España está por debajo de la media de la OCDE y la UE en libertad económica y empresarial
El país ocupa la posición 29 dentro de los países de la OCDE, según un estudio elaborado por la Fundación Heritage y editado para España por el Instituto de Estudios Económicos (IEE)
Un operario en la línea de producción de sacos de hielo. EFE/ José Manuel Vidal
La libertad económica y empresarial en España se encuentra por debajo de la media de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Así lo pone de manifiesto Índice de Libertad Económica de este año, que ha elaborado la Fundación Heritage y ha editado para España el Instituto de Estudios Económicos (IEE).
Y es que, el país ocupa el puesto 41 de los 184 países analizados en el estudio ‘La unidad de mercado como reto pendiente para la libertad de empresa. Índice de Libertad Económica 2022’. Además, ocupa la posición 29 dentro de los países de la OCDE, un 6,2% por debajo de la media y un 5,9% inferior al promedio de los 27 países que conforman la Unión Europea (UE).
El IEE culpa a las políticas nacionales
El presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa, ha achacado en una rueda de prensa esta “mala posición” al comportamiento de variables que están influidas por políticas que se implementan en clave nacional. Así, ha puesto como ejemplos la carga impositiva, el gasto público y la salud fiscal.
Por otro lado, ha subrayado que las variables donde España obtiene las mejores clasificaciones son las que están determinadas principalmente por la pertenencia a las instituciones europeas. «Tenemos gran capacidad de mejora», ha destacado Fernández de Mesa.
Tal y como ha recordado el think tank de la CEOE, el país también dejo de pertenecer a la categoría de democracia plena y comenzó a formar parte de la de democracia con defectos del índice elaborado por el diario The Economist.
«Nuestro país continúa con desafíos para la gobernanza, como la fragmentación política o la corrupción, al tiempo que sigue presentando problemas de sobrecarga y lentitud en el sistema judicial, que, además, padece una creciente interferencia política», ha lamentado el IEE.
Dentro del índice de libertad de empresa, España obtiene una puntuación de 93,3 puntos y, por ello, se sitúa en el puesto 32 del conjunto de 38 países de la OCDE. La cifra se encuentra un 6,7% por debajo de la media de la OCDE y también es un 6,5% inferior a la media de la UE.
Sin embargo, para el IEE la libertad corporativa en el país muestra «cierta mejoría» en comparación con el año pasado. El motivo, según ha señalado, es que los fondos europeos brindan un mayor apoyo para la inversión empresarial.
Fijar un marco regulatorio adecuado
A juicio del IEE, un factor fundamental para la mejora de la libertad económica y empresarial es el establecimiento de un marco regulatorio adecuado, y dentro de este, en España adquiere un papel muy relevante la cuestión de la fragmentación del mercado interior.
En las últimas décadas, ha remarcado el IEE, ha tenido lugar una gran proliferación normativa en España, que ha conformado un marco legislativo «excesivamente complejo». Una situación que ha comportado tanto perjuicios como costes para el tejido empresarial y la actividad económica, y que se ha visto agravada por la potestad legislativa de las comunidades autónomas, cuya normativa supone el 70% del volumen de normas.
El coste que implica para las empresas el cumplimiento de cargas administrativas vinculadas a la fragmentación normativa oscila entre el 1,5% y el 2,5% del PIB, según el IEE. En contraposición, la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio impulsaría el crecimiento económico a largo plazo entre el 1,5% y el 3% del PIB, ha estimado el IEE.
«Un impacto positivo que puede ser incluso superior si se produce también una mejora en clave europea», ha subrayado el think tank en su análisis para luego puntualizar: «Si otros países también llevan a cabo reformas de esta índole y se avanza en la consecución del mercado único europeo».
Parte de la fragmentación normativa existente, según el IEE, se podría reducir si se avanzase en la aplicación de la parte que queda vigente de la Ley de Unidad de Mercado. Pues, de esta manera, se aplicarían los principios de buenas prácticas, que favorecerían la reducción de cargas administrativas y la mejora de la calidad del marco regulatorio.
