Escrivá estudia más incentivos a las empresas en el fondo público de pensiones

Más deducciones a empresas en la Ley del fondo público de pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, baraja incluir más incentivos fiscales a las empresas en el proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, tras haber preacordado ya una deducción del 10% con Ciudadanos.

Así lo ha señalado el ministro en declaraciones en el Congreso, toda vez que el Ministerio acordó ayer con Ciudadanos una deducción en el Impuesto sobre Sociedades de hasta el 10% de la cuota íntegra de sus aportaciones a los planes de empleo de sus trabajadores con retribuciones inferiores a 27.000 euros brutos, y a partir de esa cifra una deducción proporcional de las aportaciones que correspondan a una retribución bruta de dicho límite.

Escrivá ha indicado que se puede ir «un poco más allá» en materia de incentivos, y es que tal y como adelantó Economía Digital en febrero el Gobierno prepara incentivos fiscales en los planes de pensiones para lograr los apoyos suficientes a la ley, si bien ha dejado claro que tal y como está redactada actualmente la ley ya se recogen «incentivos muy grandes para las empresas».

De cualquier forma, ha admitido que hay conversaciones en marcha tanto con Ciudadanos como con otros grupos para buscar «como siempre» el «máximo consenso» posible a una norma que tras cerrar su paso por el trámite de ponencia sin un informe, llegará ahora a la Comisión en el Congreso.

El precedente del sector de la construcción

El ministro ha subrayado que hay «mucho interés» por aplicar «lo antes posible» la nueva norma. Como ejemplo más reciente que muy previsiblemente servirá de referente para el resto de sectores se ha referido a la construcción.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos acordaron la semana pasada impulsar en el convenio colectivo del sector la creación del primer plan de pensiones colectivo sectorial, siempre y cuando el Gobierno acaba aprobando los incentivos en su nueva ley.

La mejora de carácter social incorporada pasa porque las empresas realicen aportaciones a este plan de pensiones sectorial como complemento al sistema público de pensiones, sentando un precedente entre los grandes sectores de la economía española.

Sin apoyos suficientes

Pese al preacuerdo con Ciudadanos, lo cierto es que el Gobierno no ha logrado todavía los apoyos suficientes, ya que incluso Unidas Podemos pone algunas reticencias y los socios del Ejecutivo (ERC y EH Bildu) siguen de momento instalados en el ‘no’, al igual que el PP.

De hecho, fuentes del PP desmienten el supuesto acuerdo filtrado por Moncloa a los medios de comunicación en torno a la ley del ministro Escrivá en materia de pensiones. Los ‘populares’ aducen que la mayoría de sus enmiendas han sido vetadas por el Gobierno y, por tanto, siguen en una posición de rechazo a la propuesta impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez

Fuentes parlamentarias explican que marcan como requisito para cambiar el sentido de su voto negativo a la ley que el Gobierno acepte su enmienda, a la que ha tenido acceso Economía Digital y que introduce una modificación parcial de la Ley del IRPF para fijar un periodo transitorio durante los ejercicios 2022 a 2026 con el fin de que los trabajadores que no estén adscritos a un sistema de empleo puedan aplicar el incremento del límite de 8.500 euros establecidos para los sistemas de planes de pensiones empresariales mediante la realización de aportaciones a planes de pensiones individuales.

Eso sí, esta posibilidad se configuraría siempre y cuando los derechos consolidados correspondientes a tales aportaciones se movilicen a un sistema de empleo en el plazo de seis meses desde que el trabajador quede adscrito a dicho sistema de empleo. También se aplicaría este régimen transitorio a los autónomos, asociaciones profesionales de empleados públicos y a los trabajadores de sociedades cooperativas y laborales, mientras no existan un mínimo de dos planes.

Las mismas fuentes explican a Economía Digital que en el PP estarían dispuestos a negociar y reducir los años del periodo transitorio y el límite de 8.500 euros de su enmienda, pero marcan este requisito al ver necesario que haya más incentivos para que las empresas puedan destinar una parte del aumento salarial vía planes de empresa. Para que los agentes sociales se sienten en la mesa de negociación colectivo defienden este periodo transitorio que permita tener capacidad de ahorro y se pueda transferir al plan de empresa o con incentivos fiscales.

El primer trámite en el Congreso de la ley que conllevará la creación del ‘macrofondo’ público de pensiones descarriló debido a que los grupos parlamentarios no cerraron un informe de la Ponencia, cuyo texto fue estudiado este martes a puerta cerrada. De esta forma, la tramitación continuará la semana que viene en la Comisión, en la que se abordarán las enmiendas vivas y se votará la norma para su posterior remisión al Pleno del Congreso previsiblemente a mediados de junio, y a continuación al Senado para volver a regresar a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.