Fedea alerta: la propuesta de Escrivá para pensiones es insuficiente para cubrir la subida del IPC
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada cree que el aumento de las bases máximas de cotización es un "impuesto oculto muy distorsionante" que no debería aplicarse
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante una sesión de control del Gobierno en el Congreso en Madrid. EFE/ Mariscal.
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) manifiesta su preocupación por las reformas del sistema de pensiones encuadradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y pone en duda la sostenibilidad financiera del sistema. Según Fedea, el gasto derivado de ligar la revalorización de las pensiones al IPC aprobado en la primera parte de la reforma no se verá compensado por las últimas medidas propuestas por el Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para la segunda fase de la reforma.
El director de Fedea, Ángel de la Fuente, que firma el documento, detalla que el ahorro y mayor recaudación que se produciría de elevar el periodo de cálculo de la pensión a 30 años y de destopar parcialmente las cotizaciones sociales «está muy por debajo de lo necesario» para compensar unas revalorizaciones elevadas, del 8,5% en 2023, según la inflación media entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Un aumento que, según el propio Gobierno, supondrá «en torno a 3,5 puntos de PIB en 2050».
Fedea estima que el impacto de ampliar el periodo de cómputo podría ser «una ligera reducción de la pensión media inicial» de los futuros jubilados, algo que ayudaría a reducir en parte el gasto en pensiones, «pero solo de forma muy modesta». «El ahorro en 2050 se situaría como mucho en el 0,3% del PIB«, explican. Por otra parte, aumentar las bases máximas de cotización supondría mayor recaudación, pero «tampoco resolvería los problemas de sostenibilidad del sistema» pues, según Fedea, aportaría «como mucho un 0,15% del PIB» en nuevos ingresos cuando se complete en 2050. Entre las dos medidas suman en torno al 0,45% del PIB en 2050 frente al 3,5% al que asciende revalorizar las pensiones con el IPC.
Un «impuesto oculto»
Por otra parte, Fedea considera que aumentar las bases máximas de cotización con el IPC de cada año más un incremento anual adicional fijo de 1,154 puntos porcentuales, según propone Escrivá y aplauden los sindicatos UGT y CCOO, es «potenciar un impuesto oculto y muy distorsionante» que, en su opinión, no debería formar parte del esquema de financiación de la Seguridad Social.
En este sentido, creen que es una «exacción monetaria sin contrapartida alguna», a pesar de que Escrivá también propone incrementar las pensiones máximas según el IPC más el 0,115%, y que tiene «una estructura poco equitativa» por aplicarse con tipos de gravamen muy elevados sobre una base «limitada y arbitraria de rentas intermedias del trabajo». Por ello, urgen a eliminar esta medida y reemplazarla por, por ejemplo, «un recargo proporcional de solidaridad sobre la cuota del IRPF» lo que, según Fedea, aseguraría un reparto equitativo de los costes no puramente contributivos del sistema de protección social entre una base más amplia de contribuyentes.
Esta parte de la segunda fase de la reforma de pensiones es considerada por los sindicatos como «la medida principal que hay que adoptar», mientras que la CEOE se niega a acordar cualquier medida nueva que incremente los costes laborales de las empresas y ya estuvo en contra del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2023.
Más allá de las posiciones encontradas y del complicado acuerdo tripartito en pensiones, el Gobierno de España pactó con la Comisión Europea, entre otras medidas, la «adecuación de la base máxima de cotización del sistema» y una modificación de la pensión máxima para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que es una reforma que tendrá que terminar efectuándose y que, de hecho, debería haber sido aprobada antes de terminar 2022.
