Escrivá estudia más incentivos a las empresas en el fondo público de pensiones

El Gobierno aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, con la incorporación de nuevos incentivos para empresas y trabajadores tras las aportaciones realizadas en el diálogo social, si bien el Ministerio de Seguridad Social contempla la inclusión de más incentivos a las empresas a medio plazo si los fijados en el texto legal resultan insuficientes, tal y como reclaman empresarios, gestoras y fondos de planes de pensiones.

Así lo confirman fuentes del departamento de José Luis Escrivá, que destacan el diálogo «muy extenso», incluido con los representantes de CEOE, durante estos meses de consulta en los que se ha «acomodado las posiciones que se han ido planteando». «Es una queja comprensible, pero en este tiempo de diálogo no nos hemos encontrado propuestas muy concretas de cómo incentivar esto en la negociación colectiva», se defienden desde el Ejecutivo.

«En el ámbito de los incentivos siempre se puede pedir y ya veremos dónde podemos llegar», apuntó Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre uno de los aspectos de mayor polémica entre la Administración y los empresarios. Aunque defiende la necesidad de ser «muy prudentes» con los incentivos al tratarse de «dinero público», en el Ministerio dejan la puerta abierta a incluir más incentivos fiscales una vez que se analice cómo funcionan los desarrollados, que por ahora ven «suficientes» para impulsar los planes colectivos de empleo.

El Ejecutivo también ha querido hacer un guiño a los agentes sociales en el texto definitivo del proyecto de ley al introducir mejoras en materia de cogobernanza, uno de los aspectos que más demandaban los interlocutores sociales para tener peso en los órganos en los que se dilucidarán dichos planes. El objetivo es tratar de rebajar los recelos de los empresarios y los fondos y gestores de planes de pensiones.

Mejora de incentivos: las empresas podrán ahorrarse 400 euros por trabajador

Con la nueva normativa se ofrecerán productos de coste reducido desde el punto de vista de las comisiones (se fijan en un 0,3% las comisiones de gestión de los planes de empleo asociados al fondo público) y al mismo tiempo el beneficio fiscal (la renuncia a ingresos en el IRPF).

En lo referido a los incentivos al despliegue de los planes de empresa, se han hecho ajustes para que los autónomos puedan tener una deducción del IRPF de hasta los 5.750 euros anuales, frente a los 2.000 máximo hasta 2021, y en el caso de asalariados, todos pueden deducirse 1.500 euros de su plan individual o colectivo, tal y como se recoge en los Presupuestos de este año, que fijaron un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros en los planes individuales y de 10.500 euros en los colectivos para enfado del sector financiero y de gestoras de dichos planes al criticar que se incentiven los planes colectivos a costa de los individuales sin haber aprobado ni tan si quiera el macrofondo.

El trabajador puede aportar voluntariamente por encima de lo que aporta la empresa y su aportación máxima se define por tramos. La mejora de los incentivos a los trabajadores reduce en su base imponible a tipo marginal del IRPF (un 30% para el trabajador medio).

Así las cosas, si la empresa aporta menos de 500 euros al año (42 al mes), la contribución máxima del trabajador que podrá deducirse de la base imponible del IRPF será de hasta 1.250 euros anuales, más los 1.500 de posible deducción de su plan individual o colectivo arroja una posible deducción de 3.250 euros. En el caso de una aportación empresarial de entre 501 y 1.000 euros (83 al mes), la del trabajador sería de hasta 2.000 euros y la aportación máxima de 4.500; y en el caso de una aportación de la empresa de 2.000 euros (166 al mes), la del trabajador sería 2.000 y la deducción máxima posible de 5.500 euros. En el supuesto de una contribución de la empresa de más de 1.501 euros, la aportación del trabajador será igual que la empresa y la aportación máxima sería de 10.000 euros.

El proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, tal y como existía hasta 2013, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año) que se podrán excluir de la base de cotización del trabajador, lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador al año para las empresas que impulsen los planes colectivos de empleo.

CEOE presionará por mejoras en la tramitación en el Congreso

Con el inicio de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, fuentes de CEOE confirman a Economía Digital que trabajará para lograr mediante los grupos parlamentarios la introducción de mejoras durante la tramitación al ver «insuficiente» los incentivos fijados y el ahorro de 400 euros por trabajador si aportan al macrofondo. Tratarán de enmendarlo si se tramita como proyecto de ley.

