Fedea alerta del riesgo de que los ERTE posCovid financien empresas inviables

El Gobierno remitió el pasado 30 de abril a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con 212 reformas e inversiones. que permitirán canalizar los 140.000 millones de euros que le corresponden a España de los fondos europeos de reconstrucción hasta el año 2026.

En el extenso documento se incluyen los detalles de las inversiones y las reformas estructurales, algunas con mayor o menos grado de detalle, entre las que figuran tres de las más relevantes y mediáticas, como son las de pensiones, la fiscal y la del mercado laboral, y es en ésta última se contempla la creación de unos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de carácter estructural desde el año 2022.

El Ejecutivo aprobó recientemente la prórroga hasta el 30 de septiembre de los ERTE tras una difícil negociación con patronal y sindicatos y prepara ya el mecanismo de flexibilidad que siguiendo el patrón de los ERTE se quedará de forma estructural más allá de la pandemia como vía de flexibilidad interna para las empresas y como recurso para evitar despidos.

Incentivos «perversos» y financiación a empresas no viables

Aunque este mecanismo de flexibilidad interna, sin entrar en detalles, ha sido solicitado tanto por empresarios como por los sindicatos, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) advierte en un documento sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por la comisión del Grupo de Trabajo Mixto Covid-19 (GTMC) dedicada al seguimiento del plan sobre los posibles riesgos que puede suponer el nuevo mecanismo estructural.

El documento señala, al igual que sobre otros puntos del Plan de Recuperación, que la propuesta de los ERTE estructurales «plantea muchas dudas», a pesar de que valora la intención de establecer mecanismos para amortiguar el impacto de caídas cíclicas o extraordinarias de la demanda, facilitando el acceso a las pymes y fortaleciendo el papel de la formación.

Sin embargo, advierte de que la aplicación de los ERTE fuera de la pandemia puede generar incentivos perversos y un riesgo cierto de financiación de empresas no viables, por lo que enfatiza que la creación de mecanismos permanentes de flexibilidad interna negociada es «bienvenida» pero estos han de ser «diseñados cuidadosamente y no deberían ser motivo para endurecer la regulación de los despidos».

Nuevo esquema estructural desde 2022 con fondo tripartito

Lo que tiene previsto el Ministerio de Trabajo es acometer una reforma para incorporar al Estatuto de los Trabajadores dos nuevos mecanismos de ajuste de empleo previstos en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, que pasan por un sistema de estabilización económica y por un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición.

En cuanto al primero, el sistema de estabilización económica proporcionará flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, con un foco especial en la formación de los trabajadores y consiste en la reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, para reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad.

Con este mecanismo se busca “minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa y facilitando la reactivación del trabajador cuando termine el shock, y reducir la elevada temporalidad del mercado
laboral español”.

Para garantizar la financiación del nuevo mecanismo de regulación temporal de empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad, se establecerá un fondo tripartito, cuyo funcionamiento se decidirá en el diálogo social, que permita destinar del excedente de las cotizaciones sociales por desempleo logrado en las fases alcistas del ciclo económico a financiar los déficits en las fases recesivas, cuando caen los ingresos y aumenta el gasto.

Este mecanismo tripartito se nutrirá, entre otras posibles contribuciones, del exceso de cotizaciones sociales que realizan las empresas y los trabajadores, así como de la aportación del Estado al presupuesto del SEPE en la medida que sea necesario, de acuerdo con el diseño final que se haga del instrumento. Además de esta aportación al SEPE para el pago de prestaciones, el Estado también puede participar mediante las exenciones en las cotizaciones sociales de las empresas tal
y como se ha hecho en la crisis actual. Las contribuciones adicionales del Estado se podrán financiar mediante recurso a los préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation.

Falta de concreción y ambición del Plan de Recuperación

Más allá de los mecanismos estructurales de flexibilidad interna, Fedea recopila en el documento de forma resumida las 212 reformas e inversiones y a lo largo del mismo apunta a las sombras del Plan de Recuperación al detectar en varios de sus puntos «falta de concreción y detalles», grandes objetivos pero poco precisos e incluso falta de ambición en alguna de las principales reformas.

 Unión Europea anunciará la semana que viene si aprueba los primeros planes de recuperación para salir de la crisis causada a raíz de la pandemia de la Covid-19. Entre los 5 primeros países que recibirán noticias de la Comisión Europea se encuentra España.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hará una gira Europea para anunciar la decisión de Bruselas sobre los planes de recuperación la próxima semana, por la que recalará el miércoles en España, uno de los primeros países que previsiblemente recibirá el visto bueno, junto a Portugal. Posteriormente se trasladará a Luxemburgo, Dinamarca y Grecia.

Por partes, sobre el componente 23 del Plan referido a al programa de reformas del mercado laboral el grupo de expertos considera que es un «compendio de buenos propósitos pero adolece de falta de concreción en muchas de las medidas planteadas» y ve «difícil» que se puedan alcanzar acuerdos con los agentes socialas en materias clave como la futura regulación de la negociación colectiva.

En este sentido, resalta que el documento no establece prioridades claras y no todas las medidas propuestas se basan en las recomendaciones del Semestre Europeo, puesto que, en concreto, el Gobierno plantea una reforma de los pilares básicos de la negociación colectiva resultantes de la reforma laboral de 2012, mientras que «las recomendaciones, validadas por todos los Estados Miembros, desaconsejan una posible contrarreforma sin una evaluación previa de los efectos de la reforma anterior».

