Los expertos dudan de que la reforma de Escrivá haga sostenibles las pensiones

Algunos de los principales expertos en materia de pensiones de organismos como Funcas, Fedea o BBVA Research dudan de la eficacia de la reforma de pensiones del Gobierno para garantizar la viabilidad del sistema en las próximas décadas si no se toman medidas adicionales, como un mecanismo de ajuste adicional del gasto, ampliando el periodo de cálculo de las pensiones o la edad de jubilación.

La revalorización de las pensiones con arreglo al IPC incluida en la reforma es cuestionada por los expertos ante los problemas financieros del sistema, sobre el que avisan de que al déficit estructural del 1,3% del PIB actual se sumará un aumento del gasto de entre 4 y 5 puntos de PIB en las próximas tres décadas, sin que las nuevas medidas vayan a reducir en gran media el gasto.

Estas son algunas de las principales advertencias que realizan los expertos sobre el primer paquete de medidas de la reforma de pensiones con la que busca revalorizar las pensiones con arreglo al IPC y asegurar la suficiencia del sistema de pensiones, que ha conseguido pasar el primer trámite parlamentario.

El Congreso tumbó el jueves la enmienda a la totalidad presentada por el PP contra el proyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social. Aunque el primer aspecto del título de la ley está garantizado el segundo estaría aún lejos de estarlo con las medidas actuales.

Las claves de la reforma

La reforma garantiza que las pensiones en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media anual registrada en noviembre del ejercicio anterior, y en caso de IPC negativo, las pensiones quedarán inalteradas.

La parte más polémica es la derogación en 2021 del factor de sostenibilidad fijado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y que conllevaba un ajuste de las jubilaciones conforme a la esperanza de vida. El Gobierno negocia con los agentes sociales para antes del 15 de noviembre en el diálogo social “un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027”.

Para el saneamiento de las cuentas del sistema de Seguridad Social contempla la separación de fuentes, para lo que el Gobierno está realizando el traspaso de 22.000 millones de gastos impropios (ya van 18.000) de la Seguridad Social al Estado para que sean asumidos en los Presupuestos Generales del Estado, en vez de vía cotizaciones de empresas y trabajadores.

Promueve la jubilación demorada, al aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria. Mejora los incentivos para prolongar la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación con tres tipos de incentivos, a elegir por el trabajador, por cada año de demora: una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas, de hasta 12.000 euros, un porcentaje adicional del 4% en la pensión, o una combinación de ambas opciones.

En paralelo, se penaliza la jubilación anticipada, con unos coeficientes reductores de entre el 2,81% y el 21% en función de los años cotizados. En lo referido a la jubilación forzosa, aquella que se recoge en los convenios colectivos y que obliga a los trabajadores a retirarse quieran o no, se acuerda la prohibición de las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. 

«La probabilidad de que el sistema actual sea sostenible es muy baja»

A pesar de la batería de medidas, los expertos creen que no serán suficientes para reducir en gran medida el gasto agregado en pensiones, al menos a falta de concretarse el mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad de la reforma del PP.

El director de Economía Pública y Bienestar de Funcas, Eduardo Bandrés, explica a Economía Digital que «las reformas aprobadas hasta el momento no han resuelto el futuro déficit que tendría que afrontar el sistema», algo que corrobora el investigador de Fedea, Alfonso Sánchez, al afirmar que «la probabilidad de que el sistema en su forma actual sea sostenible es muy baja».

En este sentido, Sánchez avisa de que sin cambios adicionales los déficits tendrán que cubrirse con subidas de impuestos o reducciones de gasto en otras partidas del Presupuesto. Esto no se produce en la actualidad gracias a la facilidad para emitir nueva deuda a tipos bajos, algo que Sánchez recuerda que depende crucialmente del apoyo europeo, especialmente del BCE, y no es previsible que se mantenga en el tiempo una vez que termine le emergencia económica generada por Covid.

Los expertos señalan que con los principales elementos de la reforma de 2013 del Gobierno del PP de Mariano Rajoy –índice de revalorización de pensiones con una subida del 0,25% en caso de déficit y factor de sostenibilidad que ajustaba la pensión inicial con la esperanza de vida– se habría conseguido encauzar a medio plazo el desajuste de ingresos y gastos.

Déficit estructural del 1,3% del PIB y aumento de 5 puntos de PIB en 30 años

El sistema tiene un déficit estructural en torno al 1,3% del PIB, que actualmente se cubre con aportaciones del Estado, mediante transferencias y préstamos, pero el problema es que las proyecciones demográficas y económicas sitúan el aumento del gasto entre 4 y 5 puntos de PIB en los próximos 30 años, según estimaciones de Funcas.

