España envía sus reformas a Bruselas: plan laboral de Calviño y sin control de alquileres

El Gobierno español ha remitido finalmente este viernes a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de la fecha ‘tentativa’ fijada por la Comisión Europea y con la documentación requerida por la Comisión Europea para acogerse al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que permitirá acceder a España a un total de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026, de los cuales 70.000 millones serán en forma de transferencias.

Para percibir estos recursos España tendrá que cumplir con los hitos y componentes recogidos en el plan, que contempla 110 inversiones y 102 reformas a desplegar hasta el año 2026 y tras haber sido consensuadas con Bruselas durante meses de negociación, aunque las principales referidas a la reforma laboral, de pensiones o fiscal han quedado abiertas para el diálogo social tras los atascos y complicaciones producidos en las negociaciones con patronal y sindicatos, tal y como publicó Economía Digital.

Además del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno ha remitido este viernes también a Bruselas el Programa de Estabilidad 2021-2024 con el nuevo cuadro macroeconómico y la nueva senda de déficit y el Plan Nacional de Reformas, en el que se constatan las reformas que pretende acometer el Ejecutivo y la forma en que han quedado tras el pulso interno en el seno del Gobierno de los últimos meses por ver si se imponían las reformas del ala socialista o de Unidas Podemos.

A tenor de lo recogido en el Plan Nacional de Reformas y el Plan de Recuperación finalmente se ha impuesto el ala socialista, liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, al priorizarse los cambios laborales que pedía Bruselas en los que ella coincidía y no incluirse el control a los precios de los alquileres que ha venido exigiendo Podemos.

Hoja de ruta laboral de Calviño

En materia laboral, en el Plan Nacional de Reformas el Ejecutivo refleja el compromiso del Gobierno español con las demandas para el mercado laboral realizadas desde antes de la pandemia por Bruselas, en línea con lo reclamado por Calviño, y también en buena medida con la postura de CEOE, frente a la exigencia de derogación de la reforma laboral de 2012 de los sindicatos y una combinación de ambos planteamientos de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Así, el Gobierno subraya en el documento remitido a Bruselas que «lo más urgente es asegurar la formación y empleabilidad de los colectivos más afectados por la pandemia, de cara a reducir el desempleo rápidamente (sobre todo juvenil) y eliminar los cuellos de botella para poder desplegar el Plan de Recuperación«.

Ello implica, según afirma, centrar los esfuerzos en el primer semestre en un Plan de choque contra el desempleo juvenil, la modernización de las políticas activas de empleo, la digitalización y modernización del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)y el establecimiento de un mecanismo transitorio de ERTE hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores».

En paralelo, se negociarían las reformas de mayor calado, avanzando con cinco elementos, como son la simplificación de contratos, un nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición siguiendo el modelo de los ERTE, la modernización de la negociación colectiva , la regulación de subcontratas y la revisión de bonificaciones. Estos últimos son precisamente algunos de los puntos que urgen los sindicatos y que rechazan frontalmente en CEOE.

Esta fue a grandes rasgos la hoja de ruta que ya consensuó la ministra Yolanda Díaz en su viaje a Bruselas la semana pasada en reuniones con los mandatarios europeos, si bien desde el Ministerio de Trabajo señalaron que validaron la hoja de ruta de la ministra que pasa por acometer los cambios en dos fases.

En cualquier caso, el Gobierno destaca en el documento que entre 2020 y principios 2021, ya se han abordado las reformas más urgentes en respuesta a la pandemia, como el mecanismo extraordinario de ERTE, la regulación del teletrabajo, igualdad de género o regulación de repartidores de plataformas digitales (riders).

En este contexto, señala a Bruselas que «cabe plantear una negociación para lograr un paquete equilibrado que permita contar cuanto antes con un nuevo marco laboral para encauzar un crecimiento rico en empleo de calidad, con mayor productividad y mayores salarios, on certidumbre y seguridad jurídica».

Por ello, indica que las diferentes mesas de trabajo irán avanzando en paralelo para lograr un acuerdo que sirva de base al nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI, adecuado a la realidad y necesidades actuales.

