España se enfrenta a Alemania en la cumbre europea para topar los precios del gas
El Gobierno español, con la vicepresidenta Teresa Ribera a la cabeza, ha planteado todas las potenciales medidas sobre el gas
Llegó el ‘día D’ para hablar sobre las medidas energéticas que deben proporcionar oxígeno a los miembros de la Unión Europea. La Comisión debate este jueves y viernes sobre el plan de choque para rebajar la factura de los costes energéticos que se han disparado desde la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso. Como no podía ser de otra manera dentro del ‘club económico’ menos unido del mundo, existe una gran discrepancia entre países como España y Alemania, que lideran los diversos frentes.
El tema central tiene que ver con los topes al precio del gas y su impacto en el ‘pool’. Así se refleja de las medidas previas que han propuesto para debatir en la reunión de estos próximos días. Una guía de debate que no cierra ningún punto y que, precisamente, avivará las discrepancias entre los distintos países.
El Gobierno español, con la vicepresidenta Teresa Ribera a la cabeza, ha planteado todas las potenciales medidas sobre el gas, cómo controlar su impacto directo e indirecto en el consumo; y, llegado el momento, en poner un tope a su precio -de manera unilateral si es necesario-. En este bando, y tras la intensa gira de Pedro Sánchez por diversos países europeos, ha conseguido que Portugal, Italia, e incluso Francia, sean favorables a estas medidas.
El problema es que después de días de intensa actividad negociadora, que han parecido semanas, ha surgido una serie de países discrepantes, los centroeuropeos y sobre todo Alemania, que no ven con buenos ojos que se intervengan los precios del gas. Al menos al estilo de lo que sugiere España. Tampoco es partidario de que se hagan compras conjuntas de gas, y ni mucho menos que haya subvenciones directas.
Ese es el marco inicial de diálogo en esta cumbre de la Comisión Europea de la que deben surgir las medidas concretas que podrá aplicar cada Estado miembro. Pero el bloque liderado por Alemania y Países Bajos -frugales y contribuyentes netos del presupuesto comunitario- defienden acelerar la transición energética para reducir la dependencia del gas ruso y a la vez se preguntan con preocupación quién tendrá que correr esta vez con la factura derivada de un eventual intervencionismo de los mercados, si es que sale adelante (algo que ponen en duda).
Las demandas de Alemania
Según la prensa alemana, la idea de Berlín no pasa por perder la dependencia de Rusia para tener que asumir otra dependencia: los países del sur de Europa. Por ese motivo, desde Alemania prefieren ir solos en las negociaciones para la compra de gas licuado (GNL). Sobre todo ahora que han entablado muy buenas relaciones con Qatar, y creen que podrán tener precios competitivos.
Y es que este es uno de los puntos de fricción con respecto a España. La idea de Teresa Ribera, que lleva meses trabajando en ella, es ejecutar ese tipo de compras de manera centralizada. Asumen que habría menos costes. Sin embargo, Alemania considera que puede gestionar nuevas plantas regasificadoras y comprar GNL más barato que a través de compras conjuntas.
El otro motivo que tiene Alemania para enfrentarse al concepto español es que topar los precios mayoristas no valdría para nada. Los teutones sostienen que en un mercado mundial no puede decir a los proveedores que el GNL tiene un precio fijo, porque estos cogerían los metaneros y se irían a otros puertos.
En cuanto a fijar los precios de entrada al ‘pool’, desde Alemania tampoco lo ven con buenos ojos. Aquí el problema es quién subvenciona el sobrecostes de fijar precios, puesto que las comercializadoras ofertarían a una cantidad que, aunque esté topada, alguien les debe compensar la diferencia. Y los germanos tienen miedo de que esa factura se pase a Europa por parte de los países del sur.
El propio debate interno
Junto al exterior, España ha tenido esta semana su propio debate interno. El Gobierno de Pedro Sánchez sigue maniobrando para atajar los problemas derivados del alto precio de la luz y los costes energéticos que ya se ha transformado en conflictividad social con la huelga del transporte. Para ello, tras diversas reuniones con líderes europeos, este martes se ha reunido con los principales dirigentes del sector energético. Aunque el gran problema derivado del gas -y su tope dentro del ‘pool’- parece que por el momento quedará sin resolver.
En este contexto, el Gobierno ha tendido la mano a las eléctricas, y según aseguran a ECONOMÍA DIGITAL en fuentes conocedoras de la situación, el Ejecutivo ha pedido su «colaboración para aumentar y acelerar la transformación energética». En este sentido, las eléctricas le han demostrado al presidente del Gobierno que no tienen beneficios caídos del cielo. Algo que por el contrario, aseguran dichas fuentes, las petroleras y las gasistas no han podido demostrar qué tipo de beneficio sacan de esta situación.
Por lo que respecta a esta reunión, que fue convocada de urgencia este lunes, han asistido el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marques, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz y el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Sobre la mesa, cómo abordar el impacto de los costes energéticos, aunque también con diferentes puntos de vista.
En cuanto a las conclusiones públicadas que ha hecho saber el Ejecutivo, lo único que ha dejado claro la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, es que durante la reunión no se ha hablado de cuestiones impositivas. Y es hace unos días la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, insinuó la posibilidad de crear un impuesto para las grandes eléctricas y que, de este modo, ayuden a sufragar los costes eléctricos de las familias y las empresas.
Por lo que respecta a la gran polémica del gas y el papel de las empresas, desde el Gobierno se quiere que las eléctricas sean aliados para la autosuficiencia energética y que impulsen la transición ecológica. Por eso, aseguran las fuentes consultadas por este medio, el Ejecutivo les ha pedido que aumenten el «fomento de redes y almacenamiento».