Escrivá prepara una reforma de las pensiones más próxima a CEOE para lograr el acuerdo

El pasado miércoles el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, anunció durante la presentación de los componentes de su departamento recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas un acuerdo «inminente» del diálogo social sobre la primera parte de la reforma de las pensiones.

Sin embargo, tras una negociación que permaneció durante un tiempo encallada, retrasando la presentación del Plan de Recuperación en la que se ha plasmado abierta a expensas del diálogo social, el posible primer acuerdo sobre la reforma de las pensiones se ha complicado en los últimos días desde la propuesta presentada por el Ministerio.

El último planteamiento no ha sido bien recibido en las patronales, que han afeado que no se haya trasladado la propuesta para el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos a las organizaciones del sector primero, además de oponerse a varias de las propuestas en materias de pensiones, según han señalado a Economía Digital en fuentes de CEOE.

En cualquier caso, el acuerdo que se alcanzaría recogería a priori en esta primera fase la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la derogación del factor de sostenibilidad (su entrada en vigor estaba suspendida hasta 2023) y la asunción definitiva por parte del Estado de los gastos impropios de la Seguridad Social, según señalan fuentes del diálogo social.

Modula su propuesta tras varias renuncias previas

El departamento de José Luis Esrivá está trabajando para intentar modular una vez más sus propuestas, toda vez de que para desencallar la negociación el ministro ha renunciado ya a varias propuestas iniciales, como a ajustar las pensiones de los jubilados en los años en los que bajase el IPC o variar los coeficientes reductores de las pensiones anticipadas.

Fuentes gubernamentales señalan a Economía Digital que Escrivá está estudiando propuestas más cercanas a las de la CEOE con el fin de intentar cerrar el primer acuerdo sobre las pensiones, a ser posible esta misma semana para poder aprobar ya los primeros cambios.

Desde el Ministerio de Seguridad social señalan que el diálogo social continúa, a pesar de que tras el choque con la última propuesta se ha cancelado la reunión de pensiones prevista para este lunes, sin fecha concreta para el próximo encuentro. En este sentido, en el departamento de Escrivá confían en un acuerdo «cercano» y más allá de las discrepancias recuerdan que hay un contacto permanente con los agentes sociales, por lo que podrían convocarse reuniones en cualquier momento.

Cabreo en CEOE: marca sus «líneas rojas»

En concreto, el último borrador del Ministerio de Seguridad Social recogía el nuevo sistema de cotización para autónomos con 13 tramos a desplegar en un periodo de nueve años y que, al final del mismo, contempla unas cuotas de entre 90 euros y 1.220 euros, endureciendo las cuotas sobre todo para aquellos con mayores rendimientos.

También se contempla en ese último borrador las propuestas para endurecer la jubilación anticipada, con unos coeficientes reductores más penalizadoras que los actuales aunque algo más suaves que en anteriores propuestas, así como la prohibición de la reforma fiscal

Desde la patronal aseguran a Economía Digital que se está «más alejado» del acuerdo que el pasado martes, antes del último borrador del Ministerio, y señalan que tendrán que corregir cosas para poder alcanzar un acuerdo, sobre todo en lo referido al nuevo sistema de cuotas.

Pero también marcan sus «líneas rojas» en materia de pensiones, en especial a los coeficientes reductores, al reclamar una menor penalización en las prejubilaciones de la que plantea el Gobierno, y rechazar la prohibición de la jubilación forzosa antes de los 68 años en los convenios colectivos que plantea Escrivá. «Con la propuesta actual no habrá acuerdo», advierten.

El presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, lamentó el “error” de la filtración de las tablas con los tramos de cotización por ingresos reales al no haberse “negociado ni comunicado” en ninguna mesa de diálogo social con las organizaciones de autónomos. 

Amor, que considera que se trata de un papel con el esbozo de la reforma que previsiblemente no prosperará  y acabará en la “trituradora”, ha mostrado su “no rotundo” a dicha propuesta “como vicepresidente de CEOE y como presidente de ATA”. A su juicio, es «inaceptable» que se proponga que en 2023 aquellos autónomos con unos rendimientos de 3.000 euros pague 2.400 euros a la Seguridad Social porque «no es cotizar por ingreso reales, es trabajar para la Seguridad Social», ni que en 2031 los que tengan un rendimiento neto 49.000 paguen 1.225 y uno que tenga 12.000 euros menos (37.000 euros), pague 600 euros, la mitad.

También el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, rechazó la propuesta al exigir que el nuevo sistema que aminore cuotas a los que ganen menos del Salario Mínimo se aplique desde ya y para el resto en tres años, en vez de la transición de 9 años prevista.

