Escrivá plantea a Bruselas subir las cotizaciones a los salarios más altos
El Ministerio de Seguridad Social negocia "diversas fórmulas" para incrementar los ingresos del sistema público de pensiones
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una imagen de archivo durante un pleno del Senado. EFE / JuanJo Martín.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estudia «diversas fórmulas» a incluir en la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones con el objetivo de incrementar los ingresos, entre ellas, la de establecer un recargo adicional en la cotización de los salarios más altos.
Según han confirmado a Economía Digital fuentes del ministerio, esta es una de las medidas que están «siendo analizadas en el marco del diálogo social y en el diálogo parlamentario» para «reforzar los ingresos del sistema», pero por el momento no hay acuerdo a la vista. De hecho, tampoco hay convocatoria oficial para los próximos días de la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal.
Escrivá anunció el pasado jueves en RNE su voluntad de tener lista esta parte de la reforma de las pensiones en febrero y, según ha adelantado El País, el ministro planteó varias alternativas para incrementar los ingresos del sistema, entre ellas la de implantar un recargo en las cotizaciones de los sueldos más altos, en una reunión del pasado 26 de enero en Bruselas con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Lo cierto es que el tiempo para cerrar la reforma apremia, ya que la nueva legislación debería haberse aprobado antes del 31 de diciembre en cumplimiento de lo pactado con la Comisión Europea para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En concreto, se pactó la «adecuación de la base máxima de cotización del sistema» y una modificación de la pensión máxima para recibir los fondos.
Por el momento, ni agentes sociales ni grupos parlamentarios están de acuerdo en los términos de la reforma propuestos por Seguridad Social. Las patronales CEOE y Cepyme rechazan cualquier medida que incremente costes laborales por la subida de las bases de cotización, mientras que UGT y CCOO ven con buenos ojos estos incrementos y otras medidas de la reforma, pero no están de acuerdo con el aumento del periodo de cómputo de 25 a 30 años, eligiendo los 28 mejores.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, llegó a afirmar el 12 de enero que «el periodo de cálculo no está siendo negociado» en la mesa y el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, tampoco está de acuerdo con este aspecto, ni siquiera con la opción de que se escojan los 28 años mejores, porque creen que supondrá «un endurecimiento» del acceso a la pensión y un «recorte de derechos». Además, los sindicatos condicionan su visto bueno a la reforma a que el Gobierno tenga garantizados los apoyos en el Congreso.
Complicada sostenibilidad del sistema
El problema de fondo del sistema público de pensiones es que el gasto se ha disparado un 10,76% con el inicio de 2023, hasta los 11.902 millones de euros al mes, por la revalorización de las nóminas conforme al IPC (primera parte de la reforma) y por el inicio de las jubilaciones de la numerosa generación del baby boom, mientras que los ingresos previstos no son suficientes para garantizar la sostenibilidad.
Así lo estiman desde Fedea en un informe que alerta de que el gasto derivado de ligar la revalorización de las pensiones al IPC no se verá compensado por las dos principales medidas propuestas hasta ahora por el ministro en la segunda parte de la reforma: elevar el periodo de cálculo de la pensión a 30 años y destopar parcialmente las cotizaciones sociales. Entre las dos medidas suman en torno al 0,45% del PIB en 2050, frente al 3,5% al que asciende revalorizar las pensiones con el IPC, según cálculos del Gobierno.
