Foment advierte a los expertos de Montero: en España los impuestos ya son altos

A apenas una semana de que el comité de expertos del Ministerio de Hacienda zanjen su informe para la reforma fiscal prevista en 2023, los empresarios catalanes se movilizan para tratar de influir en las directrices de la cartera que dirige María Jesús Montero. Si el Gobierno denominó Libro Blanco a su proyecto, Foment del Treball presentó sus conclusiones bajo el nombre de Libro Verde y con la intención de contradecir la máxima de que en España se pagan pocos impuestos como, dicen, advierte el Ejecutivo.

En la presentación del Libro Verde para la Reforma Fiscal en España, la institución que preside Josep Sánchez Llibre admitió que la propuesta se realizó como una reacción a la medida en la que trabaja Hacienda. De hecho, el grupo de trabajo se constituyó el 12 de abril de 2021, el mismo día que la dirigente socialista lideró el acto para presentar a su gabinete de expertos. En los planteamientos de la corporación empresarial no participaron ni el Gobierno ni la Generalitat, a pesar de que fueron invitados.

Foment no duda en asegurar que las consideraciones de la ministra son, como mínimo, «inexactas». Así lo señaló el exdiputado de Unió y así consta en el documento hecho público este lunes. Cuando en la organización escucharon a Montero asegurar que España se encuentra hasta siete puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos tributarios levantaron la ceja. «Constituía toda una declaración de intenciones fundada en una hipótesis inexacta o incorrecta», señalan los expertos consultados por la entidad.

La patronal teme que la reforma fiscal en la que trabaja el Ejecutivo tenga una voluntad puramente recaudatoria. Y para los empresarios catalanes la fiscalidad no puede ser jamás un mecanismo para cuadrar las cuentas públicas, como dijeron siempre.

De este modo, uno de los objetivos fundamentales de la propuesta fiscal para España de Foment fue comprobar si las palabras de Montero tenían fundamento y en el país la tributación es menor que la media europea. Tras sus análisis la conclusión emitida es clara: la presión sobre la economía regulada es similar al resto del continente. «En España no hay una fiscalidad menor, hay un menor cumplimiento de fiscalidad» con el equivalente al 25% del Producto Interior Bruto (PIB) en la economía sumergida.

Las soluciones de la organización pasan por reducir la presión sobre los que sí cumplen y tratar de lograr que los que incumplen comiencen a pagar. Si se aplican sus propuestas, aseguran que aflorarán diez puntos de economía sumergida y el estado se pondrá al nivel de Reino Unido, Francia y Alemania. O lo que es lo mismo: 33.000 millones en cuatro años y 1,5 millones de nuevos empleos.

«Los impuestos sobre el capital y sobre la propiedad en España se sitúan por encima de la media europea», asegura Foment

Para tratar de influir en el Libro Blanco de Hacienda, Foment presentó sus conclusiones apenas una semana antes de que se cierre el boceto que elaboran los expertos del Ministerio y su debate entre en la agenda pública. La cartera dirigida por María Jesús Montero prepara también un documento para armonizar los impuestos que gravan la riqueza en España, especialmente los tributos de patrimonio y sucesiones.

Preparada para previsibles alzas impositivas, la patronal advierte que en la última década, la presión fiscal escaló 5,1 puntos del PIB mientras que la media europea solamente subió 2,1 puntos. «Los impuestos sobre el capital y sobre la propiedad en España se sitúan por encima de la media europea».

Así, la receta de la institución pasa a grandes rasgos por suprimir el impuesto de patrimonio –que atenta contra la atracción de talento y fomenta la deslocalización empresarial–, rebajar el gravamen de sucesiones –exento hasta patrimonios de 1 millón de euros–, aumentar las bonificaciones al impuesto de sociedades, crear un régimen especial para las empresas familiares y subir el mínimo vital del IRPF.

Mención especial hacen para Cataluña. En la región, empresarios y ciudadanos sufren una presión fiscal en sus inversiones que doblan la de Madrid. “Debería corregirse esta situación, en la medida de lo posible», advierten los expertos con un recorte a los impuestos de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados.

Hacienda cerrará ‘in extremis’ su propio informe

Como ya explicó Economía Digital, el comité de expertos de Hacienda trabaja para cerrar su documento sobre la reforma fiscal antes del 28 de febrero, fecha límite fijada por Montero. El informe se cerrará esta semana y se entregará «a primeros de marzo» tras casi un año de trabajo. El resultado final será un extenso dossier de más de 1.000 páginas. Se abordará la denominada fiscalidad verde, la presión a las grandes fortunas o las nuevas actividades económicas, como las criptomonedas.

El gabinete quiere abordar la armonización fiscal de España en el enfrentamiento del Gobierno con la Comunidad de Madrid por la política de bajos impuestos de Isabel Díaz Ayuso. También se propondrá limitar los tipos reducidos del IVA para incrementar la recaudación de este tributo así como incrementar las cuotas del IRPF y patrimonio a las rentas más altas. Otra de las ramas de la propuesta será evitar el uso de sociedades para la elusión de impuestos por parte de personas físicas.

Otras carpetas sobre la mesa son la equiparación del impuesto de patrimonio, las criptomonedas, las transacciones digitales y los denominados tributos verdes, como la subida a los carburantes o la aplicación de impuestos sobre los billetes de avión, gases fluorados o los plásticos de un solo uso.

El consejo de sabios designado por la ministra tenía previsto terminar el Libro Blanco en enero, pero la marcha entre polémicas de dos de sus integrantes –los catedráticos de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio y de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri— retrasó los plazos.