Fedea critica el «intervencionismo político» y la desprotección de los planes de pensiones de Escrivá
Fedea denuncia la "inequidad regulatoria y fiscal" de la ley de impulso de los planes de pensiones de empleo y el "intervencionismo político" y la "discriminación preocupante" que puede generar la nueva regulación
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y MIgraciones, José Luis Escrivá. EFE
El proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo llegó a finales de febrero al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria pero ha despertado la crítica de organizaciones y organismos por los parámetros recogidos y la reducción de los beneficios fiscales de los planes individuales en aras de potenciar los planes de empleo, que puede dar lugar a «intervencionismo político» y «desprotección preocupante» de parte de la población.
Así lo advierte la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un análisis elaborado por el director de la institución, Ángel de la Fuente, en el que, una vez aprobada la primera fase de la reforma del sistema público de pensiones a finales de 2021, analiza la actividad legislativa en este ámbito que ha pasado a centrarse en los sistemas de previsión social complementaria con un proyecto de ley que modifica la actual ley reguladora de fondos y planes de pensiones y la ley del IRPF.
Aunque De la Fuente valora el objetivo de reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones (planes de pensiones de empleo), poco desarrollado en España, considera que la estrategia adoptada para conseguirlo resulta «cuando menos cuestionable» al haberse optado por reforzar los planes de pensiones de empleo a expensas de los planes individuales, concentrando en los primeros los incentivos fiscales al ahorro previsional en detrimento de los segundos.
«Inequidad regulatoria y fiscal» e «intervencionismo político»
En su análisis, De la Fuente argumenta que la asimetría de trato entre ambos tipos de planes de pensiones (de empresa e individuales) plantea serios problemas, supone una «inequidad regulatoria y fiscal y no está claro que aporte grandes beneficios», por lo que convendría corregir el tiro y dar un tratamiento «más equilibrado» a dos instrumentos complementarios que «siguen siendo necesarios para cubrir distintos segmentos de la población».
De igual forma, advierte de que la norma concentra un «excesivo poder sobre los planes de pensiones de promoción pública en manos de dos comisiones dominadas por el Gobierno y con un mandato poco claro en materia de criterios de inversión», lo que podría dar lugar a un «cierto intervencionismo político» en la asignación de un componente potencialmente importante de los flujos de ahorro que sería «muy poco recomendable».
En concreto, se refiere al elevado peso del Gobierno, y especialmente del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, en la comisión (única) de control de tales fondos, en la que también estarían presentes los principales sindicatos y organizaciones patronales.
Desprotección «injustificada y preocupante»
Uno de los grandes problemas que plantea el proyecto de ley a juicio de Dela Fuente es que podría dejar desprotegida a una parte potencialmente importante de la población, que quedaría sin acceso a instrumentos competitivos de ahorro previsional, al menos durante algunos años, mientras el sistema de empleo se extiende y se perfecciona su regulación.
A pesar de que en principio el texto busca justamente lo contrario, incluyendo entre sus objetivos centrales el de ampliar la cobertura de la previsión social complementaria “a colectivos de trabajadores sin planes de pensiones de empleo en sus empresas o autónomos”, Fedea avisa de que en su redacción actual el proyecto podría tener el efecto contrario, especialmente en el caso de los trabajadores asalariados.
«Nada garantiza que sus empresas pasen a estar cubiertas en un tiempo razonable por planes de pensiones de empleo, de promoción pública o no, y mientras tanto ven muy limitada su capacidad de ahorro a través de planes individuales«, denuncia Fedea, alertando de que lo mismo podría suceder con los autónomos, si bien en este caso el texto incluye algunas provisiones específicas que tienden a hacerlo algo menos probable.
Por todo ello, Fedea alerta de que «dada la importante diferencia de tratamiento fiscal entre los planes de empleo y los personales, la posible falta de acceso a los primeros de parte de la población constituiría una discriminación injustificada y preocupante«.