A los sindicatos tampoco le convence

A los sindicatos tampoco les convencen las medidas para alargar las carreras de cotización, ya que se se inclinan por profundizar en los incentivos más que en las penalizaciones. Desde CC.OO. y UGT reiteran la necesidad de priorizar la derogación de la reforma puesta en marcha en el 2013 por el Gobierno del PP.

Desde las centrales sindicales creen que no es factible poder alcanzar un acuerdo de forma inminente y reiteran su reivindicación de la garantía del poder adquisitivo, que sí ser recoge en el último borrador, y la eliminación del factor de sostenibilidad.

A ello se suma la fragilidad parlamentaria para el posible apoyo en el Congreso a este primer paquete de medidas en materia de pensiones, toda vez que desde formaciones como Unidas Podemos, partido miembro del Gobierno, y de otros partidos como Bildu se han lanzado críticas a las propuestas de Escrivá de endurecer las prejubilaciones.

El nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los aútónomos

Conforme a lo recogido en la propuesta del Ministerio, los autónomos que tengan unos rendimientos de 3.000 euros o inferiores tendrán que abonar una cuota de 200 euros al mes en el primer año de aplicación de la nueva cotización (2023), si bien la cifra será mayor en función de los rendimientos, de forma que alcanzará los 215 euros para los que tengan ingresos de entre 3.000 euros y 6.000 euros; la cuota será de 230 euros para los rendimientos de entre 6.000 y 9.000 euros, y de 245 euros para los que tengan unos ingresos de entre 9.000 y 12.600 euros.

Para el resto de tramos de rendimientos en el primer año del sistema se contemplan unas cuotas de 260 euros (ingresos anuales de 12.600 a 17.000 euros), 275 euros (de 17.000 euros a 22.000 euros), 290 euros (de 22.000 a 27.000 euros), 305 euros (de 27.000 a 32.000 euros), 320 euros (de 32.000 a 37.000 euros), 340 euros (de 37.000 a 42.000 euros), 360 euros (42.000 a 47.000 euros), 380 euros (47.000 a 48.841 euros) y de 400 euros para los autónomos con unos rendimientos que superen los 48.841 euros anuales.

Una vez que finalice el periodo de despliegue de la reforma de 9 años, ya en 2031, las cuotas correspondientes a cada uno de los trece tramos (con los consiguientes ajustes vinculados a la inflación) serán de 90 euros al mes para quienes ganen menos de 3.000 euros, de 120 euros para quienes ingresen de 3.000 a 6.000 euros netos al año, de 185 euros para quienes ganen entre 6.000 y 9.000 euros y de 235 euros para autónomos con rendimientos de entre 9.000 y 12.600 euros al año.

Para el resto de rendimientos se contempla una cuota de 275 euros (ingresos de entre 12.600 y 17.000 euros); 305 euros (de 17.000 a 22.000 euros); 425 euros (de 22.000 a 27.000 euros); 545 euros (de 27.000 a 32.000); 670 euros (de 32.000 a 37.000); 800 euros (de 37.000 a 42.000); y una cuota 935 euros (de 42.000 a 47.000).

Los rendimientos más altos pagarán, en consecuencia, las mayores cuotas, de 1.075 euros para autónomos que ganen entre 47.000 y 48.841, y de esa cantidad en adelante una cuota de 1.220 euros.

Penalización a jubilación anticipada y coto a la forzosa

Sobre los coeficientes reductores a la jubilación anticipada, los suaviza a entre un 2,8% y un 21%. En detalle, para aquellos trabajadores que tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, el adelanto de su jubilación 24 meses supondrá una reducción de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).

El coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes, pero ésta irá modulándose según se acerque a su edad de acceso a la jubilación y se situará en el 2,81% un año antes.

En lo referido a la jubilación forzosa, aquella que se recoge en los convenios colectivos y que obliga a los trabajadores a retirarse quieran o no, se acuerda la prohibición de las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. 

No obstante, para las cláusulas sobre jubilación forzosa que se hubieran incluido en los convenios colectivos al amparo de la legislación hasta ahora vigente podrán ser aplicadas mientras tales convenios mantengan su vigencia., se prevé un régimen transitorio conforme al cual solamente podrán tener eficacia hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.

Igualmente, se asegura la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, con una revisión de los efectos cada cinco años, se mejoran los incentivos para la prolongación de la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilaciónse contempla la cotización en la Seguridad Social de los becarios en distintas prácticas, la transferencia de otros 8.647 millones de gastos ‘impropios’ de la Seguridad Social al Estado.