Las simulaciones de 2018 realizadas por Fedea, aun considerando un escenario de levada inmigración, generaban una estimación del déficit promedio entre 2020 y 2050 de entre el 4 y el 7% del PIB anual en función de diversos escenarios.

Estas cifras corresponden al déficit económico (insuficiencia de ingresos por cotizaciones frente a trasferencias de pensiones -excluidos los complementos de mínimos), si bien Sánchez (Fedea) apunta que este déficit será algo menor en la medida que las penalizaciones a la jubilación anticipada puedan generar una «pequeña reducción del gasto».

Por otra parte, el déficit publicado por la Seguridad Social será menor al incluirse nuevas trasferencias con cargo al presupuesto por gastos considerados “impropios”. Aunque Fedea trabaja en cálculos actualizados, sostiene que la probabilidad de que con la reforma actual el sistema sea sostenible es «muy baja».

La revalorización de pensiones con el IPC, en cuestión

 En este contexto, Bandrés (Funcas) apunta que si las reformas quieren garantizar el poder adquisitivo de las pensiones existentes al vincularlas al IPC, habrá que actuar sobre las reglas de acceso a la jubilación y sobre las pensiones iniciales de los nuevos pensionistas.

En todo caso, considera que si el Gobierno quiere proteger a las pensiones más bajas, la financiación adicional debe proceder de los Presupuestos del Estado. Precisamente esta semana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que las pensiones mínimas y no contributivas subirán por encima del IPC en 2022.

El investigador de Fedea opina que los aumentos por encima del IPC son «difíciles de entender en un sistema con problemas financieros severos», y es que aunque la revalorización general con el IPC es «obviamente deseable», ve preciso entender el esfuerzo que esto supondrá para toda la sociedad, especialmente teniendo en cuenta que, desde la crisis de 2008, los jóvenes han
perdido sistemáticamente poder de compra real frente a los mayores.

Desde BBVA Research señalan que la revalorización de las pensiones con el IPC en sustitución del IRPF aumentará el gasto en pensiones en 2,3 puntos porcentuales del PIB en 2050, de acuerdo a las últimas estimaciones de la AIReF. En ausencia de otras medidas, este mayor gasto irá aumentando el déficit contributivo ya existente, que se espera que alcance el 2,5% en 2023, a pesar de la recuperación.

El Banco de España también ve inviable l subida de pensiones con el IPC y calcula que provocará un aumento del gasto de entre 2 y 3 puntos de PIB hasta 2050, por lo que reclama también medidas complementarias para equilibrar las finanzas del sistema y elevar la edad efectiva de jubilación.

Respaldan las medias sobre jubilación anticipada y demorada

Lo que sí ven más razonable los expertos son las medidas de la reforma dirigidas a penalizar la jubilación anticipada e incentivar el retraso en el retiro para acercar la edad efectiva de jubilación, actualmente en 64, años, a la edad legal de jubilación (66 años en 2021).

Para Bandrés (Funcas), son medidas necesarias y junto con otras que están aún en fase de aplicación, como el aumento de la edad de jubilación, porque «ayudarán a mejorar el equilibrio del sistema». «Se sabe que no son suficientes, por eso habrá que poner en marcha otras medidas», añade al respecto.

Las medidas necesarias: control de gasto

Ante el déficit estructural y la presión del gasto, Sánchez (Fedea) ve razonable introducir mecanismo de control de gasto que trasfieran parte del coste del envejecimiento a los pensionistas para alcanzar un punto intermedio entre la situación en 2013 (todo el ajuste los sufrían los pensionistas) y la situación actual (se intenta proteger a los pensionistas de cualquier ajuste).

En su opinión, se necesitan dos herramientas para este ajuste, que podrían pasar por algo muy parecido al Indice de revalorización de las pensiones del año 2013 para “suavizar” la jubilación de las grandes cohortes de “baby-boomers” y
algo parecido al factor de sostenibilidad para ajustar por cambios seculares en la esperanza de vida.

A este respecto recuerda que el IRP de 2013 podía generar cualquier nivel de revalorización, y no necesariamente el 0.25%, simplemente dotándolo de ingresos adicionales. A largo plazo cree que se requiere algún sistema que ajuste por el aumento de esperanza de vida, similar al Factor de Sostenibilidad de 2013 o, por ejemplo, vía cambios regulares en la edad legal de jubilación.

En Funcas también sostienen que con las actuales proyecciones, tendrá que reducirse la tasa de sustitución de las pensiones con relación a los últimos salarios percibidos, prolongar el periodo para el cálculo de la pensión a toda la vida laboral, aumentar la participación laboral de las edades próximas a la jubilación e incentivar la jubilación demorada.