España envía la adenda a Bruselas para canalizar 95.000 millones en fondos de recuperación
El Gobierno acelera el proceso para desplegar los fondos Next Generation EU y evitar posibles retrasos debido a elecciones anticipadas
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en una imagen de archivo. EFE/ Juan Carlos Hidalgo.
El Gobierno de España ha enviado a la Comisión Europea un proyecto de adenda al Plan de Recuperación, que marca el primer paso para canalizar casi 95.000 millones de euros en fondos del programa Next Generation EU hasta 2026. Esta adenda busca acelerar el despliegue de los fondos y evitar posibles retrasos debido a elecciones anticipadas.
El proyecto de adenda incluye más de 84.000 millones de euros en préstamos, 7.700 millones en transferencias a fondo perdido y 2.600 millones correspondientes al programa ‘RePowerEU’. Estos fondos se suman a los cerca de 70.000 millones de euros correspondientes al Plan de Recuperación, de los cuales España ya ha canalizado más de 37.000 millones.
Una vez remitido el proyecto de adenda, la Comisión Europea tiene un plazo de dos meses para aprobarlo, aunque este plazo puede ser prorrogado. Si se aprueba, el texto se enviará al Consejo de la Unión Europea, que deberá deliberar en un mes y tomar una decisión final sobre el proyecto.
Préstamos
En cuanto al contenido de la adenda, se establece que los préstamos se canalizarán a través de tres instrumentos financieros. El primero es un fondo destinado a las comunidades autónomas, que se utilizará para financiar proyectos públicos impulsados por los gobiernos regionales y para proporcionar financiamiento reembolsable al sector privado. Este fondo se enfoca en áreas como vivienda social y asequible, transporte sostenible, competitividad industrial y de las pymes, investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), turismo sostenible, economía de los cuidados, y gestión de aguas y residuos y transición energética.
El segundo instrumento se centra en el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que implementará dos líneas de financiamiento y dos fondos. La línea de mayor cuantía es la línea ‘verde’, que financiará inversiones en sostenibilidad medioambiental y crecimiento empresarial, con un total de hasta 22.500 millones de euros, de los cuales aproximadamente 1.000 millones se destinarán al sector turístico. La otra línea contempla 4.000 millones de euros para aumentar el parque de viviendas en alquiler social o asequible.
En cuanto a los fondos del ICO, se destinarán 4.000 millones de euros para financiar proyectos digitales innovadores con alto impacto en empresas emergentes que buscan expandirse, y 1.500 millones de euros para apoyar producciones realizadas por empresas del sector audiovisual en España.
El tercer instrumento consiste en un conjunto de 12 fondos destinados al tejido productivo y proyectos regionales, con un total de más de 14.000 millones de euros. Estos fondos se utilizarán para impulsar la flexibilización y estabilización del empleo, la recualificación de trabajadores en transición, el ingreso mínimo vital, los incentivos fiscales para fomentar la inversión verde en empresas y hogares, y la seguridad, defensa, aeronáutica, espacio y refuerzo de la ciberseguridad. Esta última área es la principal novedad de este instrumento.
Otros fondos se destinarán a un fondo de coinversión en empresas españolas con fondos soberanos e inversores institucionales, a reforzar la solvencia de las empresas, a otorgar avales a través de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), y a proyectos de impacto social y medioambiental.
PERTE
Los 18.000 millones restantes en préstamos se destinarán a reforzar los 12 Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). Estos proyectos también recibirán transferencias a fondo perdido por un total de 7.700 millones de euros, así como fondos adicionales del programa ‘RePowerEU’ por 2.600 millones de euros. Esto permitirá ampliar las inversiones y poner en marcha nuevos proyectos.
Además, el Gobierno se compromete en la adenda a llevar a cabo hasta 18 reformas específicas recomendadas por la Comisión Europea. Estas reformas se centrarán principalmente en áreas como la autonomía energética, agroalimentaria, industrial, tecnológica y digital. Entre las medidas propuestas se incluyen una reforma del mercado regulado de la electricidad y mecanismos de ajuste de casación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral.
