Facua exige a la CNMC que identifique a las eléctricas que han inflado sus precios

La organizaciĂłn de consumidores reclama saber la identidad de los infractores y presiona al ministro de Unidas Podemos, Alberto GarzĂłn, para que interponga sanciones

Un grupo de personas se manifiesta en Valencia en contra de la nueva tarifa eléctrica por tramos que ha puesto en marcha el Gobierno, que sitúa en la madrugada y los fines de semana las franjas de consumo más baratas. EFE/ Juan Carlos Cárdenas

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La organización de consumidores Facua ha enviado un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que revele públicamente la identidad de las compañías eléctricas que han aprovechado supuestamente los nuevos cambios en el modelo de la factura eléctrica para inflar los precios a sus clientes hasta un 30%.

La CNMC ha alertado este miércoles sobre esta práctica ilegal que ha atribuido solo a un grupo localizado de empresas del sector, pero no ha difundido sus nombres. Ahora, los consumidores exigen conocer quiénes son los responsables para que los clientes puedan reclamar que se les reintegre el dinero que han pagado de más desde el pasado 1 de junio.

«No puede demorar la difusión de estos datos para que los usuarios soliciten la devolución del dinero cobrado de más al no habérseles informado del incremento con antelación», ha remarcado Facua en un comunicado.

La práctica irregular de las compañías ha salido a la luz precisamente en el mismo día en el que el coste de la energía ha alcanzado en España un nuevo máximo histórico de 122,7 euros por megavatio hora, pulverizando todos los récords anteriores. El precio se ha disparado otro 5%, prolongando la crisis energética en España.

Facua exige a Garzón que sancione a las eléctricas

Facua ha tildado de «intolerable» la falta de transparencia en la información difundida por Competencia, que ha puesto el foco sobre una presunta vulneración de la Ley del Sector Eléctrico, pero que no ha aclarado cuántas compañías han participado ni el número de personas que se han visto damnificadas.

La organización de consumidores ha exigido además al ministro de Consumo, Alberto Garzón, que tome medidas para sancionar a las empresas implicadas a través de sus organismos autonómicos y que se plante ante la CNMC para que revele los nombres de las eléctricas implicadas.

El ministro de Consumo, Alberto GarzĂłn. EFE/ RaĂşl Caro./Archivo
El ministro de Consumo, Alberto GarzĂłn en rueda de prensa. Foto: EFE/ RaĂşl Caro./Archivo

Su petición es un punto extra de presión para el diputado de Unidas Podemos, que ya se ha colocado en el centro de las críticas de la oposición por la falta de políticas para paliar el impacto de la subida de la luz en las familias más vulnerables. El PP ha exigido su comparecencia para dar explicaciones sobre la crisis energética y la subida del IPC.

Las eléctricas aprovechan la nueva factura del Gobierno para inflar precios

La polĂ©mica sobre las elĂ©ctricas se ha desatado con la publicaciĂłn de un informe de seguimiento elaborado por la CNMC para conocer  si las compañías habĂ­an cambiado la metodologĂ­a en el cálculo de los peajes de transporte y de la distribuciĂłn de energĂ­a elĂ©ctrica instaurados antes del verano.

El análisis, que se ha centrado sobre 25 comercializadoras del país, ha demostrado que un grupo aislado no ha realizado ningún cambio, lo que se ha traducido en un encarecimiento de la factura. Competencia ha exigido a los implicados que modifiquen finalmente los contratos y que compensen el dinero cobrado de más.

Esta práctica supone una supuesta vulneración del artículo 44 de la Ley del Sector Eléctrico que establece que los consumidores deben «ser debidamente avisados de forma transparente y comprensible de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato«. Un escenario que no se ha producido, según el análisis de la CNMC.

Las elĂ©ctricas se enfrentan ahora a la amenaza de una infracciĂłn grave por la  Â«aplicaciĂłn irregular de precios, cargos o tarifas«, cuando se produzca una alteraciĂłn superior al 10% o que exceda los 30.000 euros, tal y como recoge el artĂ­culo 65 de la normativa. La ley da además a los consumidores el derecho a rescindir su contrato sin penalizaciones cuando se produce una alteraciĂłn de las condiciones.

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