España culpa a Bruselas de los retrasos con los fondos europeos
Los ejecutivos que gestionan los Next Generation EU cuestionan la rigidez de la Unión Europea y las leyes españolas a la hora de otorgar con rapidez las ayudas continentales
Una imagen de la mesa de debate sobre la gestión de los fondos europeos por parte de España en el marco del XXVI Encuentro de Economía de S’Agaró. Fundació Olof Palme
Las carpetas se aglutinan en los despachos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) a la espera del oxígeno público, sectores como el automóvil se impacientan por la falta de información de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Pertes) y los sindicatos avisan de un cuello de botella en la gestión de los fondos europeos. A pesar de que la Unión Europea dio seis meses más de plazo para rescatar a empresas en problemas, desde el Ejecutivo señalan la rigidez de Bruselas para justificar los retrasos en el reparto del dinero.
En el marco del XXVI Encuentro de Economía de S’Agaró, la secretaria general de Fondos Europeos del Gobierno, Mercedes Caballero, destacó los esfuerzos de la administración para «evitar el cuello de botella» en las solicitudes de ayudas, algo que no evitó las quejas de los empresarios. «El Ejecutivo ha hecho esfuerzos para poner el foco en el post y no el ante, como muchas veces se quiere poner el control», destacó.
Sin embargo, una de los obsesiones de Bruselas en la gestión de los fondos Next Generation EU es el control del fraude. «Es una de las principales preocupaciones de la Unión Europea; incluso diría que hay un exceso de fijación por su parte», lamentó Albert Martínez, director general de Red.es, una entidad pública dependiente de la Secretaría de Estado de Digitalización.
Más concreta fue incluso la directora general de Fondos Europeos de la Generalitat, Mariona Sanz. La directiva culpó a los denominados países frugales (Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia) de la rigidez del Viejo Continente. «Es evidente que existía un recelo de los países del norte de Europa para ver como se gastan estos recursos los países del sur», criticó.
Históricamente España siempre tuvo problemas a la hora de gastar los distintos paquetes de fondos europeos que se diseñaron en los últimos años. Ya sea por la falta de proyectos verdaderamente innovadores o por el exceso de papeleo requerido, el país no gastó ni la mitad de los fondos disponibles durante el periodo 2014-2020.
«No podemos interpretar la ley, porque acabaríamos en el Tribunal de Cuentas», recuerdan desde Red.es
De hecho, fue el tercer país de la Unión Europea con menor absorción de ayudas (un 39%) hasta 2021. Solamente lo hicieron peor Italia y Croacia. Ahora, la duda se cierne sobre si la administración será capaz de atender en tiempo y forma a los requerimientos.
El Gobierno por ello trató de agilizar la gestión de los fondos con el Real Decreto 36/2020. El control debía saltar del antes al después de conceder las ayudas. Aunque bienvenida, no fue suficiente. «Quizás es el momento de pensar en cambiar algunas leyes», disparó el director general de Fedea, Ángel de la Fuente.
Así lo admitía también el director general de Red.es. «Si cambia la regulación, podremos hacer más cosas, pero no podemos interpretar la ley porque sino acabaremos ante el Tribunal de Cuentas», advirtió. «Con la ley de estabilidad y la crisis financiera de 2008, se impuso una rigidez del gasto que todavía persiste», recordó.
Las empresas tiran de las orejas al Gobierno
Las explicaciones no convencieron del todo a los empresarios. El presidente de Pimec –la patronal catalana de pymes–, Antoni Cañete, fue tajante: «Tenemos una administración preparada para no dar recursos». Además, volvió a expresar las dudas, recurrentes, de que los fondos europeos no lleguen a las pequeñas y medianas empresas.
El lamento se une al de muchas compañías que aguardan desde hace meses el rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Aquí, añaden un condicionante externo a la rigidez de Bruselas: la ayuda a Plus Ultra, que paralizó la concesión del organismo público por la polémica suscitada.
Las críticas a la gestión de los fondos europeos las completa el sector del automóvil, que desde hace meses advierte de la falta de información en todo lo relacionado al Perte del automóvil. «No sabemos nada de la letra pequeña; hasta que no se publique el texto no podemos empezar a trabajar», explican repetidamente. El Ministerio de Industria en cambio se comprometió a presentar el proyecto antes de finalizar el año 2021.
