Fedea avisa: la reforma de pensiones de Escrivá «condena» al sistema a un «déficit elevado»

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha lanzado una advertencia acerca de la segunda fase de la reforma de las pensiones que el Gobierno quiere emprender. A ojos de la fundación dirigida por Ángel de la Fuente, la batería de medidas contempladas en el marco de la reforma serán insuficientes para devolver el equilibrio al sistema público de pensiones. De hecho, tal y como ha concretado, en 2050 será necesario inyectar de forma anual los recursos económicos equivalentes a 4,5 puntos del PIB.

Así lo ha trasladado a lo largo del informe Los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones: un balance provisional, donde la organización ha hecho alusión a las principales medidas incluidas dentro del acuerdo para cerrar la segunda pata de la reforma de las pensiones, a la vez que ha cuantificado el impacto que tendrá su puesta en marcha sobre los ingresos y gastos del sistema público.

La reforma deja «poco margen» para «otras prioridades»

«¿Son suficientes las medidas que acabamos de analizar para garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones contributivas?», pregunta el documento para después afirmar con contundencia que la respuesta es negativa. En este sentido, ha advertido que, esta reforma condena al sistema «a un déficit básico elevado y rápidamente creciente» a lo largo de las próximas décadas.

Un contexto que exigirá «cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades», que ha ejemplificado en la sanidad y la dependencia, que además tendrán «necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población», ha recogido la fundación en las conclusiones que ha dado a conocer.

Impacto de las medidas de la reforma

Una de las medidas analizadas en el informe es el destope progresivo de la base máxima de cotización, una iniciativa que tendrá como consecuencia que la pensión máxima suponga el 60% de la base de cotización en 2050, en lugar del 80% que supone en 2023. Así, tras la puesta en marcha de esta medida la recaudación por cotizaciones sociales ascendería un 0,15% del PIB en 2050.

Si además se suma los recursos adicionales obtenidos por la cuota de solidaridad, con un 0,13% del PIB, los ingresos extra por estas dos medidas supondrían el 0,28% del PIB. Sin embargo, tal y como alerta el documento, este importe supondría «solamente una fracción de la cantidad necesaria para eliminar el déficit previsto del sistema».

Asimismo, calcula los efectos del aumento del tipo del recargo del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que pasará progresivamente del 0,6% al 1,2%, lo que permitirá aportar al final del periodo transitorio recursos por el 0,4% del PIB.

Periodo de cómputo de la pensión

Fedea también se pronuncia en el documento sobre la propuesta de elección del periodo sobre el que se calcula la cuantía de la pensión, en el que los pensionistas podrán elegir entre el que hay ahora, los últimos 25 años de cotización, o bien, un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Por tanto, el periodo de cálculo se mantendrá en 25 años si no resulta más beneficioso tomar un total de 27 años, es decir, 29 años menos los dos peores.

Para la organización, el procedimiento «dual» de cálculo no es un buen método, ya que “renuncia en la práctica a cualquier ahorro derivado del alargamiento del período de cómputo”. Además, dado que solo «optarán por el período de cómputo más largo aquellos que con él percibirán una pensión más alta», el gasto se verá incrementado.

«Puesto que durante 20 años se permitirá a cada nuevo jubilado elegir entre ella y el sistema actual según le convenga, el efecto neto de la reforma será necesariamente un incremento del gasto durante varias décadas, aunque de una magnitud difícil de precisar», insiste el análisis.

Desfase entre los ingresos y gastos del 4,5%

Tal y como recoge el documento, se deberá añadir el incremento del gasto en pensiones que supondrá la derogación de la reforma impulsada en el año 2013 por el Partido Popular. Un coste que se supondrá, según los cálculos del think tank, entre 3,2 y 4,7 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) a partir de 2050, a causa de la eliminación del factor de sostenibilidad, pero también de la vuelta de la revalorización de las cuantías acorde a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

El desfase entre ingresos y gastos equivale al 60% de la recaudación por el IRPF

En contraposición, la reforma impulsada por el Gobierno liderado por Pedro Sánchez solo aportaría unos ingresos adicionales de en torno al 0,68% del PIB. Si bien, cabe remarcar que este porcentaje podría escalar hasta el 1% con la reforma de la cotización de los autónomos y los incentivos para alargar la vida laboral. También habría que sumar nuevos gastos no cuantificado por los complementos de brecha de género o el cambio en pensión inicial.

Con todo, según los datos aportados por el informe, aún faltaría por financiar el importe equivalente a 2,5 puntos anuales el PIB. Si se suma esta cuantía, al déficit inicial, que asciende a 1,3 puntos del PIB, así como el incremento del gasto esperado en pensiones hasta 2050, que correspondería a 0,7 puntos del PIB, la consecuencia sería un desfase entre ingresos y gastos del 4,5% del PIB a partir de ese año, lo que equivale al 60% de la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Reforma de las pensiones

El Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse para tratar los temas pendientes de la segunda fase de la reforma de pensiones tras la propuesta que les presentó el pasado viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el aval de la Comisión Europea y de Unidas Podemos.

Si bien los sindicatos remarcaron que esperaban más ambición en algunas medidas, avanzaron que su valoración de la propuesta del Ejecutivo era positiva. No obstante, CEOE, Cepyme y ATA rechazaron de forma «frontal» la reforma planteada por el Gobierno. Pues, tal y como denunciaron, la propuesta no solo muestra una «voracidad recaudatoria» y «populista», sino que también «socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales» con los sindicatos.