El Estado ingresaría 10.000 millones al año con el pago por uso de las autopistas
El Plan de Recuperación contempla que en 2024, España tendrá un nuevo modelo de pago por uso de autopistas y autovías
El ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos./ EFE
La patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan lleva años insistiendo en la necesidad de tarificar la red de carreteras con el objetivo de que dejen de depender de las arcas públicas.
Su argumento es claro, quieren que el mantenimiento de la red de carreteras se financie con los recursos los usuarios y no con cargo a todos los contribuyentes, además calculan que el Estado ingresaría más de 10.000 millones al año de esta manera.
El reclamo se ha vuelto más insistente tras la pandemia, en concreto, por el mayor gasto social derivado de la crisis. No son los únicos que defienden esta medida, también el sector de la conservación y explotación de infraestructuras (Acex) reclama al Gobierno que instaure el modelo de pago por uso de las autopistas para solucionar el déficit de inversión.
Hasta ahora el Gobierno lo había descartado, a pesar de que el mantenimiento de estas vías es muy elevado, sin embargo, ha manifestado en alguna ocasión su disposición a abrir un debate para buscar un consenso político y social, pues considera necesario garantizar la sostenibilidad futura de estas infraestructuras.
Sin embargo, este diálogo nunca llegaba. El escenario ahora es muy diferente, pues atendiendo al Plan de Recuperación que el Gobierno ha enviado a la Unión Europea, en 2024, España tendrá un nuevo modelo de pago por uso de autopistas y autovías, que luego podría extenderse al resto de carreteras.
El plan se presenta ocho meses después de que el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lidera José Luis Ábalos reconociera en un documento (fechado en septiembre de 2020) que su modelo no es sostenible.
Algo de lo que las patronales venían advirtiendo mucho tiempo antes. De hecho, Seopan calcula que el impacto de las reversiones de autopistas este 2021 supondrá un aumento del déficit público de 286 millones de euros.
En concreto, 242 millones de euros por la pérdida de recaudación fiscal y otros 66 millones de euros por el aumento del gasto de conservación. A partir de 2022 contempla un aumento permanente del déficit público anual de 478 millones de euros.
Según explican, las reversiones de 1.097 km de autopistas durante 2019-2021 que gestionan las sociedades concesionarias Europistas (AP1), Aumar (AP7 y AP4), Acesa (AP7, AP2 y B23) e Invicat (C31, C32 y C33) han hecho que aumente el número de kilómetros libres de pago en España y el precio de la factura sea más elevado.
Más de 10.000 millones de ingresos
Asimismo, la patronal estima que si se implantase peaje por distancia con las tarifas medias de Europa en nuestra red de 14.130 km de autovías libres y se concesionase su operación y conservación al sector privado durante un periodo de 25 años, el Estado ingresaría al año 10.375 millones de euros.
Este ingreso suma 4.827 millones de euros de pago anual, otros 4.698 millones al año por recaudación de impuestos (IVA, IBI e impuesto de sociedades) y 850 millones anuales de ahorro de gasto público en conservación viaria. A su vez, obtendrían hasta 104.000 millones de euros de pago inicial del sector privado.
El eterno debate sobre el peaje de las autovías y las eventuales reclamaciones de las autopistas se produce por la estrategia que ha venido aplicando el Gobierno hasta ahora, que pasa por no alargar la concesión de las autopistas que vencen su contrato de concesión.
De esta manera, el coste revierte al Estado y corre a cargo de los presupuestos generales. Esta política ha afectado a la AP-9, gestionada por Itinere, y la AP-4 y la AP-7 sur, operadas por Aumar (Abertis), que han perdido la concesión.
En la misma línea, el próximo mes de septiembre, Abertis perderá su mayor filial española, Acesa, que gestiona la AP-7 norte y la AP-2. El ministerio de Ábalos ya advirtió en su documento que era difícil comprometer más presupuestos al mantenimiento de autopistas, y admitía que su propia política de quitar peajes es la culpable de esa misma insostenibilidad.
Aun así, ha seguido con lo anunciado hace tres años y Acesa se dirige hacia la desaparición, lo que ha provocado ya la salida de cerca de 400 empleados de la compañía. Las patronales del sector confían ahora en que esta situación se convierta en oportunidad y se tarifique la red de carreteras, tal y como llevan años pidiendo.