De esta forma, no se contemplan para el primer paquete de cambios algunos de los asuntos que trasladó la ministra Díaz en la reanudación del diálogo social para la modernización del mercado laboral, como la vuelta a la prevalencia del convenio sectorial, la limitación de las subcontratas o la recuperación de la ultraactividad de los convenios, algunos de los puntos que han generado más discrepancias y rechazo en CEOE.

En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo ya ha avanzado en algunas de las medidas laborales solicitadas por Bruselas, como las políticas activas de empleo, cuya modernización ha acordado con las CCAA, aunque todavía no con los agentes sociales, o la modernización del SEPE mediante el Plan de Avance y Transformación del SEPE, si bien los sindicatos denuncian que desde su puesta en marcha hace meses no se ha producido ninguna mejora.

De cualquier forma, el Ejecutivo deja claro que «con el fin de garantizar la estabilidad en el tiempo de las reformas, todos estos
elementos se tratarán en el marco del diálogo social», tal y como ha venido señalando en las últimas semanas.

Los cambios laborales: reducción a 3 tipos de contrato y consolidación de ERTE

De cualquier forma, os cambios laborales recogidos en el Plan de Recuperación, que figuran en el componente 23 referido a la reforma laboral y por el que se plantea reducir a tres los tipos de contratos laborales; uno “estable” para el conjunto de las actividades, otro “temporal” para las que tengan esa naturaleza y un tercero “de formación o prácticas” para la inserción, en particular, en el mercado laboral.

Se plantea la generalización del contrato estable y la causalidad y simplificación del temporal, con el fin de “promover la estabilidad en el empleo, asegurando que los contratos temporales responden a la naturaleza del trabajo y con un marco adecuado para la formación”.

Junto a ello, se prevé la creación de un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, tanto de carácter transitorio ante caídas de demanda significativas, como estructural
ante procesos de reconversión sectorial que exijan la adaptación de los trabajadores o la transición hacia otro tipo de trabajos o sectores.

A este respecto, el Gobierno señala en el documento que sobre la base de la experiencia del mecanismo de ERTE, aplicado con éxito durante la crisis de la Covid-19, se trata de disponer de “un instrumento permanente de ajuste interno de las empresas, alternativo a la alta temporalidad y al desempleo”.

La meta es que actúe como amortiguador de la extremada volatilidad del mercado de trabajo español y se oriente a la formación y recualificación de los trabajadores (reskilling y upskilling), asegurando de esta manera un marco macroeconómico más estable y aumentando el capital humano y, con ello, el crecimiento potencial.

Políticas activas de empleo, negociación colectiva y subcontratas

El proyecto del Plan de Recuperación también recoge varias de las propuestas realizadas por la vicepresidenta Yolanda Díaz, como la regulación de las subcontratas o abordar la mejora de la negociación colectiva, dos de las propuestas iniciales realizadas por la ministra de Trabajo en el arranque de la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral y que rechazan en CEOE.

Así, el paquete de reformas prevé la modernización de las políticas activas de empleo, así como la simplificación y racionalización de los incentivos a la contratación, de acuerdo con el análisis (spending review) de la autoridad fiscal independiente (AIReF).
Asimismo, ante la intensa digitalización en el ámbito productivo se acometerá una modernización del marco laboral y de los mecanismos de concertación laboral y de negociación colectiva. También ve preciso revisar la regulación de las subcontratas y lograr una adecuada articulación de las condiciones aplicables al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia (autónomos).

Otro de los principales elementos, tal y como había adelantado Calviño, pasa por la modernización y digitalización de la
gobernanza e instrumentos de información y gestión del Servicio Público de Empleo (SEPE), con el fin de mejorar su eficacia para el alineamiento de la oferta y demanda de trabajo en todo el territorio nacional.

Figuran también en la reforma laboral comprometida con Bruselas la regulación del trabajo a distancia, medidas para eliminar la brecha de género y la regulación del trabajo de los repartidores a domicilio (riders) por parte de las plataformas digitales, pendiente de aprobación definitiva. Otras medidas pasan por la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales, la simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo,

Con una inversión total estimada de 2.363 millones, el componente laboral incluye la estrategia de Empleo Joven, la adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva, nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad.

