Feijóo ofrece a Sánchez un plan fiscal de 15.000 millones financiado en parte por las CCAA

El PP remite este viernes a Moncloa su plan económico alternativo y complementario al plan de respuesta a la guerra del Gobierno con una batería de medidas por un importe de unos 15.000 millones de euros, al incluir una rebaja de impuestos de entre 7.500 y 10.000 millones a rentas medias y bajas, en torno a la mitad a asumir por las comunidades autónomas, y otros 4.900 millones de euros en créditos fiscales procedentes de los fondos europeos.

Estas son las grandes líneas generales del ‘Plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España’ diseñado por 25 exministros, exsecretarios de Estado, altos cargos actuales, exconsejeros autonómicos, dirigentes actuales y expertos del sector privado que el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha encargado para ofrecérselo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con e fin de compensar el impacto de la inflación en las rentas más bajas y las empresas.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha explicado que el plan es complementario al del Ejecutivo y las medidas son «perfectamente asumibles» sin incrementar el déficit tras los cálculos realizados por el equipo de trabajo, pese a la falta de datos actualizados de la Agencia Tributaria, y ha indicado que si el Gobierno se opone a las rebajas tendrá que dar cuenta de sus motivos, sobre todo teniendo en cuenta que buena parte de las medidas del plan las ha impulsado ya Navarra, gobernada por el PSOE.

Bravo ha advertido de que sería un «mal inicio» en esta nueva etapa política un rechazo frontal del Gobierno al planteamiento del PP, cuyas medida están «muy orientadas» a rentas medias y bajas y que, en todo caso, ha insistido que son «de carácter temporal, con margen de recaudación y siguiendo la línea de lo adoptado por otros países». «Todo lo que se propone ya existe», ha remarcado.

Según ha especificado, el Gobierno había previsto en sus cuentas una mayor recaudación de 9.000 millones y debido a la inflación la AIReF estima que dispondrá este año de un margen de 18.000 millones. El plan del Gobierno conlleva un coste fiscal de 6.000 millones, pero de ellos más de 1.800 destinados a ucranianos se financian con fondos europeos, por lo que el impacto final sería de apenas 4.000 millones. Además, ha apuntado que se espera una mayor recaudación también gracias a las propias medidas planteadas.

En el PP no han decidido todavía el sentido de su voto de cara a la votación del próximo jueves en el Congreso para la convalidación del plan de choque de 16.000 millones del Gobierno, si bien se abren a la abstención e incluso el foto a favor si en Moncloa atienden a su propuesta y se acuerdan algunas de las medidas.

IRPF: deflactar tarifa y ayudas de hasta 300 euros

En detalle, los ‘populares’ proponen una bajada de impuestos de entre 7.500 y 10.000 millones de euros que se concreta en una disminución inmediata del IRPF con efectos retroactivos desde el 1 de enero dirigida a rentas medias y bajas con ingresos inferiores a 40.000 euros. Se plantea deflactar los tres primeros tramos, es decir llegaría hasta los 35.000 euros, pero en la práctica al sumar la parte de la Seguridad Social alcanza los 40.000 euros.

No obstante, al pasar la deflactación por los tres primeros tramos, la ‘bajada’ del IRPF afectaría también a los tramos más altos, aunque en una cantidad mucho menor. A modo de cálculo, Bravo ha precisado que, en líneas generales, un cálculo aproximado apunta a que el coste oscilaría entre los 500 y los 3.500 millones de euros, dependiendo del porcentaje que se determine. A modo de ejemplo, los cálculos preliminares estiman que una deflactación del 5% conllevaría un coste de 1.500 millones de euros para las arcas públicas.

Dado que la mitad de la recaudación del IRPF y del IVA está cedida a las comunidades autónomas, así como entre el 58% y el 100% de los impuestos especiales, en el PP no descartan que las comunidades autónomas tuviesen que contribuir a afrontar el coste presupuestario. Para Bravo, «sería razonable que las autonomías asumieran su parte», aunque ha dejado claro que se tendría que valorar con las regiones en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) abordando el sistema de financiación. «Se podría plantear, el esfuerzo se haría por el Estado y las CCAA pero habría que ver qué opinan las CCAA», dijo.

En el marco del IRPF también se plantean ayudas de entre 200 y 300 euros a los perceptores de salarios de entre 14.000, junto a un nuevo complemento en el mínimo personal y familiar del IRPF para rentas entre 14.000 y 22.000 euros, que sería mayor para la franja de menor ingresos y menor a medida que la renta se acerque a los 22.000 euros.

