Efecto Ferrovial: el Gobierno teme más fugas de cotizadas con la actual política económica
La marcha de Ferrovial a Países Bajos podría ser, si tiene buena acogida, la primera de una serie de fugas de cotizadas españolas si se repite ciclo político
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. EFE
El anuncio de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos ha causado un auténtico terremoto entre el Ibex y el Gobierno, en un momento en que las relaciones entre ambas partes no podían ser peores. Pero más allá del caso en particular, fuentes de alto nivel dentro de los departamentos económicos del Ejecutivo admiten a ECONOMÍA DIGITAL que existe cierto temor a que la de la constructora sea la primera de muchas deslocalizaciones.
Altos funcionarios indican que la salida de Ferrovial puede no ser un caso aislado, y lo atribuyen a la fuerte presión tanto fiscal y regulatoria como discursiva que están lanzando los responsables políticos sobre las grandes empresas españolas. Según estas mismas fuentes, la operación de Ferrovial es pionera: si termina siendo positiva para la compañía en términos económicos y reputacionales, abrirá sin duda la puerta para que le sigan otras.
El otro factor importante es lo que suceda en el próximo ciclo electoral. Si se consolida la opción de que se alargue el ciclo político con las mismas políticas y responsables económicos, las deslocalizaciones van a ser más frecuentes. De momento, los mercados aplaudieron ayer la deslocalización de Ferrovial con alzas de la cotización del 0,61%.
El efecto Ferrovial en Iberdrola, Santander o ACS
Las mismas fuentes señalan que se ha empezado a monitorizar la posible fuga de cotizadas españolas, especialmente las que componen el índice español, el Ibex35. Paradójicamente, señalan que las menos proclives a salir serían bancos y energéticas, las que reciben más presión a través de los nuevos impuestos del Gobierno. Estas firmas, como Iberdrola, Santander, Endesa, BBVA, Sabadell o Naturgy, serían reacias a irse por la gran penalización que podrían recibir de los clientes minoristas en España.
En cambio, señalan en el Gobierno, sería una operación muy tentadora para constructoras o fabricantes energéticos sin peso en la distribución minorista, con un negocio muy internacionalizado y sin apenas costes reputacionales en el mercado español, como es el caso de Ferrovial. Precisamente, esta semana se conocían los resultados de ACS, presidida por Florentino Pérez, cuyo negocio depende ya en más de un 70% de mercados como EEUU, Australia o Alemania.
Reacción del Gobierno
El Gobierno reaccionó duramente este miércoles a la fuga de Ferrovial. La primera fue la vicepresidenta económica Nadia Calviño, advirtiendo a Ferrovial de su «errónea decisión» y apuntando que su marcha «no es aceptable» dado que debe el progreso de su negocio a los contratos públicos obtenidos en España, es decir, gracias a «la financiación pública». Fuentes de la Administración señalan, además, que «la decisión está anunciada, pero no materializada». Desde el Ejecutivo esperan a ver si se produce una remota reversión del traslado, aunque su capacidad para impedirlo es muy limitado. A no ser que se retuerza la Ley anti opas, que el Gobierno se resiste a derogar.
La vicepresidenta Yolanda Díaz también salió en tromba contra Ferrovial. «Esto no es ser español», dijo. Y también propuso acabar con «el dumping fiscal» que, a su juicio, llevan a cabo países dentro de la Unión Europea, como Países Bajos. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, exigió prohibir que Ferrovial tenga acceso a concursos públicos en España.
La lucha del Gobierno contra la empresa
Los mensajes tanto de Yolanda Díaz como de Pablo Echenique dan el colofón a una dura campaña de acoso y desprestigio por parte del Gobierno hacia las grandes empresas españolas y sus ejecutivos. El presidente Pedro Sánchez ha hecho de los impuestos al Ibex su bandera económica, con la creación de impuestos a bancos y eléctricas. Una ofensiva que se traslada ahora a la gran superficie, donde Yolanda Díaz exige medidas para frenar los márgenes de beneficios de grandes distribuidoras como Mercadona, después de que desde Podemos (Ione Belarra) llamaran a su presidente Juan Roig «capitalista despiadado».
