Los expertos de Montero cerrarán ‘in extremis’ su informe sobre la reforma fiscal la próxima semana

«El texto no está cerrado». Los trabajos del comité de expertos designado por el Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal prevista para el año 2023 se han alargado más de la cuenta tras varios contratiempos y la entrega del primer borrador se ha postergado, de forma que el informe se cerrará ‘in extremis’ la próxima semana y se entregará «a primeros de marzo», toda vez que la fecha límite fijada por el Ministerio concluya el lunes 28 de febrero.

Así lo confirman a Economía Digital fuentes del entorno del comité de expertos, constituido el 12 de abril del año pasado, que se volvió a reunir el jueves en una larga jornada de intercambio de documentos de las distintas ponencias relativas a ámbitos tributarios como la fiscalidad ‘verde’, patrimonial o los tributos para las nuevas realidades económicas, entre otros, pero no logró cerrar el documento definitivo, a pesar de haberse retrasado la entrega del primer borrador al Ministerio de Hacienda prevista inicialmente para finales de enero.

De esta forma, este fin de semana está previsto que «circularán textos» para ir tratando de cerrar el documento, de cerca de 1.000 páginas en este momento, según explican a este medio las mismas fuentes, que señalan que no es seguro que se vuelva a reunir el comité, ya que dependerá de la culminación de los trabajos, pero sí se terminará de rematar el documento en principio esta semana que entra.

Los ‘sabios’ designados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se habían marcado de límite para entregar una versión del denominado Libro Blanco finales de este mes de enero, sin embargo el retraso en los trabajos ante la marcha de dos de sus miembros y la no culminación de los apartados ha demorado el cierre del documento, todo ello entre turbulencias ante la marcha de dos de dos de sus integrantes, los catedráticos de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio y de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri. 

Aun así, los expertos no descartan todavía poder remitir al Ministerio de Hacienda su primera versión de documento en los próximos días con el fin de que el departamento de María Jesús Montero pueda acometer las aclaraciones que considere oportunas, que culminarán, eso sí, dentro del plazo límite del 28 de febrero dado por Hacienda, aunque fuentes del comité hablan de una «entrega a primeros de marzo».

Informe: acotar tipos reducidos de IVA, armonización y subir a grandes patrimonios

El comité, de carácter multidisciplinar con especialistas en el ámbito del Derecho tributario, la Economía y la Hacienda Pública, apenas ha profundizado en los grandes impuestos españoles –IVA, IRPF y Sociedades–, y sus trabajos se han centrado en configurar una panoplia de propuestas variadas.

No obstante, fuentes del comité confirman a este medio que sí habrá comentarios sobre la elevada capacidad recaudatoria del IVA, sugiriendo destinar los ingresos extra para mejorar las ayudas directivas a los más vulnerables, y limitar los tipos reducidos del IVA, ya que España presenta uno de los tipos efectivos (8,8%) más bajos de Europa. También se propondrá poder modificar el límite conjunto en las cuotas de IRPF y Patrimonio que fija que no se puede superar el 60% de la base imponible del IRPF, en línea con lo sucedido ya en Navarra o las disputaciones vascas, donde se ha endurecido al 65%. En la práctica la eliminación de este escudo fiscal supondrá una subida de impuestos a los grandes patrimonios.

“No hay redefinición de bases imponibles ni gravaciones diferentes, solo comentarios generales“ sobre el Impuesto de Sociedades, confirman las mismas fuentes. No obstante, el informe sí pone el foco en el uso de sociedades para la elusión de impuestos. En materia de planificación fiscal se abordan las distorsiones a la hora de establecerse las distintas formas societarias para el tratamiento fiscal, por ejemplo, de un autónomo a la hora de elegir declarar por IRPF por el sistema de módulos o por Sociedades, con las implicaciones fiscales y mercantiles que una y otra opción conllevan.

Las propuestas versan sobre todo sobre armonización de la imposición patrimonial, criptomonedas, transacciones digitales e ‘impuestos verdes’, como subida de carburantes, impuesto a los billetes de avión, gases fluorados o el impuesto de plástico de un solo uso que operará desde 2023, aunque para todos baraja compensaciones y estos planteamientos “no servirán para poder plantear una reforma en profundidad que suponga un revulsivo a todo el sistema tributario actual”, sostienen.

