Fedea urge al pacto de rentas: subir pensiones y salarios públicos por debajo del IPC
Fedea avisa de un "posible estancamiento incipiente" en la economía tras el estallido de la guerra de Ucrania y la crisis energética
La economía española da señales de un «posible estancamiento incipiente» y por ello la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) urge a alcanzar un Pacto de rentas a nivel nacional que conlleve la actualización de las pensiones y del salario de los empleados públicos por debajo de la inflación, así como evitar ayudas generalizadas.
Este es el mensaje principal del número especial de su boletín dedicado a la crisis de Ucrania, en el que pide un Pacto de Rentas a nivel nacional que incluya a pensionistas y empleados públicos para repartir los costes de la crisis, toda vez que la semana pasada CEOE y sindicatos paralizaron las negociaciones para la subida salarial en el marco del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) por sus diferencias.
En su análisis Fedea avisa de que el incremento de los precios de las importaciones comporta un «empobrecimiento» del país importador, al ver reducida su renta por comprar los productos extranjeros que necesita, algo que se acaba generalizando al conjunto de la economía en la medida que los sectores más intensivos de los bienes importados trasladan los mayores costes a los precios de sus productos.
Además, los trabajadores tratan de recuperar el poder adquisitivo, con riesgo de «espiral inflacionista de precios y salarios», por lo que Fedea pide negociar un «amplio Pacto de rentas», es decir, un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, apoyado por los principales partidos políticos, para repartir los costes de la crisis ucraniana de la forma más equitativa posible entre toda la sociedad.
Pensiones y salarios ligados a la inflación subyacente y reconsiderar el cierre de nucleares
Su propuesta pasa por mantener el crecimiento de los salarios y las pensiones, con la posible excepción de las mínimas, por debajo de la inflación general, tomando «quizás» como referencia la inflación subyacente (excluye elementos volátiles como la energía o alimentos no elaborados), o el resultado de restar de la inflación general el shock de precios a la importación acumulado durante el último año.
En el caso de las empresas, considera que el objetivo debería fijarse en términos de la variación de los márgenes empresariales con respecto a sus niveles previos a la crisis, y no en términos de un objetivo uniforme de crecimiento de los precios, pues estos tendrían que crecer a ritmos distintos entre sectores en función del peso en sus costes de la energía y materias primas afectadas.
El pacto debería incluir también, a su juicio, ayudas extraordinarias de carácter transitorio a las familias de menor renta y a los sectores más afectados, en línea con las anunciadas hasta el momento, pero no generalizadas. «La ausencia de un pacto tendría consecuencias mucho peores pues haría más probable una cronificación de la inflación que reduciría la competitividad internacional de España y el valor real de buena parte de los ahorros, todo ello sin evitar la pérdida citada de renta real, que se repartiría además de forma desigual, en función del poder de mercado y la capacidad de presión de las empresas y colectivos de trabajadores», alerta.
También propone reconsiderar el calendario de cierre de las centrales nucleares y modular el esquema de desacoplamiento de los precios del gas y electricidad para mantener incentivos razonables para la inversión en nueva capacidad de generación renovable y para el ahorro energético por parte de empresas y familias.
«Posible estancamiento incipiente» de la economía
El análisis explica que el canal más importante de transmisión de los efectos económicos de la invasión de Ucrania hacia otros países ha sido hasta el momento el fuerte incremento de los precios en los mercados internacionales de energía y otras materias primas esenciales, con un alza desde la segunda mitad de 2020, disparado en el segundo semestre de 2021 y agudizado en lo que va de 2022.
Fedea constata un «fuerte shock negativo de oferta que reduce la renta neta del país y pone presión al alza sobre sus precios». Al concentrarse la subida de precios en la energía, se produce un aumento generalizado de los costes de producción que desplaza las curvas de oferta sectoriales hacia arriba, empujando al alza los precios y a la baja la producción, el empleo y los márgenes empresariales. «El nuevo shock, por tanto, vendrá a dificultar la recuperación del anterior, reduciendo la tasa de crecimiento esperada de la economía, como ya empiezan a recoger las previsiones», alerta.
En relación con la evolución del empleo nacional, apunta que por el momento «no se ven señales claras de una desviación importante sobre el patrón estacional habitual de clara mejora durante la primera mitad del año», pero sí «algún indicio de una cierta ralentización del crecimiento de la ocupación asalariada efectiva durante el primer cuatrimestre del año». Esta variable se construye restando de los trabajadores por cuenta ajena
que están afiliados a la Seguridad Social el número de trabajadores afectados por ERTE.
Otro indicio de un «posible estancamiento incipiente», añade Fedea, sería la fuerte caída de la tasa de crecimiento intertrimestral del PIB real (desde el 2,2% hasta el 0,3%) que se detecta en el reciente avance de la Contabilidad Trimestral del INE para el primer trimestre, aunque sólo en los datos corregidos por calendario y estacionalidad y no en los brutos. En el conjunto de la Eurozona se observa una situación similar.