En la misma línea, muchos miembros del Grupo serían contrarios a dar marcha atrás en la reforma laboral en temas como la ultraactividad o la prevalencia de los convenios sectoriales, mientras que si necesario simplificar el menú de contratos, aunque cree que no es suficiente para erradicar la dualidad.

«La reforma no está exenta de riesgos -una regulación excesivamente rígida podría afectar negativamente al empleo – y se deberían plantear medidas adicionales que reduzcan las diferencias entre trabajadores fijos y temporales en indemnizaciones y seguridad jurídica y obliguen a las empresas a internalizar los costes de la rotación», sostienen los expertos.

Fedea aumentar cotizaciones a empresas que abusen de la rotación laboral

Sobre otros puntos de la reforma laboral, apuna que las propuestas en materia de políticas activas van en la dirección correcta, pero los planteamientos en materia de empleo joven «carecen de ambición y no abordan los problemas de acceso al empleo de este colectivo.

Los expertos piden en materia laboral una visión más «holística» y plantean para aumentar la movilidad geográfica de los. trabjadores un mejor funcionamiento del mercado del alquiler y facilitar el acceso a una vivienda de los jóvenes, así como, para combatir la dualidad, un sistema de «bonus-malus’ que eleve las cotizaciones sociales de las empresas que presenten un exceso de rotación laboral con respecto al promedio de su sector.

Igualmente, aboga por un fondo de capitalización con aportaciones de la empresa a la Seguridad Social por cada empleado (podría usarse para pagarse una parte de la indemnización por despido); (iii) Contrato único con indemnizaciones crecientes con la antigüedad. 

Pensiones: no se elimina el déficit y se minusvalora el problema de sostenibilidad

Respecto al componente 30 del plan, referido a la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo, lamenta que el plan no establece mecanismos de ajuste automático de las pensiones ante cualquier escenario demográfico y económico futuro, ni medidas alternativas equivalentes en términos de ahorro del gasto a la derogación del factor de sostenibilidad y del IRP, «ni plantea una reforma integral y gradual que elimine el déficit actuarial de las nuevas pensiones».

Sobre el término separación de fuentes los expertos señalan que resulta «discutible» en el contexto de la propuesta pues «es muy cuestionable que el grueso de los gastos citados como impropios lo sean realmente» y su clasificación como tales tiende a dar una imagen distorsionada de la situación real de las finanzas del sistema público de pensiones, minusvalorando sus problemas de sostenibilidad».

En la práctica, explica el documento, el plan propone que el déficit del contributivo sistema público de pensiones (2,7% del PIB en 2020) se financie con cotizaciones por desempleo y trasladando algunos gastos propios al Estado. Además, avisa de que tenderá a elevar la presión existente para seguir aumentando su generosidad.

Otras cuestiones fundamentales que «quedan en el aire» son el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional y la duración propuesta para el período de cómputo de las pensiones, señala el documento.

Más allá de los desincentivos a la jubilación anticipada, los expertos sostienen que para que la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal sea eficaz para reducir el déficit de pensiones, se requiere que la edad legal aumente en línea con la esperanza de vida. «Es muy improbable que variaciones en la edad de jubilación generadas a través de incentivos y desincentivos monetarios generen ahorros sustanciales para el sistema», señala.

Igualmente, el grupo de expertos valora la propuesta de que los autónomos coticen por sus ingresos reales, pero cree que sería aconsejable mantener una base mínima de cotización igual a la de los trabajadores asalariados por motivos de equidad horizontal. En su ausencia, «los autónomos tendrán acceso a una pensión mínima con pagos muy inferiores a los de los asalariados con ingresos similares».

La falta de detalle de la reforma fiscal

En lo referido a la parte fiscal del Plan de Recuperación, recogida en el componente 28 del Plan, el grupo de expertos de Fedea señala que es «poco concreto», al no especificarse, por ejemplo, los beneficios fiscales que se quiere evaluar, y cuestiona que el Gobierno plantee una reforma del sistema tributario que suba la presión fiscal a niveles semejantes a los de la media europea, lo que «no debería ser un objetivo en si mismo, sobre todo si no viene acompañado por un aumento similar en la eficiencia del sector público».

Además, censura que el plan no da detalles de las propuestas más allá de mencionar ajustes en las exenciones y bonificaciones de algunos impuestos, la adaptación a la economía digital y la transición ecológica, con la creación de nuevos impuestos, o el reforzamiento de la lucha contra el fraude fiscal.

Añade también el grupo de expertos que el Plan de Recuperación plantea un calendario ambicioso para la reforma fiscal, ya que se prevé que entre en vigor durante el primer trimestre de 2023, mientras que el informe del grupo de expertos habría de entregarse en marzo de 2022. «

El reducido margen que se da el Gobierno (menos de un año) para aplicar las recomendaciones del informe, y el calendario electoral con elecciones regionales y municipales en mayo de 2023, pueden hacer que la reforma termine no siendo muy ambiciosa«, avisan.

A ello que se suma que, aunque las medida a corto plazo son de «escaso potencial recaudatorio», elevan la carga tributaria de empresas y familias, lo que «en un entorno económico como el actual quizá no sea lo más adecuado». De otro lado, en materia medioambiental las figuras propuestas deberían armonizarse con la imposición autonómica, evitando duplicidades de
gravámenes y distorsiones que afecten a los objetivos.