España lidera el aumento de insolvencias empresariales a nivel mundial

España encabezará este año un ranking mundial pero no referido a un dato negativo, ya que se coloca en primera posición mundial en aumento de insolvencias empresariales, con un repunte del 24% respecto al año 2019, en parte por el parón de los concursos producido por la moratoria concursal.

Esta es una de las conclusiones del estudio ‘Atlas Concursal 2021’, elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE) en materia de insolvencias, y que muestra que España continuará en 2022 dentro de los 10 países a nivel mundial con mayor alza de insolvencias respecto a 2019, con un aumento del 26%.

Los datos de Euler Hermes aportados por el Refor-CGE muestran que a España le sucederán este año en aumento de insolvencias República Checa (+14%), Rumania (+11%), Sudráfrica (+10%), Hong Kong (+7%) y Turquía (+6), mientras que en el resto de países disminuirán. En 2022 liderarán los aumentos Italia (+34%), Reino Unido (+33%) y Australia (+33%), figuran España en séptima posición (+26%).

Con todo, el número de concursos de acreedores de España de forma comparativa con otros países europeos es muy reducido, al presentar 13 insolvencias por cada 10.000 empresas frente al promedio de Europa de 52 insolvencias por cada 10.000 compañías. En países como Dinamarca (241), Luxemburgo (347) o Noruega (138) la utilización de los concursos es notablemente superior por su percepción de mayor utilidad.

Los expertos del Refor-CGE han explicado que en las cifras influye el parón producido en los registros el año pasado por el Estado de alarma y el confinamiento, así como las medidas adoptadas desde marzo del año pasado y el efecto de la moratoria concursal aprobada hasta final de año, que ha hecho que en España sea de los países donde más han bajado los concursos.

Hasta el tercer trimestre de este año, el número de concursos de acreedores se incrementa respecto del mismo intervalo de 2020, de 3.131 a 3.169, pero disminuye comparado con el mismo intervalo de 2019 (3.383).

Las medidas rompen la correlación histórica entre ciclo económico y concursos

El presidente del CGE, Valentín Pich, y el profesor de Economía y analista macro-financiero, Javier Santacruz, han explicado que las medidas adoptadas como «compensaciones» al sector productivo por las restricciones impuestas, como los ERTE, los avales del ICO y ciertas medidas fiscales, han roto la «correlación histórica» entre el ciclo económico y los concursos de acreedores.

Santa Cruz ha apuntado que la previsión al levantar las restricciones era de una recuperación rápida hasta volver a los niveles previos al primer trimestre de 2020, salvando de forma efectiva a miles de empresas y empleos ‘congelados’ durante varios trimestres, pero esta resultando «decepcionante» en economías como la española.

Y es que el nivel de PIB se encuentra todavía un 5% por debajo del nivel de marzo de 2020 y no se logrará recuperar hasta por lo menos dentro de cuatro trimestres, es decir, a finales de 2022, ha apuntado en la rueda de prensa, confirmando el escenario «pesimista» que manejaba el Banco de España.

Los economistas han indicado que se confiaba en que la bolsa de ahorro de las familias generada por no poder gastar e invertir, el ahorro forzoso, que superó el pico de los 60.000 millones en el primer trimestre de este año, pero solo un 40% se ha convertido en gasto, quedando un ahorro superior a los 35.000 millones, por encima del crecimiento tendencial del ahorro familiar, ha apuntado Santacruz.

Se disparan los concursos de personas físicas y de autónomos

De acuerdo con el informe, el mayor incremento hasta el tercer trimestre se produce en los concursos de autónomos, 1.446 en 2021 frente a 398 en 2020 y 326 en 2019, esto es, más del triple que en 2020 y más de cuatro veces que los habidos en 2019.

A nivel general, en 2020 se produce una ligera disminución del 3,3% en el número de concursos de empresas con respecto a 2019 (4.630 en 2020 y 4.789 en 2019). En el bloque específico de autónomos, micropymes y pequeñas empresas, la gran mayoría del tejido empresarial, se constata un decrecimiento en 2020 del 4% respecto de 2019 en el número de concursos, pasando de 4.154 en 2019 a 4.008 en 2020.

Por su parte, el número de concursos de personas físicas crece un 35% en 2020 respecto de 2019, de 2983 a 4032. En cinco años, de 2015 a 2020, se han multiplicado por seis los concursos de personas físicas en España, pasando de 649 a 4.032, representando el año pasado el 47% del total de concursos de acreedores.

Del total, el 96% de las mediaciones concursales son de personas físicas y sólo el 4% de personas jurídicas, en tanto que la micropyme supone más del 53% del total de concursos. En cuanto al a distribución territorial de los concursos, solo Cataluña (1.253) y la Comunidad de Madrid (859) aumentan los concursos, en el resto disminuye.

Anteproyecto de reforma concursal

El presidente del Refor-CGE, Juan Carlos Robles, ha destacado en este contexto que la tramitación del anteproyecto de Ley de Reforma Concursal incorpora «cosas interesanes» respecto de la anterior legislación, la actual, que presenta «deficencias» al no ser atractivo para las empresas, que no ven «ningún aliciente» en sumarse a los concursos de acreedores. De hecho, con la ley actual el 96% de las empresas que enctran en concurso acaban liquidades al no tener «herramientas eficientes».

Sobre el nuevo texto ha destacado que presenta mejoras en cuanto al adelanto en la detección de la probable insolvencia, el fomento de las reestructuraciones, el mayor peso del contenido económico en la gestión de las insolvencias o que las competencias en concursos de personas físicas hayan vuelto a los juzgados de lo mercantil.

No obstante, para Robles sigue habiendo aspectos en la norma que habría que mejorar como el excesivo peso del papel del deudor en los procedimientos para microempresas que puede llevar a un «pequeño colapso», el «paso atrás» en los mecanismos de segunda oportunidad con una «sobreprotección» al crédito público, la desregulación de los profesionales de la insolvencia o la falta de un testeo eficaz que garantice el pleno funcionamiento del nuevo procedimiento electrónico.