Más cotizaciones: Escrivá castiga los salarios más altos para costear la reforma de las pensiones

Los socios del Gobierno de coalición alcanzan un acuerdo después de meses de negociaciones para llevar a cabo la segunda parte de la reforma de las pensiones, uno de los hitos comprometidos con la Unión Europea para acceder al cuarto desembolso de los fondos Next Generation.

El pacto llega después de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunciara el jueves en un evento de El Español que la reforma ya estaba hablada con la Comisión Europea y ha sido confirmado este viernes por la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en su cuenta de Twitter.

El siguiente paso es presentar la propuesta de real decreto-ley a los agentes sociales, patronal y sindicatos, este viernes en la mesa de diálogo social. Un texto que, según Belarra, garantiza «la sostenibilidad del sistema gracias al aumento de ingresos» y amplía «derechos a los y las pensionistas».

Un periodo de cómputo mixto: 25 o 29 años quitando los dos peores

Aunque el Ministerio de Seguridad Social no confirma oficialmente los detalles de la propuesta, el principal punto de fricción entre los socios del Gobierno de coalición y con los sindicatos se habría resuelto acordando un sistema mixto para calcular el periodo de cómputo. Este consistiría en poder elegir bien 25 años para el cálculo de la pensión (como hasta ahora) o 29 años eliminando los 24 meses con peores cotizaciones.

Dar la opción de alargar hasta los 27 años el periodo de cómputo tiene el objetivo de paliar la merma de la pensión de quienes tengan carreras laborales más volátiles y con peores condiciones al final de su vida laboral.

Por otra parte, el aumento de ingresos del sistema vendrá por la parte de incrementar las cotizaciones a la seguridad social, sobre todo las que pagan las empresas y los sueldos más altos, mediante un destope parcial de las bases máximas de cotización y un gravamen extra para las rentas más altas. Medidas que molestan especialmente a CEOE y a Cepyme y que, previsiblemente, no acordarán.

A pesar de este posible rechazo, la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones es algo comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación y existe consenso político y con los sindicatos para que se haga por la vía de las cotizaciones. Además, el tiempo apremia. La reforma debería haber visto la luz como tarde el 31 de diciembre de 2022 para cumplir con los plazos iniciales del Plan de Recuperación, aunque el retraso no supondrá, por el momento, ninguna sanción de la Comisión Europea, que prefiere una reforma completa a una rápida.