España, sin normativa para cobrar la ‘tasa Google’ a dos meses de la fecha límite

Business Insider España ha contactado con el Ministerio de Hacienda para saber si se mantiene por el momento la fecha de la primera liquidación de la famosa tasa Google, prevista para finales de julio. Por el momento no ha habido respuesta.

Patronales como Adigital o DigitalES se han pronunciado al respecto de esta demora. La primera recuerda que la entrada en vigor del impuesto tuvo lugar en enero: «La primera liquidación, prevista para abril, tuvo que retrasarse a julio porque no existía normativa de desarrollo».

«Estamos casi en junio y seguimos sin tenerla», recuerda.

DigitalES, por su parte, dice observar «con cierta preocupación» que algunas de las propuestas de la industria durante el proceso de consulta pública no llegaran al texto del real decreto. «Reclamábamos mayor precisión en la definición de determinados conceptos y que las condiciones formales se suavizaran o adecuaran a la organización interna de las empresas contribuyentes».

Ya se pospuso la liquidación una vez

En enero del año pasado, Expansión adelantó, y Business Insider España pudo confirmar, que tanto la tasa Tobin como la tasa Google acabarían posponiendo las fechas de su primera liquidación.

En concreto, la tasa Google se esperaba que se liquidase por primera vez el 30 de abril, correspondiendo a los ingresos gravados de las compañías durante el primer trimestre del año —desde el 16 de enero, momento en el que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales entra en vigor, hasta marzo incluido—.

Finalmente el Gobierno aceptó posponer esa liquidación al 30 de julio, por lo que las empresas contribuyentes tendrán que hacer frente ese día a lo que se haya gravado durante los 2 primeros trimestres de 2021. Tanto el primero —desde el 16 de enero— como el segundo, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.

Ese segundo trimestre está a punto de terminar. Quedan menos de 2 meses para que la primera liquidación tenga lugar, pero de momento no hay normativa desarrollada que oriente a las empresas en el momento del pago de este impuesto. Tampoco hay fecha estimada por la que el Consejo de Estado liberará ese marco normativo.

Grandes tecnológicas como Google o Amazon ya han anunciado que cargarán en sus clientes la diferencia causante del nuevo tipo. También han pedido que la fiscalidad a las compañías digitales surja de un acuerdo global en el seno de la OCDE, que la anterior Administración Trump torpedeó, y de la que no se esperan grandes avances a pesar de que las esperanzas están puestas en justo antes de este verano.

Mientras tanto, en el seno europeo han nacido 14 tasas Google distintas, como detalla El Economista, y el Gobierno ha abierto la puerta a aplazar la liquidación para evitar una subida por parte de EEUU a los aranceles del calzado, según destacan ciertos medios.

A la espera de acuerdo en la OCDE

De hecho, la propia Adigital reivindica lo necesario de que este nuevo impuesto se aborde «siempre desde el marco de la OCDE». «La puesta en marcha de esta reforma fiscal de manera unilateral por parte de nuestro país solo nos sitúa en una situación de desventaja«, lamenta la patronal.

«La aplicación de este impuesto va a derivar en una fuerte pérdida de productividad y competitividad para las empresas españolas, perjudicando especialmente a las pymes. Basta recordar que la economía digital ya representa el 19% del PIB en nuestro país, por lo que este tipo de frenos a la innovación empresarial solo perjudican al conjunto de la economía», enfatiza en unas declaraciones realizadas a Business Insider España.

Otra patronal, DigitalES, «asume, comprende y comparte» que la fiscalidad debería «adecuarse a las nuevas realidades económicas, de modo que las empresas tributen allí donde generan sus ingresos. No obstante, creemos que sería más efectivo y beneficioso para el conjunto de nuestra economía trabajar sobre la base de un mayor consenso internacional».

Todo para evitar una posible «doble imposición» para aquellas empresas «que ya están pagando impuestos en los países donde operan».

Para evitar esta incertidumbre, ante la posibilidad de que la tasa Google acabe posponiendo de nuevo su liquidación, Adigital defiende «desde el inicio» que el impuesto sea «de declaración anual, especialmente en el primer año», dada la falta de normativa.

«Teniendo en cuenta que en estos momentos también está abierto el debate sobre la fiscalidad de la nueva economía digitalizada en la UE, cualquier paso que dé el Gobierno para acercar posturas contribuiría a ofrecer seguridad a las empresas españolas», mantienen desde Adigital. AMETIC, otra de las patronales del sector digital en España, destaca que sobre estos temas ya no se pronuncian, «más allá de lo que ya se conoce de opiniones pasadas».

En España, el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o tasa Google grava desde enero con un 3% de sus ingresos estas 3 actividades:

La prestación de servicios de publicidad online

Los servicios de intermediación en línea

La venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario

Las empresas afectadas serán aquellas que ingresen más de 750 millones de euros al año a nivel mundial y cuyo negocio en España genere más de 3 millones en el mismo periodo.

Estas condiciones —que son diferentes a las que, por ejemplo, ha implementado Francia, donde la base de facturación local se eleva a los 25 millones— han provocado que muchas empresas de otros sectores —además de las grandes compañías tecnológicas, a quienes supuestamente va dirigido este impuesto—, entre ellos medios de comunicación como Axel Springer España —editora de Business Insider España— o agencias de publicidad, que tributan todos los impuestos en base a su facturación real en España, también vayan a ser gravadas con la tasa Google.

Un efecto colateral que parece haber sido asumido por el Gobierno, cuyo objetivo, según ha confirmado en diferentes foros, es alcanzar una recaudación de 968 millones de euros con este impuesto.

Noticia original: Business Insider

Autor: Alberto R. Aguiar