Sobre armonización fiscal, el punto más polémico por el enfrentamiento entre el Gobierno central y el PP, sobre todo la Comunidad de Madrid, el documento de los expertos plantea distintas opciones, entre las que figurarían una fórmula estatal que incluya una compensación a las CCAA que aplican en mayor medida estos tributos por los ingresos que dejarían de percibir o la fijación de una cuota mínima estatal, lo que dejaría margen a las regiones para poder subir los tipos o mantenerlos en el suelo que eventualmente se fijase.

Se baraja la posible introducción de horquillas estos impuestos patrimoniales, pero, a la postre, la armonización limitaría la capacidad fiscal de las CCAA en lo que a los denominados impuestos cedidos se refiere, ya que se obligaría a fijar un tipo suelo en regiones donde se encuentran bonificados en su práctica totalidad, como es el caso de las regiones ‘populares’ de Madrid, Andalucía o Murcia.

Montero avanza «fiscalidad progresiva» en pleno choque con Podemos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo ayer estar «deseosa» de conocer dicho informe, que se conocerá «en menos de 15 días» y servirá de base para la reflexión por parte del Gobierno para una «fiscalidad progresiva», por la que «más contribuyen los que tienen más capacidad» y se garantizan los servicios públicos de Educación, Sanidad y dependencia, habiendo «margen fiscal», como, sostuvo, aseguran los organismos internacionales como el FMI.

Además, defendió que el Ejecutivo es «responsable» y busca la «igualdad de todos los ciudadanos», apuntando que ante el alza de los precios energéticos se han bajado los impuestos de la luz, con una merma de más de 5.000 millones de euros para las arcas públicas entre 2021 y 2022.

La entrega del informe de los expertos se producirá en plena contienda en el seno del Gobierno por la reforma fiscal, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tildase de «inoportuna» la presentación de Podemos de su propuesta fiscal sin haber esperado a las recomendaciones de los expertos.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, replicó después a Montero señalando que lo que le parece «inoportuno» es que en España, en plena recuperación económica, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que las grandes empresas».

Entre las principales propuestas de Podemos para recaudar 29.800 millones figura el aumento de los tipos impositivos del IRPF a los contribuyentes con más de 120.000 euros de renta; sustituir el impuesto de Patrimonio por una tasa a grandes fortunas; aumentar un 10% el impuestos de Sociedades a las eléctricas, un impuesto estatal que grave las viviendas vacías, otro nuevo tributo para gravar los alimentos de mala calidad nutricional y un nuevo marco de fiscalidad ‘verde’. También bajar impuestos a productos de higiene femenina, peluquerías, productos alimentarios, servicios veterinarios y pymes.

Precisamente este jueves el PSOE, con los votos de PP, Vox, Ciudadanos, PNV, PDeCAT, UPN, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y Foro Asturias, tumbó en el Congreso la reforma fiscal de Unidas Podemos. Junts y Teruel Existe se abstuvieron. El grupo de Unidas Podemos había pactado una propuesta conjunta con EH-Bildu, Más País-Equo, la CUP y Compromís, pero no salió adelante al recibir solo el apoyo de ERC y BNG.

La idea del Gobierno en principio pasa por aprobar alguna medida este año pero dejar el grueso de los cambios para los Presupuestos de 2023 –el Plan de Recuperación solo consigna la entrada en vigor de las recomendaciones del comité en el primer semestre de 2023–, año en el que previsiblemente tendrán lugar las elecciones generales, lo que podría complicar la hoja de ruta fiscal del Gobierno.

El PP sospecha de injerencias de Hacienda en el comité

Desde el PP ponen en duda la independencia del comité de expertos a raíz de las informaciones publicadas y ante la evidente “unión” entre el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda y los expertos. Fuentes de los ‘populares’ no descartan injerencias y que desde Hacienda se les haya remitido “papeles enfocados” conforme a las pretensiones fiscales del Gobierno. De cualquier forma, en el PP ven “jurídicametne complicado” que el Gobierno pueda revertir con su reforma fiscal comprometida con Bruselas los impuestos cedidos a CCAA y ayuntamientos.

A su juicio, los expertos “están trabajando al dictado de la inspiración que dijo desde el principio la ministra de Hacienda para cargarse las diferencias entre CCCAA”, algo que combatirán las regiones del PP, tal y como han anunciado ya regiones como la Comunidad de Madrid o Andalucía, según adelantó su consejero de Hacienda en una entrevista en Economía Digital.