También plantea el PP modificar las retenciones mensuales para que el efecto sea inmediato y no se tenga que esperar a la declaración de la Renta del año que viene, así como rebajar los pagos fraccionados a contribuyentes con rentas derivadas de actividades económicas y una rebaja de la tributación por módulos del régimen de estimación objetiva.

Sociedades, impuestos especiales e IVA de luz y gas

En materia del Impuesto de Sociedades, el PP propone dar libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética, al tiempo que defienden una rebaja inmediata del IVA que grava la energía eléctrica y el gas al «4% o el 5%», tal y como adelantó Economía Digital.

A este respecto, ha asegurado que la última directiva europea del mes de abril permite rebajar el IVA de la luz y el gas al 4% o el 5%, al permitir añadir más productos sin pedir autorización, al tiempo que fija una exención con derecho a deducción. Es decir, permite al contribuyente estar exento del IVA pero poder deducirlo.

De igual forma, en materia de impuestos especiales propone una rebaja en el gasóleo profesional y agrícola. En concreto, propone bajar de 0,096 euros por litro a 0,021 el impuesto de hidrocarburos de gasóleo para usos especiales, disminuido actualmente a 0,033, por lo que ve algo más de margen.

En el caso de los transportistas, ya tributan por el mínimo de 0,33 euros por litro y proponen plantear a la Comisión Europea que autorice por debajo, así como activar la exención del artículo 14.1 de la directiva de 2003 para todo tipo de hidrocarburos destinados a la producción de energía eléctrica, y no solo a los gaseosos como en la actualidad. Insta también a la reapertura del gas Magreb-Europa.

Otra de las propuestas pasa por utilizar los remanentes de en torno a 1.500 o 1.700 millones de euros no gastados del real decreto de solvencia empresarial del Gobierno dotado con 7.000 millones para poner en marcha ayudas directas, pero cambiando su sistema de asignación ante el «fiasco» de las convocatorias, pues que solo Baleares y Canarias lograron agotar los recursos, las dos regiones que vieron flexibilizados los trámites.

Incentivos fiscales a cargo de los fondos europeos y reducir gasto público

El PP incluye medidas también para agilizar la ejecución de los fondos europeos, proponiendo transformar en créditos fiscales, créditos monetizables u otras figuras unos 4.900 millones de euros (el 7% de los fondos Next Generation UE) que ahora actualmente están planteados en forma de ayuda para acelerar la llegada.

Esto sería adicional a la rebaja de impuestos de hasta 10.000 millones, si bien se financiaría con esos fondos europeos, sin coste por tanto para las arcas públicas españolas. En el PP alertan de que estos recursos no están llegando al tejido productivo y las familias y piden acelerarlo para transformación digital, la consecución de la eficiencia energética, y el fomento de la cohesión social y territorial, entre otros.

En el caso de las familias, la ayuda extraordinaria a la “cohesión social” que propone el PP podría canalizarse hacia los trabajadores, aumentando su renta disponible, estableciendo, mientras la inflación media anual supere el 3,5%, una deducción extraordinaria y temporal de los gastos/inversiones incurridos para obtener rendimientos del trabajo o de actividades económicas (ejemplo: cuota conexión a internet, gastos de transporte público, gastos del teletrabajo, …) o de cualquier inversión en capital humano de los integrantes de la unidad familiar (formación en competencias digitales, idiomas, actividades extraescolares, etc..) con el límite de 500 euros por trabajador.

En el caso de las empresas, la ayuda extraordinaria a la “cohesión económica, el empleo, la productividad y la competitividad” duraría mientras la inflación media anual supere el 3,5%, y se concretaría en una deducción extraordinaria y temporal de un porcentaje de las inversiones conducentes a mejorar la eficacia y eficiencia de sus procesos de producción (por ejemplo, la adaptación a exigencias legales relacionadas con la transición ecológica, la incorporación de la facturación electrónica, la ciberseguridad, la capacitación digital, la automatización de procesos, la nube, el software de gestión, contratación de personas en situación de vulnerabilidad… etc.), con límite en la cuota íntegra en el Impuesto sobre Sociedades.

Igualmente, el plan incluye medidas para reducir el elevado gasto público y la carga burocrática, de forma que se implante la idea en las administraciones de «sacar lo máximos recursos con lo mínimo». Aunque sin cuantificar, el PP se hace eco del estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ de CEOE, que ve margen para reducir en 60.000 millones el gasto público superfluo sin necesidad de reducir los servicios públicos.

Desde el PP critican que el Gobierno tenga 22 ministerios y le reclaman «gestos» reduciendo departamento, coches y asesores, así como racionalizar el gasto energético de los edificios públicos y acelerar los pagos para reducir los intereses que las administraciones abonan por su demora, en línea con lo implementado en Andalucía.