios con base en los pronósticos de inflación actual, realizados por Economía Digital y avalado por distintos sindicatos, los funcionarios sufrirán este año una nueva pérdida de poder adquisitivo que previsiblemente superará los 1.000 euros.

Alza salarial muy inferior a la inflación

Esta pérdida se debe a que el Gobierno incorporó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 un incremento del sueldo de los funcionarios del 2% cuando preveía una inflación bastante inferior a la que finalmente se va a producir, que según estimaciones de algunos organismos como Funcas rondará un promedio de entre el 5,6% y el 6,5% (cada vez más factible), es decir, más del doble de la mejora retributiva aprobada.

Así las cosas, los empleados públicos sufrirán una pérdida posible de entre 3,6 y 4,5 puntos porcentuales este año de poder adquisitivo. Dado que el sueldo anual medio de los empleados en la Administración Pública, Defensa y Seguridad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), es de de 35.000 euros anuales en 14 pagas, la pérdida en términos salariales de poder de compra sería de entre 1.270 y 1.575 euros, aunque muy previsiblemente será mayor a tenor de los últimos acontecimientos.

Y es que la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) avisa de que la amenaza de una disrupción en las exportaciones de energía de Rusia está teniendo ya reflejo en los mercados energéticos. Y es que los precios en el mercado a plazo del gas se han disparado cerca de un 30%, algo que, de mantenerse, entraña un encarecimiento de la electricidad y no una desaceleración como se prevé en el escenario central.

Por su parte el barril de petróleo cotiza en torno a 100 dólares, significativamente por encima de lo previsto inicialmente. El conjunto de factores e redundaría en un incremento del IPC del 5,6%, un punto más que la previsión realizada antes del conflicto de Ucrania, pero en el caso de que el riesgo incrementado de que los precios actualmente observados se perpetuara, el IPC se incrementaría hasta el 6,5%, casi dos puntos más que en la previsión pre-conflicto. El IPC podría llegar al 8% en marzo y estabilizarse en el 9% los próximos meses, pudiendo alcanzar incluso el 10% en el peor escenario, bajo el cual Rusia dejase de suministrar gas o todos los países dejasen de adquirírselo, como han anunciado ya Estados Unidos y Reino Unido.

Pérdida acumulada de más de 28.000 euros en una década

Un estudio de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) concluye que en el periodo 2010-2020 acumularon una pérdida de poder adquisitivo media de entre el 12,9% y el 17,9% desde entonces, tras analizar la pérdida producida en los diferentes conceptos de las nóminas (sueldo base, complemento de destino, complemento, específico o trienios) de los principales grupos de las administraciones públicas (A1, A2 y C1), con una antigüedad media de 15 años.

El estudio concluye que a lo largo de este período los A1 (cuerpos técnicos del Estado, médicos o jueces) han perdido de media 53.362 euros; los A2 (enfermeras, gestores o maestros) 40.478,87 euros y los C1 (policía local, administrativos del SEPE, Seguridad Social, Instituciones Penitenciarias) 24.611,22 euros. Estas cantidades equivalen a trabajar 13, 15 o 18 meses gratis, en función de los grupos profesionales C1, A2 y A1, respectivamente.

De su lado, CCCOO y UGT estiman que el porcentaje de pérdida de poder de compra perdido entre 2011 y 2018 fue del 14%, pero se habría recuperado en torno a seis puntos porcentuales, por lo que la reducción de ingresos sería del 8%, ello supone en torno a 28.000 euros perdidos en ingresos en la década.

En ese periodo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2010 un recorte salarial (el primero en democracia) del 5% al colectivo y durante los cinco ejercicios siguientes permanecieron congelados, con una pérdida acumulada del 20%, que se fue recuperando en parte posteriormente con los alzas de 2018 (+1,95%), 2019 (+2,75%) y 2020 (+2,3%).

El año pasado también se produjo una importante caída del poder adquisitivo tras varios años sin que se produjese, ya que el Gobierno aprobó en los Presupuestos de 2021 un alza salarial del 0,9%, el mismo porcentaje que para los pensionistas, que luego recibieron una compensación a modo de ‘paguilla’ en enero por la desviación del IPC. La inflación media del año pasado fue del 3,1%, con lo que los funcionarios perdieron 2,2 puntos porcentuales, es decir, alrededor de 770 euros.

En este contexto, CSIF reivindica un acuerdo a varios años que contemple una recuperación progresiva de la estructura salarial previa a 2010, que equipare las retribuciones entre administraciones y un Plan de recursos humanos para reforzar las plantillas donde sea necesario, al tiempo que UGT aboga también por un pacto a varios años que permita recuperar poder adquisitivo, con el fin de no estar sujetos a cambios de la economía más a corto plazo, al tiempo que CCOO también pide ya negociar una subida que compense la pérdida de poder de compre ante la alta inflación actual.