España urge a Bruselas a aprobar el Plan de Recuperación en junio para recibir los fondos
España y los Estados miembros más afectados apremian en el Ecofin a aprobar cuanto antes los planes de recuperación para recibir fondos
Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y vicepresidenta del Gobierno
La paralización en los trámites finales del Plan de Reconstrucción europeo de 750.000 millones de euros y el temor de los Estados miembros al retraso en la llegada de los fondos y ejecución de los mismos ha llevado a que España y los países más golpeados por la crisis apremien a Bruselas a aprobar cuanto antes los planes de recuperación para dar paso a los desembolsos.
La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado en un encuentro telemático con periodistas que en la reunión del Ecofín España junto a “bastantes” Estados miembros van a insistir en la “urgencia” y la necesidad de aprobar “cuanto antes” los planes de recuperación al necesitarse que ese estímulo de los fondos se inyecte en la economía “lo antes posible”.
Calviño ha mostrado la necesidad de los fondos para “dar un impulso muy significativo a la inversión que nos permita también recuperar la caída de la inversión, tanto pública como privada, que se ha producido desde que estalló la crisis financiera». «A las carencias que venía arrastrando España se ha unido el impacto negativo de la pandemia y no tenemos tiempo que perder para conseguir que estas inversiones lleguen a la economía real«, ha enfatizado.
Aprobación en junio
Calviño ha mostrado su confianza en que los países que faltan por ratificar la ‘decisión de recursos propios’ (hasta ahora lo han hecho 17, incluido España, restando 10) validen ese texto legal para que la Comisión pueda empezar a emitir deuda y se ponga en marcha el mecanismo financiero del Plan de Recuperación.
También confía en que se resuelva el tema jurídico pendiente tras la paralización de los últimos trámites del Plan de Reconstrucción europeo por parte del Tribunal Constitucional alemán, por lo que espera que se pueda mantener la fecha límite de junio para que se aprueben los planes de recuperación de los Estados miembros y en la segunda mitad del año fluyan los fondos.
Y es que una vez que los Estados miembros remitan sus planes de recuperación a Bruselas, en teoría antes del 30 de abril, la Comisión Europea dispondrá de un plazo de dos meses para su evaluación, que transmitirá al Ecofin, con otro mes adicional de plazo para validar o no definitivamente los planes.
Dos desembolsos: julio y a finales
Al margen de los plazos, ha indicado que eso no es óbice para que los proyectos se paralicen ya que desde el pasado 1 de enero se están ejecutando los 27.000 millones de euros adelantados de los fondos europeos en los Presupuestos de 2021, y se ha avanzado en el despliegue de las reformas e inversiones.
De esta forma, confía en que se puedan empezar a recibir transferencias en el segundo semestre y movilizar ya en 2022 los créditos para financiar iniciativas del Plan, como los fondos Next-Tech o el fondo Cofides de reestructuración de empresas, además de para sufragar el nuevo mecanismo permanente de estabilidad y flexibilidad inspirado en los ERTE. Esto supone un cambio respecto a la intención inicial, ya que estaba previsto priorizar los 70.000 millones de transferencias en el periodo 2021-2023 y los restantes 70.000 millones en préstamos en los tres ejercicios sucesivos hasta 2026.
La previsión es que España pueda recibir un anticipo de unos 9.000 millones de euros en julio y el segundo desembolso de alrededor de 16.000 millones a final de año, ya que se han estipulado dos desembolsos anuales.
Últimos flecos: «Sin disensiones internas» sobre la reforma laboral
Tras la presentación esta semana en el Congreso del proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que “en las próximas semanas” se remitirá el documento final con el formato definitivo y los detalles previstos en los reglamentos comunitarios, con la previsión de que pueda aprobarse por Bruselas en junio. En todo caso, ha defendido que el plan de España es «el más avanzado».
Respecto a algunos de los puntos que quedan por terminar de cerrar, ha negado “disensiones internas” en el seno del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos a propósito de la reforma laboral, ya que “todos” coinciden en la hoja de ruta a abordar, que a su vez es “compartida” con los agentes sociales.
Ha dicho que una vez está claro el ámbito de las reformas, hay que resolver en paralelo las cuestiones “más urgentes” como la digitalización y el buen funcionamiento del SEPE, el plan de choque contra el desempleo juvenil o la aprobación de un mecanismo transitorio de los ERTE para la segunda mitad del año.
A su vez, ha instado a comenzar el diálogo y la negociación con los agentes sociales para el resto de reformas, con el fin de disponer de un nuevo marco legislativo laboral que propicie la creación de empleo y resuelva las “anomalías” del mercado laboral español, un “diagnóstico compartido” a escala internacional.
No toca subir impuestos
Ha subrayado el diagnóstico compartido de la necesidad de abordar reformas para reducir la temporalidad, la precariedad y la dualidad del mercado laboral, y ha indicado que se trabajará con la reforma de las pensiones para reforzar la sostenibilidad en el corto y medio plazo del sistema público de pensiones.
Por último, sobre la fiscalidad ha explicado que España lleva tiempo apoyando en el contexto internacional y también en el Ecofin el establecimiento de una tributación mínima en Sociedades y luchar contra los paraísos fiscales y y la competencia a la baja entre distintas jurisdicciones de los Estados miembros.
A escala nacional, ha reiterado con “claridad” que “no es el momento de subir impuestos hasta que haya una recuperación clara y fuerte”, ya que la prioridad debe ser favorecer el crecimiento y el empleo.
