España desmonta el sueño de los gurús del bitcoin: «Es imposible invertir»
Los inversores del ecosistema bitcoin se dividen ante la regulación del país por las trabas que encuentran en las directrices de la CNMV
La aparición de las criptomonedas y su posterior auge no ha gustado a todos por igual. La posibilidad de que hubiese una moneda a espaldas de los bancos centrales, con una volatilidad máxima y principios especulativos, motivó que los reguladores financieros encendieran la alarma y advirtieran de sus peligros.
Sobre la mesa solo hay actualmente una declaración de intenciones, pero han sido suficientes como para que los inversores que querían sacar tajada de burbujas como la del bitcoin vean más problemas que soluciones en las actuaciones del regulador español.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el blanco de todas las iras. No gustó su ofensiva inicial en febrero ni su cambio de discurso dos meses después. En la primera ocasión siguió la línea de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) y emitió un comunicado conjunto con el Banco de España (BdE) en el que señalaba una menor protección y un mayor riesgo de fraude para aquellos que querían apostar por este nuevo fenómeno.
Ahora la postura ha cambiado, pero solo superficialmente. O al menos eso entienden algunas voces del sector. Explican que España sigue teniendo una visión muy conservadora al respecto. “Consideran legales las inversiones con criptomonedas pero existen todavía muchas barreras de entrada, por lo que prácticamente es imposible invertir”, cuenta un empresario español que quiere montar un fondo de criptomonedas.
Desde el sector critican que no tiene sentido vetar la inversión a particulares cuando cualquiera puede acceder a criptomonedas a través de casas de cambio
El mismo testimonio añade que lo terminará haciendo fuera de España, como Malta –la isla ha alcanzado una de las primeras posiciones en volumen de transacciones– o Gibraltar, donde existe una legislación más avanzada y flexible.
Sus motivos son diversos. El veto a particulares, uno de ellos, no tiene ningún sentido cuando la compra de criptomonedas a través de casas de cambio (exchange) –hay casi una decena popularizadas– está al acceso de cualquiera –hace un año la Universidad de Cabridge hablaba de casi tres millones de usuarios solo de bitcoin– sin ninguna normativa que lo prohíba.
Otros lo ven con perspectiva. «Es un warning en líneas generales, como viene sucediendo desde 2016″, comenta al respecto Pablo Viguera, director en España del neobanco Revolut, que también facilita las operaciones con criptomonedas. «La mayor preocupación que tiene la CNMV es dejar claro que las inversiones fuera de su marco regulatorio no están respaldas por el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain)», añade Viguera.
Más problemas
La liquidación del fondo es otro de los escollos. Lejos de poder dar libertad de entradas y de salidas a nuevos partícipes, las desinversiones deben producirse “de forma simultánea para todos”, tal y como explica el documento que la CNMV envió a principios de mayo.
Las ofertas iniciales con criptomonedas (ICO) cierran la lista de puntos polémicos. El organismo presidido por Sebastián Albella, que considera que estos mecanismos de captación de inversión están sujetas a la ley del mercado de valores, solo ha recibido la petición de supervisión de una empresa, Tutellus, que quiere obtener 40.000 ethers de financiación (2,4 millones de euros al cambio actual).
En cambio, otras firmas españolas han optado por lanzar sus ICO en otros países. Como prueba, la de Home Meal (Nostrum), que quiere captar 50 millones de euros. El grupo liderado por Quirze Solomó, que recibió un requerimiento de la CNMV nada más declarar sus intenciones, pensó en un primer momento en Suiza, aunque recientemente ha descartado dicha posibilidad.
Quizá operación más popular fue la de la start-up fintech Pay Pro. La empresa fundada por Pablo Ruiz y Gabriel Llambias optó por Gibraltar e intentó captar 450.000 euros sin éxito. ¿El motivo? Aparentemente un error informático hizo que se perdiera el dinero depositado por los inversores, motivo por el cual han recurrido a los tribunales para esclarecer quién tiene la responsabilidad.
