Fedea carga contra el Gobierno por el impuestazo a bancos y energéticas: «Es motivación electoral»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) critica duramente las últimas medidas fiscales del Gobierno y las considera “poco meditadas, técnica y legalmente problemáticas, con una fuerte motivación ideológica y clara motivación electoral”. 

En concreto, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha explicado en la presentación del nuevo boletín de seguimiento de la crisis que la proposición de ley de la coalición de Gobierno sobre los nuevos gravámenes a ciertos bancos y empresas energéticas “ha superado las peores expectativas”.

“El texto renuncia incluso a ligar los nuevos gravámenes con la cuantía de los supuestos beneficios extraordinarios que en principio los justifican, convirtiéndolos así en exacciones claramente arbitrarias desde cualquier perspectiva que tienen muy mal encaje en un estado de derecho.”, afirma. 

Por ello Fedea considera que si la proposición de ley se aprueba sin cambios de calado se sentará “un precedente muy preocupante” que permitirá a gobiernos futuros “asignar a dedo a sectores específicos cargas o exacciones de cuantía muy significativa”, dejando en papel mojado en el ámbito fiscal los principios constitucionales de igualdad y de interdicción de la arbitrariedad. 

En este sentido, Fedea pide retirar la propuesta y tramitar un nuevo texto adecuado a lo establecido en la reciente propuesta de reglamento europeo en el que se gravan solo ciertas empresas energéticas y se liga a sus beneficios extraordinarios en vez de a los ingresos. 

“Guerra de guerrillas fiscal” entre regiones por el impuesto a las grandes fortunas 

También plantea problemas legales y políticos el anunciado impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, cuya introducción parece, según Fedea “estar motivada fundamentalmente por el deseo de imponer a ciertas comunidades autónomas las preferencias tributarias del actual Gobierno central”. 

Fedea anticipa que las CCAA podrían seguir la misma estrategia que el Gobierno central y tomar medidas que traten de anular en la práctica los efectos de las disposiciones estatales. “Se abriría así una guerra de guerrillas fiscal entre administraciones que no beneficiaría a nadie”, afirma. 

Rebaja IRPF “claramente mejorable” 

Al contrario que las anteriores, Fedea considera que la rebaja del IRPF para las rentas bajas sí va en la dirección correcta porque «ayuda a sostener las rentas de los hogares más vulnerables» sin debilitar las señales de precios que incentivarían los ajustes que exige la nueva situación energética.

Sin embargo, critica que la forma elegida para instrumentar la rebaja es «claramente mejorable» al optarse por actuar a través de la reducción de la base imponible por rendimientos del trabajo, incrementando su cuantía y elevando el umbral para su desaparición. «Se potencia así un beneficio fiscal de muy cuestionable diseño que eleva el tipo marginal efectivo de gravamen hasta el 60% para un tramo de renta en torno a los 20.000 euros, lo que no parece muy lógico», explica De la Fuente.

Eliminar la subvención universal de los carburantes 

Sobre el resto de medidas, Fedea subraya que se deben “eliminar” las subvenciones energéticas de carácter directo y universal “por su elevado coste y sus negativos efectos de incentivación del consumo mediante una reducción artificial de los precios que no resuelve el problema subyacente”.

También sostiene que convendría reconsiderar la gratuidad total de ciertos transportes públicos, aunque manteniendo niveles elevados de subvención, e introducir en las ayudas selectivas cláusulas que incentiven el ahorro energético, en línea con lo que se ha hecho en la nueva tarifa de último recurso de gas natural para las calderas comunitarias, en la que el descuento se limita a un consumo no superior a la media de los últimos cinco años, estableciéndose un recargo del 25% por encima de ese nivel.

De esta forma, considera que el margen disponible para la reorientación de las medidas paliativas ante la inflación es “muy considerable” ya que, según los cálculos de Fedea, las rebajas de los impuestos y cargos eléctricos y la bonificación a los carburantes tendrán un coste total cercano a los 17.000 millones de euros durante 2022. “Esta suma permitiría financiar ayudas directas muy importantes a los hogares de rentas bajas y medias sin distorsionar las señales de precios que incentivan el ahorro de energía y la inversión en renovables”, remarca Fedea.