A ello se suma la gobernanza e impulso a las políticas de apoyo a la activación para el empleo, el Plan integral de impulso a la Economía Social para la generación de un tejido económico inclusivo y sostenible y el fomento del crecimiento inclusivo mediante la vinculación de las políticas de inclusión social al Ingreso Mínimo Vital.

Deja fuera el control de los alquileres pero implica al sector privado para bajar precios

En. otro de los puntos que más distensiones se han producido en el seno del Gobierno, el referido a la nueva Ley de Vivienda y la exigencia del control de los precios del alquiler, también parece haberse impuesto finalmente la postura de Calviño al quedar fuera de las reformas el tope a los precios reivindicado insistentemente por Unidas Podemos.

A través del “Plan de viviendas para el alquiler asequible” incluido en el componente sobre el Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, dotado con 6.820 millones de inversión, el Gobierno señala que se busca dar una solución estructural al problema de un parque de vivienda social.

De hecho, sobre la nueva Ley de Vivienda en la que trabaja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dirigido por José Luis Ábalos, en complicadas negociaciones con el departamento de Derechos Sociales y Agenda 2030, pilotado por Ione Belarra tras la marcha de Pablo Iglesias, se limita a apuntar que la norma «garantiza el derecho a una vivienda digna, también incorpora también cambios para la rehabilitación y mejora del parque de vivienda». Para ello, se incluye un programa de vivienda social para alquiler de 1.000 millones de euros.

Además, como novedad añade que se pretende » implicar al sector empresarial en el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precio limitado en aquellas localizaciones, con demanda acreditada, en las que el precio del alquiler se está incrementando con mayor intensidad y en las que exista suelo de titularidad pública sobre el que llevar a cabo dichas actuaciones a través de mecanismos público-privado».

También se podrá extender esta inversión a la movilización de suelo adicional en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para replicar el modelo en dichos niveles de la administración. Algunos de los suelos que se están estudiando son titularidad del Ministerio de Defensa o provienen de antiguos acuartelamientos que han quedado completamente integrados en entornos
urbanos, lo que asegura que implica una regeneración de la zona, que en algunos casos implica reestructuración o demolición parcial de cuarteles y cambio de usos.

Bruselas empieza a evaluar el plan para desembolsar 25.000 millones este año

La previsión es que España reciba 69.528 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido de los fondos europeos hasta el año 2023, y se vayan movilizando “progresivamente” los 70.000 millones de euros en créditos previstos en dichos fondos para financiar inversiones a partir del año 2022. La Comisión Europea permite solicitar los préstamos hasta julio de 2023 y a todo ello se sumarán los 38.000 millones que España recibirá hasta 2027 del marco financiero plurianual.

En concreto, se irán movilizando los créditos previstos en la asignación a España de ‘Next Generation EU’, para financiar principalmente instrumentos financieros de inversión a partir de 2022 y reforzar además la financiación de los programas de inversiones a partir de 2023.

Así las cosas, el primer desembolso a modo de anticipo de unos 9.000 millones podría llegar en torno al mes de julio, mientras que el segundo de alrededor de 16.000 millones se produciría a finales de año o, en función de los tiempos, ya en 2022, si bien el Gobierno ya ha asignado más de 2.000 millones de euros de los fondos europeos procedentes de los 27.000 millones de fondos europeos adelantados en los Presupuestos.

El Plan de Recuperación recoge en total 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas para el periodo 2021-2023, si bien no parten de cero sino de las líneas estratégicas seguidas desde 2018. Los casi 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2023 tendrán una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (39,12%) y digital (29%), en educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio.

Con este volumen de inversiones públicas se prevé movilizar 500.000 millones de inversión privada y reconducir el “déficit” inversor, duplicándolo hasta representar el 4% del PIB. En total el plan va a aportar un crecimiento adicional de en torno dos puntos porcentuales al año a partir de 2021, e impulsará a su vez un avance del crecimiento potencial del 2%, al tiempo que favorecerá la creación de más de 800.000 puestos de trabajo durante su periodo de ejecución.