Fuga de capitales en España por la reforma fiscal que prepara el Gobierno
Los expertos ven difícil que se pueda implementar una reforma fiscal de calado en 2022 pero avisan de que está provocando cierta inseguridad jurídica y ello un parón de inversiones y fuga de capitales y patrimonios
El pasado mes de febrero el Ministerio de Hacienda constituyó el comité de expertos encargado de configurar las recomendaciones para la reforma fiscal de calado que prepara el Gobierno, y aunque previsiblemente no se implementará en sus totalidad hasta 2023 su anuncio está teniendo ya consecuencias.
La pretensión fiscal del Gobierno, que podría conllevar una subida de impuestos de hasta 80.000 millones de euros, está generando cierta inseguridad jurídica desde el punto de vista de potenciales inversiones que podrían desarrollarse, así como fuga de capitales y de patrimonios.
Estas son las advertencias que han realizado expertos como el catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa, en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan José Rubio, y el director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y profesor de la Universidad de Barcelona, José María Durán, que han debatido sobre la reforma de la tributación de la riqueza en una jornada organizada por el Consejo General de Economistas-Asesores Fiscales (Reaf-CGE).
Rubio ha afirmado que hay «muchas» empresas y entidades en ‘stand by’ en materia de inversiones y proyectos a la espera de ver en qué se concreta la reforma fiscal anunciada por el Gobierno. La envergadura de los cambios impositivos serán determinantes para la implementación de inversiones e incluso la llegada o el traslado de multinacionales.
Sin cambios de calado en 2022 por el ciclo electoral
En cualquier caso, los expertos ven difícil que se pueda implementar una reforma fiscal de calado en 2022 ante el ciclo preelectoral dada la proximidad a la elecciones generales previstas para el ejercicio 2023.
«El ciclo electoral nos va a comer y condicionar, difícilmente habrá un cambio normativo de cierta importancia en los próximos meses», ha apuntado Rubio, algo en lo que han coincidido Durán y el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich.
En esta línea, Pich ha lamentado que en España el Ejecutivo realice anuncios de la reforma fiscal al alza, sobre todo en lo referido a los impuestos patrimoniales, con el fin de contentar a determinados partidos.
En contraposición, ha recordado que algunos países vecinos, como Portugal, hacen justo lo contrario y llevan a cabo una política de bajada de impuestos en aras de mejorar su competitividad fiscal y no por ello carecer de sensibilidad social.
Impuesto de Patrimonio: «distorsiones y elusión de su abono»
En lo referido a los impuestos sobre la riqueza, Durán ha explicado que normalmente el debate se centra en el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, pero en términos de recaudación aportan «muy poco».
Del total de recaudación de impuestos sobre riqueza el IBI genera un 50% y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados un 35%, mientras que Sucesiones apenas un 10% y Patrimonio un exiguo 5%, pero cobran relevancia por su naturaleza al primar la finalidad «redistributiva» y el componente ideológico.
Sobre el Impuesto de Patrimonio Durán ha apuntado que su valoración hasta la fecha no ha sido homogénea y ello genera «inequidades horizontales y verticales, ineficiencias y distorsiones», con una configuración del impuestos que «facilita la elusión del mismo».
Los expertos han constatado que España es el único país de la UE que aplica el Impuesto sobre el Patrimonio, mientras que Sucesiones y Donaciones es una figura tributaria clásica. «No parece razonable que España se empeñe en mantener el actual formato de un impuesto como Patrimonio que dificulta la atracción y mantenimiento de talento y ahorro, e introduce excesivas distorsiones de equidad dentro de nuestro territorio”, ha señalado Pich.
«Cierta armonización» en Patrimonio y Sucesiones con tipos «muy moderados»
De esta forma, los expertos han coincidido en que los impuestos que gravan la riqueza inmobiliaria normalmente se asignan a las Administraciones locales, mientras que los impuestos sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, cedidos a las Comunidades Autónomas, si se quiere que subsistan, sería necesario que fueran sometidos a una cierta armonización.
El presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández, ve «muy importante» que tanto la tributación de la riqueza como el resto del sistema tributario «se regulen de forma homologable dentro de nuestro entorno UE y OCDE, y dotándolo de una estabilidad hacia el futuro”.
Tras sufrir «parches» a lo largo de los últimos años, Rubio ha indicado que «no tiene sentido» mantener un impuesto en vías de extinción a nivel mundial y que se vaya a revitalizar en España de forma indefinida. En caso de mantenerse, cree que debería resolverse dentro del marco de la reforma de financiación autonómica de forma «razonable» y no utilizando lo que denomina un impuesto «guadiana» que «aparece y desaparece generando confusión e inseguridad jurídica a contribuyentes e inversores nacionales e internacionales».Durán también ha puesto el foco sobre el frecuente tratamiento favorable a la empresa familiar en el Impuesto de Patrimonio.
Pata el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones han recomendado solucionar los problemas técnicos del tributo y armonizarlo para todas las comunidades, eliminando exenciones y coeficientes en función del patrimonio preexistente. Proponen fijar un mínimo exento igual para todos con tipos impositivos «proporcionales y no muy elevados» que no supongan un desembolso «espectacular» y con deducciones a regular en cuota para los parientes más cercanos.
Para todo ello, Durán ha reclamado consenso a los partidos políticos para negociar la pretendida reforma fiscal y dejar de usarla como «arma» política.
