España llega tarde al control de las calefacciones centrales: el 80% aún no contabiliza los consumos individuales

El invierno del ahorro energético comprometido con Bruselas se acerca y a España le pilla con deberes sin hacer. Uno de ellos es la instalación de repartidores de costes de calefacción, dispositivos que se deben instalar por ley en los radiadores de las calefacciones centrales para ahorrar energía.

Las calderas centrales de gasoil o gas natural distribuyen el calor a todas las viviendas del bloque de manera uniforme en unas horas determinadas de servicio. Lo que implica, según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que sin control de los consumos individuales se alcancen «fácilmente» temperaturas de 25 a 28 grados.

Según Luis Cid-Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Instaladores de Repartidores de Costes de Calefacción (Anirca), en España solo se han instalado estos aparatos de contabilización individual en algo más de 250.000 viviendas a fecha de su último estudio, mayo de 2022. Es decir, que en torno al 80% del total de viviendas con calefacción central afectadas, 1,5 millones según Anirca, sigue sin contabilizar sus consumos individuales.

El tiempo para instalar los repartidores dentro del Real Decreto 736/2020 se agota e incluso ha finalizado ya en algunas provincias sin obtener los resultados deseados. No obstante, no existe una cifra oficial a nivel nacional porque, según detalla el Ministerio para la Transición Ecológica a Economía Digital, “el seguimiento de este Real Decreto se realiza a través de las comunidades autónomas”, y el ministerio “no dispone de datos actualizados” ni centralizados.

Fin del plazo en gran parte de España

El real decreto citado traspuso una directiva europea de mejora de la eficiencia energética y estableció unos plazos de adaptación según las zonas climáticas del territorio nacional, fijando distintas fechas límite para obtener presupuesto de un instalador autorizado y 15 meses más para ejecutar la instalación.

De esta manera, este sábado 1 de octubre tendrían que haberse instalado ya los repartidores en todas las comunidades con calefacción central de la Zona E y en las comunidades de más de 20 viviendas de la Zona D. Las cuales suman gran parte de España porque abarcan Castilla y León, Madrid, Aragón, La Rioja, Navarra, Castilla-La Mancha excepto Toledo, Vitoria y Lleida. Aunque la fecha límite del decreto para la Zona C es el 1 de mayo de 2023 y las zonas A y B quedan exentas de instalar los repartidores. Estas últimas son: Canarias y Baleares, Ceuta, Melilla, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Cataluña, menos Lleida. 

Cid-Fuentes señala que en España “estamos llegando tarde” en comparación con Europa porque, a la tardanza en trasponer la directiva europea de eficiencia energética (lo cual conllevó una sentencia desfavorable del TJUE en diciembre de 2020), se suma que «se han dado unas fechas muy amplias para instalar». “Está todo el mundo corriendo al final”, afirma, y estima que entre mayo y diciembre de 2022 haya un aluvión de instalaciones por el fin de los plazos y se instalen los aparatos en unas 150.000 o 200.000 viviendas más.

Sin sanciones

El real decreto hace referencia a un reglamento sancionador para los posibles incumplimientos, pero su vigilancia y aplicación es competencia de las comunidades autónomas, como gran parte de la normativa en materia de eficiencia energética. Desde los administradores de fincas afirman que no son “conocedores de que se hayan impuesto sanciones”.

Algo en lo que coincide Cid-Fuentes: “Las direcciones generales de las comunidades autónomas no están sancionando, están empezando a vigilar el cumplimiento y empezando a advertir”, afirma, y añade que es “razonable” porque hay mucho volumen que instalar en muy poco tiempo.

Inquietudes de los vecinos por los costes

Hacer que cada vecino pague lo que consume más unos gastos fijos de mantenimiento del sistema de calefacción, conlleva un ahorro energético de entre el 20% y el 30%, aunque, según Cid-Fuentes si hay vecinos que siguen regulando la temperatura de sus casas “abriendo ventanas en vez de cerrando el radiador”, pagarán bastante más que con la calefacción central. 

Algunos vecinos no acogen con demasiado optimismo el nuevo sistema, tanto por la inversión inicial que conlleva la instalación como por si aumenta su factura, que actualmente es del entorno de los 85 euros mensuales en el caso de César, vecino de Cuenca. En su comunidad tendrían que tener instalados ya los repartidores, que costarían entre 70 y 80 euros por radiador, según el presupuesto de la empresa Indeca, lo que asciende a unos 600 euros en una vivienda pequeña. Sin embargo, aún no los han instalado ni “se ha vuelto a saber nada del tema” desde febrero de 2022 que hicieron la última reunión.

Algo similar cuenta Raquel, una vecina de Madrid, que también tendría que tenerlos instalados: “aquí no se ha hecho nada de momento. Ha estado en el orden del día de varias reuniones, pero no se ponen de acuerdo por el precio de los contadores individuales”, afirma.

Tanto los administradores de fincas como el presidente de Anirca desmienten que se produzcan subidas en las facturas con los repartidores, más aún teniendo en cuenta el aumento del precio del gas. “Las comunidades que no tengan individualizado el gasto van a multiplicar por tres sus gastos económicos”, avisa Cif-Fuentes.

De hecho, por este motivo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que incluirán una solución en el Plan de Contingencia energético para las calderas comunitarias. Estas calefacciones no pueden acogerse a las tarifas TUR por superar el consumo doméstico máximo y son únicamente esas tarifas del gas las que el Gobierno ha limitado la subida de precios.