Con todo, desde la patronal señalan que el proyecto de ley no tiene el acuerdo de los agentes sociales, aunque valoran que partiendo de la última propuesta entregada por el Gobierno a patronal y sindicatos «se han producido importantes avances a lo largo de la negociación», aunque, eso sí, las consideran «insuficientes».

A modo de ejemplo, en el último texto se ha logrado que se respeta la libertad de elección entre los fondos de promoción pública y privada, y se han incorporado deducciones fiscales y exenciones de cotización que, aunque insisten en que son insuficientes, se aplicarán por igual a los fondos privados y a los de promoción pública.

Con los primeros borradores la CEOE se planteó incluso recurrir el macrofondo público de pensiones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero por ahora ha aparcado esa idea a la espera de conocer el articulado tras las mejoras introducidas en materia de gobernanza e incentivos.

Desde la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), que representa a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras que
reúnen cerca del 96% del volumen de negocio asegurador en el mercado español, ven una «ocasión perdida» para la revisión estructural del sistema de pensiones, tal y como señaló su presidenta, también vicepresidenta de CEOE; Pilar González de Frutos.

Unespa ve «insuficientes» los incentivos del proyecto de ley de pensiones para promover en ahorro mediante planes de empleo y critica que se inicia la tramitación legislativa sin el apoyo de todos los agentes sociales. «Sacrificar el ahorro individual para la jubilación es contraproducente», sostiene, ante el intento del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito colectivo a costa de fagocitar el ahorro de los particulares para la jubilación. Según Unespa, los sistemas de empleo propuestos tardarán «lustros e incluso décadas» en alcanzar la velocidad de crucero, ya que su adopción queda sujeta a la negociación colectiva.

Cambios en la gobernanza

Y es que con la nueva ley se habilita normativamente que la negociación colectiva sectorial establezca que el plan de empleo acordado se extienda a todas las empresas del sector y se crean planes simplificados al reducir los pasos a uno: la adscripción al plan simplificado del sector que le corresponde. A esos convenios sectoriales, de empresas y otros acuerdos podrán sumarse empresas pequeñas y medianas, trabajadores de rentas bajas, autónomos o administraciones públicas.

Cabe destacar que en la segunda vuelta del anteproyecto de ley se han incluido cambios en materia de gobernanza ante las peticiones de patronal y sindicatos. Así, la Comisión Promotora y de Seguimiento de los fondos de promoción pública contará con nueve miembros (5 del Ministerio de Seguridad Social, uno de Trabajo, otro de Economía, otro de Hacienda, otro de Transición Ecológica elegirá las entidades gestoras y depositarias, establecerá la estrategia de inversión a largo plazo a revisar cada tres años, constituirá los fondos de pensiones en representación del Gobierno, velará por el adecuado funcionamiento y nombrará a los miembros de la Comisión de Control Especial.

Por su parte, la Comisión de Control Especial finalmente no tendrá 17 miembros, sino 13: 5 miembros elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios, y se encargará de la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión, el control y la observancia del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y dado el caso de la decisión sobre su sustitución.

Las comisiones y umbrales mínimos de patrimonio se fijarán en el reglamento

La selección se llevará a cabo mediante concurso público de entidades gestoras y depositarias para garantizar bajas comisiones, y los criterios de inversión deberán estar alineados con los principios para la inversión responsable y las mejores prácticas de finanzas sostenibles reguladas por la UE.

Sobre la comisión máxima de gestión, el Gobierno ha fijado el tope que preveía del 0,3% sobre los activos gestionados, si bien fuentes del Ministerio de la Seguridad Social apuntan que se terminará de concretar en el reglamento posterior y los pliegos de condiciones. En el departamento de José Luis Escrivá son conscientes que la comisión del 0,3% generó en su momento “mucho malestar e inquietud”, pero apelan al informe de la AIReF publicado en el verano de 2020 en el que se avisaba de la pérdida importante que suponía determinado nivel de comisiones. 

En el reglamento y el pliego de condiciones también se concretarán del todo los umbrales mínimos de patrimonio que tendrían que tener gestoras y bancos depositarios (1.000 millones de euros y 10.000 millones en fondos de pensiones, respectivamente) para optar a estos vehículos, aunque Seguridad Social se abre a una revisión de la cantidad exigida para poder concursar.

Por otra parte, la plataforma digital común que se lanzará como soporte para los nuevo fondos de pensiones de empleo de promoción pública se diseñará en colaboración de la Administración y las entidades privadas y podría ser financiada con los fondos europeos Next Generation EU, según las mismas fuentes.